A Azcón se le pone cara de Guardiola, a Sánchez de alcahuete y a Vox de antisistema
Todos los líderes políticos aprovechan el día de la Constitución para marcar posición ante el nuevo ciclo electoral: feminismo, sanidad, corrupción, seguridad y vivienda. Feijóo exige elecciones y Sánchez se instala en el triunfalismo
La clase política, mezclada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. (EP/Eduardo Parra)
La Constitución de 1978 está a punto de cumplir un hito histórico: en los próximos meses pasará a ser la más longeva de la Historia de España, dado que superará a la que se promulgó un siglo antes, en 1876, que casualmente nació en otro proceso de restauración monárquica. Esta gran efeméride contrasta con otra circunstancia temporal más cortoplacista: el Día de la Constitución se ha celebrado durante los primeros compases de la campaña de unas elecciones autonómicas, las extremeñas, que dan comienzo a un nuevo ciclo electoral en España. Entre la solemnidad del primer hito —47 años— y la inmediatez del segundo —15 días— ha celebrado la clase política española un 6 de diciembre cargado de estrategia política y ataques de salón.
A primera hora de la mañana, el protagonista más buscado era el presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), porque en su mano está la decisión de sumar una comunidad más al ciclo electoral que comienza el 21D en Extremadura y seguirá previsiblemente en marzo en Castilla y León y en junio en Andalucía. Y no defraudó Azcón, que la semana que viene convocará "a todos los partidos" para tratar de aprobar unos Presupuestos que Vox, de momento, no se aviene a respaldar. De no conseguir apoyos, como todo apunta, la convocatoria electoral puede precipitarse al mes de febrero.
Eso sí, en el Gobierno de Aragón tampoco descartan que Vox decida finalmente apoyarles para ganar un argumento frente a María Guardiola. Según esta hipótesis, sería ella la única presidenta del PP que no es capaz de llegar a acuerdos con la formación de Santiago Abascal. Como recordó la portavoz de Vox, Pepa Millán, esto no sucede ni en la Comunidad Valenciana, ni en Baleares ni en la Región de Murcia. Antes de Navidad se resolverá la incógnita, pero, como ha explicado El Confidencial, los barones del PP tienen claro que hay que permanecer firmes ante el órdago de Vox.
Una buena forma de medir el Día de la Constitución es a través de las presencias y de las ausencias. Y es en este aspecto formal en el que Vox se desdibuja pues juega a la vez a estar y no estar, en una especie de juego de presente/ausente joseantoniano: sus diputados no participan del izado de la bandera de España en la plaza de las Cortes, ni van al discurso institucional de la presidenta de la Cámara Baja, pero su portavoz sí da una rueda de prensa en el patio.
No sólo eso, sino que Millán fue la primera en atender a la prensa, como si tuviera prisa por irse para evitar que su presencia avalara un acto al que Vox renuncia y que a su vez entrega a ese bipartidismo al que culpa de todos los males de la sociedad española. Eso sí, sin renunciar al altavoz que propicia la solemnidad del acto. Se trata, explicó Millán, de "no fingir normalidad institucional", pero a la vez se situó en los márgenes del sistema, como los partidos nacionalistas e independentistas, que este año tampoco acudieron a los actos de homenaje a la Constitución: ni ERC, ni Bildu, ni Junts, ni el PNV. Con el agravante de que todos ellos son socios de investidura de este Gobierno. Son muchas las paradojas de esta legislatura.
La espantada de Millán se produjo aún antes de las llegadas de los más significados líderes nacionales, que también estuvieron cargadas de simbolismo y de contrastes. El presidente del PP llegó al Congreso desde arriba, la calle Cedaceros, donde fue recibido por los presidentes autonómicos del PP, sus portavoces del Congreso y del Senado y varios dirigentes del partido. Incluso tuvo tiempo de saludar a algunos de los ciudadanos que se acercaron hasta donde el cordón de seguridad se lo permitió. Un pequeño baño de multitudes callejero y orgánico.
Es más, el presidente del PP compareció en el patio donde minutos antes lo había hecho Millán, y lo hizo bien acompañado de sus más destacados subordinados, tratando de lucir unidad: Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Jorge Azcón, Fernando López Miras y el nuevo, Juanfran Pérez Llorca, que debutó con buenas palabras y tratando con éxito de burlar cualquier protagonismo. "Se hace el tonto muy bien", dicen quienes más le conocen, pero esta vez no le hizo falta, porque las preguntas respecto a las últimas revelaciones sobre la actuación de Carlos Mazón y su jefe de Gabinete en la jornada más trágica de la Dana las tuvo que responder Feijóo: "Estoy convencido de que el señor Mazón nos ha dicho aquello que considera que es verdad y yo no tengo nada más que añadir", dijo anhelando pasar página de un caso que políticamente ha sido resuelto con el relevo en la Presidencia de la Generalitat, pero que judicial y mediáticamente seguirá dando dolores de cabeza al PP. Debe asumirlo el PP si quiere reducir el desgaste, porque las preguntas ya no van a Pérez Llorca, sino a Feijóo, y este sábado ha quedado demostrado.
El caso Salazar
Y donde el PP exhibe unidad, el presidente del Gobierno muestra aislamiento: llegó hasta el Congreso por abajo, la puerta lateral de la calle Fernanflor, y compareció en el patio solo y sin admitir preguntas ante las cámaras. Dijo que lo haría dentro, en los corrillos, y lo hizo, pero sin dejar testimonio audiovisual. Feijóo le acababa de acusar de "tapar" el caso Salazar, una prueba de la "hipocresía del Gobierno" con el feminismo, y Sánchez tenía el mensaje preparado.
Dijo que asumía la responsabilidad, pero volvió a negar que hubiera tenido conocimiento de los comportamientos de su subordinado, por lo que encapsuló el caso en un "error en la velocidad" de reacción del partido ante las distintas denuncias. Y lo más importante, ante las sospechas de que en el partido actuaron como alachuetes dedicados a encubrir comportamientos ilícitos, Sánchez rechazó toda voluntad de "encubirle". Aún así, se negó a trasladar los hechos a la Fiscalía amparándose en que trata de proteger a las víctimas.
Tampoco la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ni el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, hicieron referencia alguna al caso Salazar, como si el feminismo no fuera una de las banderas de sus programas electorales. La formación fundada en 2014 por Pablo Iglesias también jugó con las presencias y las ausencias: ni Ione Belarra ni Irene Montero acudieron al Congreso (estaban de campaña en Extremadura), pero el diputado presente aprovechó el micrófono del patio para arremeter contra la Constitución y vincular el actual modelo democrático con el franquismo.
Como Feijóo, la vicepresidenta Díaz compareció acompañada de sus ministros —Ernest Urtasun, Pablo Bustinduy y Mónica García— para marcar perfil institucional, muy útil en estos tiempos en los que Sumar se discute sobre qué partidos concurrirán unidos al ciclo electoral que ya ha comenzado. Tan es así, que la también ministra de Trabajo aprovechó su comparecencia para lanzar dos pulsos al PSOE, que a pesar de todo sigue siendo su socio en la coalición de Gobierno.
El primero, en materia de vivienda, pues Díaz explicó que llevará la prórroga de alquileres a la comisión económica previa al Consejo de Ministros; y el segundo, en materia de seguridad, pues no apoyará la iniciativa de Junts que elevará las penas a los delincuentes multirreincidentes, que los socialistas sí apoyarán en un nuevo intento de seducir a los independentistas de Carles Puigdemont. Un asunto, éste último, del que la portavoz de Vox quiso sacar partido con razón, dando la bienvenida al Gobierno, al que acusó de "negacionista" frente al incremento de inseguridad en las calles.
El último gran asunto que atravesó el Día de la Constitución fue la sanidad pública, tema que la izquierda quiere llevar a primera página a toda costa, ya sea en Madrid con el caso del Hospital de Torrejón o en Andalucía con la crisis de los cribados, y a pesar de la huelga de médicos que pesa sobre la gestión de la ministra de Sanidad. Precisamente, Mónica García hizo uso del micrófono del patio para elevar el caso de Torrejón a categoría y atribuirlo "al modelo del PP", que según ella prioriza el beneficio económico sobre la atención de los ciudadanos. Un mensaje muy similar al del presidente del Gobierno. Previamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compareció con un cuaderno para encapsular el caso de Torrejón, negar que haya habido mala praxis, defender a los profesionales de ese centro hospitalario y arremeter contra el presidente del Gobierno por "poner en tela de juicio" la sanidad madrileña.
De modo que el feminismo, la sanidad, la corrupción, la seguridad y la vivienda se presentan como temas principales del debate político para los próximos meses, siempre sobre la base de un Pedro Sánchez que considera que España vive "uno de los mejores momentos de la Democracia" y un Feijóo que insiste en reclamar elecciones y que le acusa de jugar "a todo" con tal de permanecer en La Moncloa.
A diferencia del día a día parlamentario, la solemnidad de la fecha elevó el comportamiento de los dirigentes políticos, pues todos ellos hicieron referencias laudatorias —salvo Podemos y Vox— a la Constitución. No obstante, la moqueta no evitó que todos los dirigentes políticos aprovecharan la ocasión para lanzar sus consignas, en una jornada que permitió visualizar por dónde irán las estrategias de cada uno de los partidos políticos en este ciclo electoral recién inaugurado y que coincidirá con un momento histórico de la política española: al hito de la longevidad de la Constitución Española hay que sumar otro: es la primera aprobada por consenso.
La Constitución de 1978 está a punto de cumplir un hito histórico: en los próximos meses pasará a ser la más longeva de la Historia de España, dado que superará a la que se promulgó un siglo antes, en 1876, que casualmente nació en otro proceso de restauración monárquica. Esta gran efeméride contrasta con otra circunstancia temporal más cortoplacista: el Día de la Constitución se ha celebrado durante los primeros compases de la campaña de unas elecciones autonómicas, las extremeñas, que dan comienzo a un nuevo ciclo electoral en España. Entre la solemnidad del primer hito —47 años— y la inmediatez del segundo —15 días— ha celebrado la clase política española un 6 de diciembre cargado de estrategia política y ataques de salón.