La UDEF arresta al CEO y al dueño de Plus Ultra, investigada por blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves al CEO y al dueño de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli y Julio Martínez, respectivamente, según han confirmado a El Confidencial fuentes de la investigación. Desde primera hora, las autoridades registran la sede de la aerolínea Plus Ultra. Estas mismas fuentes han informado que se trata de una investigación a la empresa relacionada con un presunto delito de blanqueo de capitales.

Los trabajos corren a cargo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), los expertos en la investigación de delitos relacionados con la corrupción. Fuentes jurídicas añaden que las pesquisas están siendo coordinadas por un juzgado madrileño y la Fiscalía Anticorrupción.

Esta aerolínea fue rescatada con una ayuda pública de 53 millones concedida en 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, vehículo gestionado por la SEPI y creado por el Gobierno en 2020 con el objetivo de proporcionar apoyo público temporal a empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional que se vieron afectadas por la pandemia de covid-19.

La operación de rescate generó una fuerte polémica por la dimensión de la compañía, la opacidad del proceso y las dudas sobre su viabilidad, lo que llevó a periodistas y entidades a solicitar el expediente completo. SEPI lo denegó invocando confidencialidad, lo que originó un litigio

Plus Ultra fue noticia la semana pasada por razones diferentes. El Gobierno de Maduro suspendió la actividad de dos aerolíneas españolas: Air Europa y Plus Ultra. De esta forma, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha cancelado, desde el 1 de diciembre, a Air Europa toda actividad aerocomercial, así como Plus Ultra ha confirmado este martes que el Gobierno venezolano también bloqueó toda su actividad en el país, después de que la compañía cancelara temporalmente sus vuelos a Caracas.

Operación abierta

Según aseguran fuentes del caso a El Confidencial, la operación sigue abierta y no se descartan que lleven a cabo más diligencias. Está a cargo el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid con en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la causa se instruye bajo secreto. Se da la circunstancia de que el mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.

La jueza Esperanza Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados "carecían de capacidad de decisión", después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían "agotado el plazo de 12 meses previsto" para el desarrollo de las pesquisas.

"Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra", explicó la magistrada en su resolución.