No solo la corrupción: el Congreso tampoco da tregua a Sánchez y sentencia los Presupuestos
El Gobierno pierde de nuevo la votación de la senda de déficit, imprescindible para encarrilar las cuentas, aunque consigue luz verde a otros decretos sociales. La Moncloa cumple con Junts, pero la crisis con Puigdemont sigue abierta
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El último pleno del año en el Congreso brindó a Sánchez un buen marcador por la luz verde que recibieron varios decretos sociales. Pero no fue más que un pequeño respiro. Un espejismo que no oculta la realidad del bloqueo de la legislatura en otro día aciago para el Gobierno, dentro y fuera de un hemiciclo en el que ya no hay asiento para José Luis Ábalos, ahora entre rejas. Mientras la UCO registraba casi una veintena de empresas de peso tras el arresto de la 'fontanera' Leire Díez y el expresidente de la SEPI, vinculado a María Jesús Montero, la mayoría de la Cámara Baja frustró por segunda vez el intento del Ejecutivo de aprobar los Presupuestos.
La de la senda de déficit era la votación que tenía mayor coste político para el Gobierno. Pero nada se ha movido desde que el paso previo para encarrilar la aprobación de las cuentas se sometiera por primera vez al escrutinio parlamentario hace dos semanas, sin éxito. Los de Puigdemont han vuelto a votar en contra y a sentenciar toda esperanza de reconducir la relación. "Ni objetivos hoy, ni Presupuestos mañana", zanjó el portavoz de Junts, Josep Maria Cruset. Pedro Sánchez no presenció la nueva derrota presupuestaria, ya que solicitó previamente el voto telemático para poder ausentarse del pleno.
La ecuación fue la misma que el pasado 27 de noviembre. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, mientras que Podemos optó de nuevo por la abstención. Como espetó Oskar Matute, diputado de EH Bildu, "esto es una pérdida de tiempo". El Gobierno se desliza ya por el abismo de no conseguir aprobar Presupuestos Generales del Estado en toda una legislatura, un escenario inédito en democracia. Sánchez aguanta a duras penas, agotado política y judicialmente.
Tras un año trágico dentro y fuera del Congreso, multitud de minas han estallado casi a la vez en las últimas horas, casi en paralelo a la última sesión parlamentaria de 2025. La detención de Leire Díez y Vicente Fernández, excargo de confianza de la vicepresidenta primera del Gobierno, dio la puntilla a la marejada de problemas capitalizada en los últimos días por el cierre en falso del caso de acoso sexual de Paco Salazar y sus ramificaciones territoriales. La preocupación es ya el estado vital de la organización socialista y la paciencia comienza a estar al límite.
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María Jesús Montero subió a la tribuna de oradores para defender las nuevas cuentas del Ejecutivo, intentando permanecer ajena a la escalada de problemas en torno a su figura tras la detención del expresidente de la SEPI, del que aseguró minutos antes, en los pasillos del Congreso, que no tenía "contacto alguno con este señor" desde que fue apartado en 2019, cuando fue imputado por el caso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). La vicepresidenta primera se sacudió de presión, comprometió "total colaboración con la Justicia" y manifestó "dolor" por el hecho de que "personas de nuestra confianza puedan estar implicados en alguna trama corrupta".
El ruido exterior, sin embargo, no marcó el debate presupuestario. Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios se centraron en lo económico, sin obviar algún que otro reproche por los compromisos incumplidos del Ejecutivo, como fue el caso de Podemos y, por supuesto, Junts. Su voto en contra implica una nueva confirmación de la ruptura con el Gobierno, a pesar de los gestos de Sánchez para revertir la situación. Recientemente, el presidente dio el paso de asumir de manera pública los incumplimientos con Carles Puigdemont y el Ejecutivo intenta ahora aprobar temas pendientes. Pero la crisis sigue sin resolverse.
La Moncloa confía en que la paralización de la actividad legislativa en las próximas semanas ayude a resolver el enfriamiento de las relaciones con los posconvergentes. Aunque son conscientes de que las posibilidades de contar con unos nuevos Presupuestos son ínfimas, la decisión política es aprobarlos, para su ratificación en la Cámara, en el primer trimestre del año.
El momento exacto se acompasará con la evolución de las conversaciones con Junts y el posible regreso a España de Puigdemont, para lograr atraer su apoyo. Pero este esquema también está ahora en cuestión por los continuos escándalos que golpean al Gobierno, que han extendido el desánimo en el PSOE y que siembran muchas dudas sobre la viabilidad de la legislatura.
Apoyo transversal a proyectos sociales
Con todo, el Gobierno sí consiguió tomar algo de oxígeno en el cierre de curso en el Congreso al acelerar iniciativas de corte social y trasnversal, a las que prácticamente ningún grupo se opone. En concreto, la Cámara Baja dio luz verde a dos leyes y tres decretos-leyes, y el Ejecutivo sacó con holgada mayoría cuestiones como un nuevo paquete de ayudas a las personas afectadas por el volcán de La Palma en 2021, o el decreto para subir el sueldo a empleados públicos del 2,5% para 2025 y un 1,5% en 2026, dos asuntos en los que coincidía el PP.
También ha salido adelante con la mayoría de investidura otro decreto que implica el enésimo guiño del Gobierno a Junts para permitir el uso del superávit de otros ejercicios a ayuntamientos y que contempla retrasar un año el sistema 'Verifactu' para la verificación de facturas para empresas, que reclamaban los posconvergentes.
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Este jueves se ha producido también la aprobación definitiva de la ley de servicios y atención a la clientela al tumbar el bloque de investidura las enmiendas aprobadas por el PP en el Senado para limitar las cesiones lingüísticas exigidas por Junts para que las grandes empresas operen con sus clientes en lenguas cooficiales. Por último, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales, ha superado su primer examen parlamentario al sortear las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV, con la abstención de PP y Vox.
El último pleno del año en el Congreso brindó a Sánchez un buen marcador por la luz verde que recibieron varios decretos sociales. Pero no fue más que un pequeño respiro. Un espejismo que no oculta la realidad del bloqueo de la legislatura en otro día aciago para el Gobierno, dentro y fuera de un hemiciclo en el que ya no hay asiento para José Luis Ábalos, ahora entre rejas. Mientras la UCO registraba casi una veintena de empresas de peso tras el arresto de la 'fontanera' Leire Díez y el expresidente de la SEPI, vinculado a María Jesús Montero, la mayoría de la Cámara Baja frustró por segunda vez el intento del Ejecutivo de aprobar los Presupuestos.