La corrupción y Junts entierran el 'plan Sánchez' de controlar a los medios: 11 leyes paralizadas

Atrás quedaron los días en que Pedro Sánchez disertaba desde la tribuna del Congreso de los Diputados sobre los "bulos", el "fango", la "desinformación" y la necesidad de poner en marcha el 'Plan de Acción por la Democracia' que limpiaría, al fin, los medios de comunicación críticos. El avance de las investigaciones sobre la corrupción que afecta a los colaboradores más cercanos al presidente del Gobierno y el portazo de Junts han sepultado el grueso de reformas legales al que aspiraba Sánchez: hasta once leyes de este ámbito permanecen paradas, la mayoría bloqueadas en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas se encuentra el proyecto de Ley para la Mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, la iniciativa con la que Sánchez buscaba poner coto a la actividad de la prensa crítica aprovechando la trasposición de una directiva europea. Entre las medidas que incluía se encuentra la aprobación de un registro de medios, la obligatoriedad de los mismos de hacer públicos sus inversores y el establecimiento de un régimen sancionador en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Ejecutivo de Sánchez ya había reservado un presupuesto cercano al medio millón de euros (418.339 €) para la puesta en marcha de la Dirección de Servicios Digitales y la Dirección de Medios de Comunicación, los entes de control de medios y redes sociales diseñados por el Gobierno en el marco de la CNMC. Pese a que el Consejo de Ministros aprobó esta ley este verano, el proyecto se encuentra bloqueado en el Congreso de los Diputados, donde no se ha puesto sobre la mesa todavía para pasar el primer trámite.

La salida de Junts del bloque de legislatura impide a Sánchez su aprobación. Esta situación se repite con otra decena de leyes planteadas en el 'Plan de Acción por la Democracia'. Ocurre con el proyecto de Ley de Información Clasificada y la modificación de la Ley de Secretos Oficiales (vigente desde el franquismo y utilizada por Sánchez para no informar sobre sus vuelos en Falcon). Esta propuesta legislativa se encuentra en fase parlamentaria y no ha pasado ni el primer trámite (la toma de consideración) en el Congreso de los Diputados.

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La misma lentitud se produce con el anteproyecto de ley orgánica que garantiza el derecho al secreto profesional de los periodistas. El anteproyecto se aprobó en el Consejo de Ministros y le queda todo el trámite parlamentario. Otra polémica norma es la que pretende modificar la ley de derecho al honor para garantizar el pago de una reparación a las víctimas de "difamaciones injustas". En mayo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció que se aprobaría en primera vuelta en el Consejo de Ministros en cuestión de "semanas". Medio año después, no se ha llevado al Consejo de Ministros.

En el cajón permanece la reforma del derecho a la rectificación, un anteproyecto para "corregir públicamente informaciones falsas o inexactas". Esta norma agilizaría los plazos de rectificación y afectaría también a influencers. El Consejo de Ministros la aprobó en diciembre de 2024, y un año después no se ha llevado a trámite parlamentario.

Opinión

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Entre los proyectos estrella del 'Plan de Acción para la Democracia' que siguen in albis está la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) con la que el Ejecutivo pretende eliminar la figura de las acusaciones populares (que han participado en el juicio contra el fiscal general del Estado y están personadas en el caso Ábalos y el caso Cerdán) y arrancar las investigaciones de manos de los jueces de instrucción para ponerlas bajo la batuta de la Fiscalía. En octubre se aprobó el proyecto de ley en el Consejo de Ministros y no ha comenzado todavía el trámite parlamentario.

En la misma situación se encuentra la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales. En este caso, el anteproyecto se aprobó en julio y no se ha iniciado el debate del mismo en el Congreso de los Diputados. Otro tanto sucede con el proyecto de Ley de Administración Abierta, aprobado en el Consejo de Ministros como anteproyecto y a la espera de los informes precisos y de toda la tramitación en Cortes Generales.

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Hay promesas del 'Plan de Acción para la Democracia' que no se han llevado ni al Consejo de Ministros. Es el caso del anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que obligaría al Gobierno a reforzar su transparencia en materia de publicidad institucional. De la reforma del reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación no se sabe nada, a día de hoy. Otra promesa incumplida es la elaboración de la Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

De todas las normas que siguen en el cajón, el caso paradigmático de la debilidad del Ejecutivo es la ley que regula los grupos de interés (la ley del sector del lobby). Se encuentra en una fase más avanzada que las anteriores, pero la Ponencia del Congreso de los Diputados la mantiene en standby ante la posibilidad de que el Partido Popular la tumbe.

Las aspiraciones de Sánchez para poner en marcha este corpus legal con el que reforzaría su situación de poder frente a medios de comunicación y ante el sistema judicial han sido enterradas por las circunstancias. Una muestra más de la debilidad de un Gobierno que vive al día, acosado por los escándalos judiciales y sin una agenda normativa en el horizonte.