Apagón eléctrico, viajes de altos cargos de Ábalos y asesores: el Gobierno elude a Transparencia

El Gobierno sigue chocando contra el Consejo de Transparencia. Las solicitudes de información se acumulan por centenares a las puertas de Moncloa, mientras Sánchez anuncia una nueva web de Transparencia que, en realidad, ya fue anunciada por el Ejecutivo en 2022. Entre los asuntos que el Gobierno esquiva se encuentra el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, el nombre de los asesores que trabajan para el presidente y sus ministros (más de 900) o los viajes de los altos cargos del equipo de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.

El Ejecutivo ha encontrado la técnica para evitar dar la información que los ciudadanos solicitan pese a contar con el respaldo del organismo público. Su estrategia consiste en ignorar las resoluciones de Transparencia que instan en numerosas ocasiones al Gobierno a responder a las preguntas que se les efectúa. Esto deja como única opción a los solicitantes de información acudir a los tribunales e iniciar un recurso contencioso-administrativo. Un paso que la gran mayoría no da.

En la última remesa de solicitudes de información que el Gobierno ha rechazado contestar se encuentra la de un ciudadano que solicita los informes en poder del presidente del Gobierno facilitados por Redeia tras suceder el apagón en virtud de los cuales Pedro Sánchez informó a la ciudadanía. También pedía la documentación que analizase la actuación de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, nombrada por el Ejecutivo y que conserva su cargo pese al apagón con un sueldo anual de 546.000 euros.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno despachó el asunto argumentando que estos informes extralimitan el ámbito de lo que permite conocer la ley de transparencia. Una explicación que el Consejo de Transparencia no ha compartido: "Tal argumentación no constituye, sin embargo, una justificación suficiente que permita inadmitir la solicitud de acceso en su totalidad".

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Asesores de María Jesús Montero

Entre las solicitudes de información más frecuentes se encuentran aquellas que piden identificar con nombres y apellidos a los asesores que trabajan para el Gobierno. Desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, esta cifra no ha parado de crecer, cifrándose ya en 948 el número de personas elegidas a dedo como personal eventual.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa afeó en su último informe que el Gobierno de Sánchez siguiera sin equiparar las obligaciones de transparencia de altos cargos y asesores. No solo se desconoce su nombre, también su remuneración.

En los últimos meses, se han solicitado el número y nombre de asesores de múltiples ministerios, entre ellos el del Ministerio de Hacienda. La explicación dada por el equipo de María Jesús Montero es que compartir esta información podría afectar a la "seguridad" de este personal elegido a dedo: "En el curso de dicho trámite, trece de las personas afectadas se han opuesto a la publicidad de sus datos, argumentando que podría afectar a su vida personal, a la protección de los datos del entorno familiar y a su intimidad y seguridad, ya que los datos personales relativos a la identificación de la persona afectada pueden terminar siendo publicados en los medios de comunicación".

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Una vez más, el Consejo de Transparencia lleva la contraria al Gobierno, y pone sobre la mesa una sentencia del Tribunal Supremo que expone que los únicos "datos que pueden ser excluidos de información pública por afectar a protección de datos personales", entre los que se encuentran "la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos, biométricos o sobre la comisión de infracciones penales o administrativas". Nada de esto tiene que ver con facilitar el nombre de los asesores.

Viajes de los altos cargos de Ábalos

Otro de los casos llamativos de los últimos meses es la solicitud de un ciudadano sobre el número de viajes oficiales que efectuó quien fuera jefe de gabinete de José Luis Ábalos, Ricardo Mar. Este asesor, que hoy trabaja en Paradores junto a la exministra de Transportes Raquel Sánchez, acompañó a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama a México. Koldo se refiere a él como "Ricardito" en numerosas conversaciones incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En esta misma solicitud se pedían los importes emitidos por Paradores al Ministerio de Transportes en el parador de Sigüenza entre abril y junio de 2021.

En este caso, el Ministerio de Óscar Puente se agarra a que supondría tal cantidad de trabajo recopilar esta información que paralizaría el trabajo de los funcionarios dedicados a dicha área: "Esta acción no solo supondría una reelaboración de la información existente para generar un informe ad- hoc, sino que, además, para poder ser atendida requeriría un tratamiento que obligaría a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado".

Transparencia responde que "no puede considerarse que requiera un esfuerzo desproporcionado localizar las facturas emitidas por un único proveedor durante un período acotado a tres meses". Y así, la guerra entre el Gobierno y Transparencia sigue su curso mientras Sánchez anuncia que mejorará la página web de la entidad y promociona un nuevo Plan de Gobierno Abierto.