Mónica García admite en un informe que ya el 30% de hospitales públicos dependen de la privada

Mónica García saca una de sus cartas predilectas en plena huelga histórica de la profesión médica contra la reforma del estatuto marco que propone su Ministerio. La ministra de Sanidad ha presentado los datos de su informe sobre la evaluación de la sanidad privada en el sistema sanitario de España (SNS) y ha esgrimido que hay que acabar con la dependencia que la sanidad pública tiene respecto a la sanidad privada. Mónica García no es consciente de que en su propio argumento se encuentra una de las reivindicaciones históricas del sector: que son "necesarios" para el funcionamiento de la sanidad pública ante la creciente demanda de asistencia sanitaria.

A través de su informe, García emula los informes que desde la sanidad privada llevan años realizándose para, precisamente, reivindicar su labor como actores necesarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa a los principales grupos hospitalarios privados y aseguradoras del sector, lleva años financiando informes como el RESA para poner en valor el funcionamiento de una sanidad privada que tiende a ser demonizada por sectores de izquierda.

Las conclusiones del informe del Ministerio de Sanidad no están alejadas de las que estos mismos informes efectuados en la sanidad privada. Según sus conclusiones, el número de hospitales privados integrados en el SNS ha aumentado un 36,8% en la última década, "lo que significa que actualmente el 30,7% de todos los hospitales del SNS tienen dependencia funcional privada".

El informe también apunta que la proporción de camas operativas que pertenece a los centros privados dentro del SNS ha pasado del 13,7 % en 2011 al 17,8 % en 2023 y la proporción de quirófanos que pertenece a estos centros ha crecido del 8% al 10,7%. El documento reconoce que este fenómeno se concentra de manera particular en Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra, ambas bajo Gobiernos del PSOE. "La red privada representa una parte sustancial de la infraestructura asistencial" de estos territorios.

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El informe también recoge la evolución del aseguramiento privado, que en los últimos años ha incorporado un alto número de usuarios. En 2024, el 32,6 % de la población española disponía de un seguro médico privado, frente al 17,2 % en 2018, lo que representa un incremento casi el doble. Como apunta Sanidad, este aumento ha sido especialmente significativo en comunidades como Extremadura (+296,4 %), Ceuta (270,8 %), Cantabria (247,8 %) y la Comunidad Valenciana (234,8 %).

Pese a que la voluntad de Mónica García era alertar sobre el peligro de la privatización de la sanidad, lo cierto es que este informe ha sido aplaudido en el sector de la privada porque certifica lo que llevan años reivindicando. "La verdad es que como empresario del sector nunca me pude imaginar que un gobierno de izquierdas nos iba a hacer tal ejercicio de propaganda…. Involuntaria supongo", afirma el presidente de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón.

El también líder de IDIS explica que los "datos del Ministerio desmontan el mito: la privada es imprescindible para el sistema público. El Ministerio de Sanidad acaba de publicar un informe en el que explica el crecimiento del sector sanitario privado dentro de la red sanitaria pública en los últimos años".

"Cada vez somos más imprescindibles por la incapacidad del SNS de gestionarse de forma productiva y eficiente. El seguro sanitario sigue creciendo porque, a pesar de los conciertos, el SNS es incapaz de absorber la demanda de la población y tiene 6 millones de personas en listas de espera. Y porque da una magnífica calidad asistencial tal y como refrendan todos los informes y encuestas del sector", ha subrayado en su cuenta de Linkedin.

En el sector consideran que García ha aprovechado la coyuntura política, marcada por la huelga médica y el escándalo de los audios del CEO de Ribera Salud publicados por El País, para intentar dar otra estocada a la sanidad privada. Los audios en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, donde propone "desandar" las mejoras conseguidas en listas de espera en el Hospital de Torrejón, cuya gestión fue cedida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a este grupo, han generado un notable enfado en gran parte del sector, ya que contribuye a estigmatizar a la sanidad privada.

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El CEO de HM Hospitales considera que si por esta cuestión el Ministerio de Sanidad, que no llega a financiar los medicamentos innovadores ni la alta tecnología sanitaria, empieza a destinar dinero para construir infraestructuras sanitarias para no depender de la privada el resultado va a ser el contrario del buscado: mayor incremento de los seguros de salud privado ante la "ineficiencia" existente en la pública. Del mismo modo, Abarca ha pedido que la misma auditoría que se propone para los centros concertados se lleve a capo en los hospitales con gestión total pública.

La contradicción de Muface

El mismo Gobierno que critica la privatización de la sanidad dotó el último concierto sanitario de Muface con 4.800 millones de euros para 2025-2027. Este concierto, que lleva la firma del Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López, dota de sanidad a los funcionarios, que pueden elegir entre la Seguridad Social y un proveedor sanitario privado (Adeslas o Asisa). Del más de millón de funcionarios adscritos a Muface, el 65% es usuario de la sanidad privada, un gasto pagado por el erario público. En concreto, son 723.251 los funcionarios que eligen la sanidad privada frente a los 417.928 que eligen la Seguridad Social.