El juez abrirá una pieza secreta con todos los pagos del PSOE para que los investigue la UCO

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantendrá un poco más el suspense sobre los pagos en dinero en efectivo que efectuó el PSOE durante años a sus cargos y miembros de la Ejecutiva y que también cobró Pedro Sánchez. El magistrado prevé atender la solicitud formulada por la Fiscalía para que la respuesta del partido a su requerimiento, que debe llegar en unos días, sea apartada a una pieza secreta y no se dé traslado del contenido íntegro a las partes, al menos hasta que la Guardia Civil la analice.

Anticorrupción informó en este sentido hace unas horas a la vez que rechazaba las alegaciones efectuadas por el partido respecto a la reclamación de la totalidad de los pagos efectuados a lo largo de ocho años. Como reclamaba el fiscal Luis Pastor, una vez recibida la documentación le dará traslado para su estudio a la Unidad Central Operativa (UCO), que se encargará de elaborar un informe tras analizarla.

La pieza secreta supone una pequeña concesión a los socialistas en un contexto general de malas noticias. Este miércoles tuvieron un primer disgusto. El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ventiló con un portazo las alusiones que realizaron respecto a la reclamación, extrañados por su volumen y extensión. Les concretó que su orden se extiende a la presentación de la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024 por esta formación política “con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos”.

El partido se había quejado de que una diligencia de carácter tan genérico "vulneraría la propia contención de la causa, limitada a investigar unos hechos concretos cometidos por unas personas también concretas". Reclamar todos los pagos -y, con ello, todos los gastos adelantados- podría entenderse prospectivo y carente de justificación". Apuntaban así que la investigación debería limitarse a los abonos que recibieron José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

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Para los socialistas, un requerimiento de este tipo violaría la protección de datos y la libertad ideológica de las personas que cobraran a través de este sistema. "No hay motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del partido, como tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información, enormemente sensible, para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír", destacaba, en referencia a las acusaciones populares personadas.

El auto de Moreno traía más malas noticias para el partido. Frustró en unos pocos párrafos el intento del PSOE por pintar la investigación como un simple modo de averiguar si hubo determinadas personas que abusaron de la confianza de Ferraz. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, considera de una "enorme gravedad" los hechos que investiga.

Sospechas sobre el origen del dinero

No solo se refirió a hechos graves, sino que dijo de forma rotunda que la investigación abierta va más allá de determinar si los dos exsecretarios de Organización pudieron blanquear cantidades colando a la formación cantidades ficticias a través de tickets falsos o gastos que se justificaban como efectuados por su equipo de colaboradores para inflarlos. Dijo, en concreto, que no está claro el origen del dinero en metálico del que disponía el partido para pagar los gastos de sus dirigentes y que ascendió, según sus propios datos, a un millón de euros.

La investigación partió del Supremo y allí, el fiscal jefe Anticorrupción ya dio pistas sobre sus sospechas. En los interrogatorios efectuados al exgerente Mariano Moreno y la trabajadora Celia Rodríguez, preguntó insistentemente sobre si era habitual que se manejaran billetes de 500 euros, las ya famosas chistorras que recibían Koldo García y su jefe. También preguntó si Ábalos o su ayudante solían llevar efectivo que se depositaba en el partido. En un contexto en el que se investiga el cobro de comisiones, algo así sería, efectivamente, muy grave.

El Supremo envió además a la Audiencia Nacional la declaración de una empresaria llamada Carmen Pano, investigada por corrupción en otros procedimientos. Le contó al juez que ella llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz en dos entregas de 45.000 euros cada una, siguiendo órdenes de Víctor de Aldama. Identificó incluso al conductor que la acercó a la sede socialista en esas ocasiones.