El audio de otra testigo de la UCM que implica a la asistente de Begoña Gómez: "Era mi interlocutora"

Una de las trabajadoras de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que declaró la semana pasada ante el juez del caso Begoña Gómez arrojó nuevos indicios de la implicación que tuvo la asistente de Moncloa en los negocios privados de la esposa del presidente del Gobierno. Con expresiones como “era mi interlocutora”, “llamaba Cristina” o “me dijo que quería registrar un dominio”, esta testigo describió lo que fue su relación con la asistente de Moncloa durante las gestiones técnicas de la cátedra de la mujer de Sánchez.

“A través de la directora, un buen día, nos encontramos mi compañera Merche y yo y nos dice: ‘Ah, va a venir después de desayunar Begoña Gómez, que sabéis que es la mujer de Sánchez. Va a venir a consultar información sobre propiedad intelectual’. Y entonces, efectivamente, a la vuelta del desayuno, estaban allí y nos presentaron”. Así arrancó su narración María Jesús Morillo, trabajadora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la universidad.

La esposa de Sánchez acudió a aquella primera reunión junto a su asistente y la coordinadora de la cátedra, Blanca de Juan. “¿En calidad de qué actuaba Cristina Álvarez?”, le preguntó el abogado de las acusaciones populares a la testigo. “Pues era mi interlocutora”, contestó la trabajadora de la UCM. “Y digo ‘mi’ porque al tratarse de ellas tres, yo me tomé el tema con seriedad. Yo soy la jefa de Sección de Contratos y Patentes, mi compañera Merche llevaba muy poco tiempo con nosotros y yo me quise hacer cargo desde un principio del tema”.

Esta testigo acudió el viernes pasado al juzgado de Juan Carlos Peinado a petición del abogado de Begoña Gómez, pero con la obligación de decir la verdad y contestar a todas las partes. Según el audio íntegro de la declaración a la que ha tenido acceso El Confidencial, estuvo 25 minutos ante el magistrado. Entre las gestiones para las que contactó Begoña Gómez con esta oficina de la UCM era el registro del software.

“Quien hablaba en todo momento (durante la reunión) era Begoña Gómez, pero lo que yo entendí de su proyecto es que no lo tenía claro, entonces al finalizar el encuentro, nos dieron sus tres correos electrónicos. A partir de ahí, yo ya les dije bueno, pues en cuanto pueda os mando el formulario de comunicación de invención, que es lo que necesitamos para empezar a movernos”, explicó la testigo.

“Y recuerdo –relató– que al día siguiente me dirigí a esos tres correos electrónicos. Pero desde ahí en adelante llamaba por teléfono Cristina, preguntaba por mí. Yo era quien hablaba con ella en todo momento”. En este punto, el abogado de las acusaciones quiso saber si en esas conversaciones “se habló de agendar algo o todo era en relación con este tema”. “Todo era en relación con este tema", contestó. "Y me dijo (Cristina) es que claro es que van a participar personas de fuera”, prosiguió.

A ese nivel de detalle llegaba la intervención de esta asistente en los negocios de Begoña Gómez, según el relato de la testigo. Lo que le contestó es que no importaba que hubiera personas de fuera y recreó ante el juez sus palabras: "Entendemos que la Complutense tendrá la mayor parte, ¿no? Porque si vamos a tener un ridículo 2 por ciento… es un tema muy farragoso”.

Su declaración era relevante porque entre los delitos por los que el juez investiga a Begoña Gómez está la presunta apropiación indebida de ese software, una herramienta informática para los alumnos de su máster. La desarrollaron empresas como Google, Indra o Telefónica sin que le costase ningún euro a la mujer del presidente. Estas empresas sostienen que su idea es que ese proyecto pasaría a ser propiedad de la Complutense, pero Begoña Gómez lo registró a su nombre.

Además de eso, el juez también investiga un presunto delito de malversación de fondos al haber empleado para sus negocios particulares a esta asistente de Moncloa, que cobra 50.000 euros anuales de las arcas públicas. Tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez están investigadas por estos hechos. En su defensa dicen que, si la asistente intervino alguna vez en sus negocios privados, fue de manera puntual y fruto de la confianza que hay entre ambas.

Coincide con la versión de Doadrio

Hace meses, el que fuera vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, también contó al juez detalles de la implicación directa de Cristina Álvarez más allá de las funciones de protocolo, gestión de la agenda, seguridad y desplazamientos que tiene encomendadas. Este cargo universitario aportó además decenas de correos electrónicos en los que se aprecia la participación de la asistente.

El abogado de Begoña Gómez le preguntó a la testigo de la UCM si el software se llegó a registrar en Propiedad Intelectual y la testigo le contestó que por parte de la universidad, no. Esta mujer dijo desconocer si el proyecto se llegó a terminar. “Los documentos que les solicitábamos no nos los mandaban”. “Nunca nos ha venido nadie de una cátedra, de un máster quizá, pero vamos, una cátedra extraordinaria, no recuerdo en mi estancia”

“Por teléfono, una de las veces que me llamó Cristina, me dijo que también querían registrar un dominio y le dije: ‘Mire, nosotros nunca lo hemos registrado, pero bueno, no sé, también estamos aquí para ayudar a las personas y te puedo mirar lo que haya en internet y te lo mando’. Y eso fue lo que hice”, dijo en otro momento de su declaración.

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Alejandro Requeijo

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado este jueves un auto en el que ordena al juez del caso Begoña Gómez que desimpute al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. El magistrado Juan Carlos Peinado le mantenía como investigado por un presunto delito de malversación de fondos por haber ejercido de responsable en su día de la asistente de la esposa de Pedro Sánchez en Moncloa. Aguirre fue entre 2021 y 2023 secretario general de la Presidencia del Gobierno.

En su auto, la Audiencia Provincial le indica al juez Peinado que se centre en las labores que desempeñó Cristina Álvarez y no extienda la causa a sus posibles responsables. Le dicen que no tiene sentido "la razón de dirigir una nueva querella acumulada, contra el que se supone, hubiera de fiscalizar la función de dicho cargo de confianza, porque no se proporciona el más mínimo indicio que el citado cargo tenga esa supuesta función de control".