El PP ignora a Bolaños y aleja la renovación del TC ante el carrusel de elecciones autonómicas

La renovación del Tribunal Constitucional es un arma de doble filo para el Partido Popular. Intentar forzar la salida de Cándido Conde-Pumpido, uno de los cuatro magistrados cuyo mandato caduca el próximo 17 de diciembre y que corresponde elegir al Senado, es un escenario tentador para Feijóo. Pero implicaría escenificar un acercamiento con el PSOE al que —por ahora—, el PP no está dispuesto. La multitud de escándalos que salpican al Gobierno por corrupción y acoso sexual ya es suficiente motivo para mantener las distancias. Pero a ello se suma un largo carrusel electoral que plantea inconvenientes tanto políticos como técnicos para el acuerdo.

El PP barruntaba que el Gobierno trataría de retrasar esta renovación para mantener el máximo tiempo posible al presidente del TC. Pero fue este miércoles el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien abrió la caja de pandora e instó a negociar ya. En una réplica al secretario general del PP, Miguel Tellado, en el Congreso, pidió fijar "día y hora" para reunirse "esta semana o la siguiente" y le exigió no permanecer "cinco años y medio incumpliendo la Constitución", en alusión a los retrasos que acumuló el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero Génova hace caso omiso a la oferta del Gobierno. No hay contactos, y enfrían toda opción de que los vaya a haber al menos en el corto plazo. En la dirección del PP se escudan en que "no hay nada que hablar" con el Ejecutivo, ya que es una cuestión que compete al Senado en primera instancia y también a los parlamentos autonómicos. Según el artículo 184.7 del Reglamento de la Cámara Alta, y aunque no es obligatorio, cada asamblea legislativa debe proponer hasta dos candidatos para la renovación de los cuatro magistrados del órgano de garantías. La Comisión de Nombramientos del Senado eleva posteriormente al Pleno la propuesta definitiva.

En el entorno de Feijóo recuerdan que no es momento de hablar de renovación porque, para empezar, la Asamblea de Extremadura está disuelta por las elecciones que tendrán lugar el próximo 21 de diciembre, por lo que no podría hacer nombramientos. Si ese es el argumento para rechazar sentarse con el PSOE, el desbloqueo podría alargarse meses por el frenético calendario electoral. Lo previsible, de hecho, es que Jorge Azcón disuelva también las Cortes de Aragón el próximo lunes para ir a elecciones el 8 de febrero, a las que seguirán las de Castilla y León en marzo y las de Andalucía en junio.

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La sustitución de Conde-Pumpido y del resto de magistrados —María Luisa Balaguer por el bloque progresista y Ricardo Enríquez y José María Macías por el conservador— depende en última instancia del Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta pero no alcanza los tres quintos requeridos para renovar el Tribunal Constitucional de forma unilateral. El entendimiento con el PSOE, por tanto, es obligatorio. Pero Génova prefiere esperar.

Al margen de las complicaciones técnicas, a nadie se le escapa que un apretón de manos con Sánchez en su peor momento político y en la antesala de un ciclo electoral que culminará, antes o después, en elecciones generales, es una imagen que no beneficia al PP ante un Vox crecido y que utiliza los pactos con los socialistas dentro y fuera de España como gran ariete electoral. Los de Feijóo han desplegado, además, una campaña de desgaste total contra el PSOE para afianzar su previsible batacazo en Extremadura, que Génova sitúa como "el principio del fin del sanchismo".

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En Génova deslizan además que la oferta de Bolaños es un dardo envenenado, un intento de desviar el foco de un PSOE desbordado por los casos de acoso sexual y la interminable agenda pendiente con la Justicia. Por si fuera poco el encarcelamiento primero del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y ahora de José Luis Ábalos y Koldo García, este miércoles la Guardia Civil detuvo en Madrid a Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, junto al exvicepresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

El Gobierno mantiene la presión

Desde el Gobierno, por su parte, creen que Génova puede tener de nuevo la tentación de bloquear la actualización del Tribunal Constitucional, como hizo durante años con el Consejo General del Poder Judicial. Y agitan la tesis de que, incluso, el PP podría frenarlo totalmente con la expectativa de que haya pronto elecciones generales y Alberto Núñez Feijóo logre entrar en la Moncloa.

En el Ejecutivo rechazan de plano la teoría esgrimida por el PP de que las elecciones autonómicas impidan cumplir ya con la renovación. Recuerdan que, con la salvedad de la Asamblea de Extremadura, todos los parlamentos están en plenitud de funciones. "No es sólo que pueden, es que deben hacer las propuestas", señalan fuentes socialistas. En la Moncloa no ven impedimento para que las cámaras territoriales aprueben los nombramientos a lo largo de este mes y del siguiente.

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No obstante, fuentes de la Mesa del Senado aseguran que "no se han iniciado los trámites" para la apertura de plazo de la presentación de las candidaturas y apuntan a que "lo lógico" es que exista algún tipo de entendimiento previo entre los dos grandes partidos. Bolaños ya le advirtió en el hemiciclo a Tellado que la Constitución "nos obliga", pero en el PP se sacuden de presión. "No nos van a dar lecciones de incumplir la Constitución aquellos que llevan tres años sin presentar los Presupuestos", se defienden fuentes de la cúpula popular.

Tradicionalmente, PSOE y PP se han repartido la actualización del cupo del Senado con la propuesta de nombramiento de dos miembros del Constitucional para cada uno. Pero ahora, la comunicación entre los dos partidos es casi inexistente y las relaciones están totalmente rotas. Sin un mínimo acercamiento táctico, no será factible actualizar el TC.