Barbón se pone serio con Puente y amenaza con llevar al Estado a los tribunales por el peaje del Huerna

A unos 38 kilómetros de León y 85 de Oviedo se sitúa uno de los mayores dolores de cabeza de los conductores asturianos. En el término municipal de Carrocera (León) se erige desde 1975 el peaje del Huerna. Con unos 78 kilómetros de largo es el segundo canon más caro del país —15,60 euros—. Pero, el principal problema no es ese, sino que debería de haberse eliminado en 2021, aunque a día de hoy no lo hará hasta 2050. La prórroga abrió ya hace cuatro años una guerra entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno socialista del Principado, que emplea ahora sus últimas balas para ganarle este pulso al Estado.

Todos los partidos batallan por la supresión. Desde el PP y Vox hasta Somos Asturias, una plataforma a la izquierda del PSOE, han manifestado en multitud de ocasiones un claro posicionamiento contra la continuidad del peaje. Ahora, la administración autonómica ha decidido dar un paso más y, tras aprobarlo en el Consejo de Gobierno de este lunes, impulsará una acción de nulidad contra el Estado para invalidar la prórroga. Es el paso previo para llevar al Gobierno central a los tribunales.

Este es el último capítulo de una larga historia de tiras y aflojas. Todo comenzó el 22 de agosto de 1975, cuando aun bajo el régimen de Franco, se firmó un decreto para la construcción, conservación y explotación de la autopista por parte de la sociedad Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, SA, por un plazo de cuarenta y seis años. Es decir, hasta 2021. Sin embargo, en enero de 1984 el Estado decidió intervenir la compañía ante las dificultades económicas. Es, a partir de ese año, cuando se realizan la mayoría de obras de la infraestructura.

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El 17 de marzo del año 2000, con José María Aznar (PP) al frente del Ejecutivo central, se modificó, entre otros aspectos, la duración de la concesión y se fijó en octubre de 2050, 29 años más tarde del plazo aprobado en un inicio, con el argumento de "normalizar ahora el sistema de peajes existente". Tres años más tarde, el Gobierno privatizó de nuevo Aucalsa.

En 2021, cuando se debería de haber acabado el pago de las tasas, Daniel Ripa, entonces diputado autonómico por Podemos, presentó una denuncia ante la Comisión Europea (CE) por la prórroga del pago. Este mes de julio, cuatro años después y con Ripa alejado de la política -este posicionamiento tan claro le valió su salida del partido morado, que evitaba disputas con el PSOE- Bruselas emitió su resolución: el peaje del Huerna debe eliminarse. Además, la CE también indicó en su resolución que había detectado irregularidades como prórrogas sin licitación ni publicidad, vulneración de los principios de igualdad y transparencia o prórrogas vinculadas a la privatización. En ese momento, el Gobierno de Ursula von der Leyen dio dos meses al Ejecutivo de Sánchez para quitar el peaje.

Cuatro meses después, los conductores todavía pagan más de 15 euros cuando pasan por Carrocera. "Estamos diciendo que se guarden las facturas porque esto se tiene que reclamar. Es un coste enorme para los transportistas, que pueden llegar a cruzar el peaje unas tres veces al día", señala José Fernández, miembro de la asociación de Transportistas Autónomos Asturias. Esta organización subraya también que actualmente, debido a las obras en los túneles y un derrumbe ocurrido hace un año, "el servicio es pésimo en la autopista y casi siempre hay que circular por la vía lenta". De hecho, Facua ha lanzado una plataforma para recurrir los pagos y recuerda que el Tribunal Supremo en una sentencia reciente sobre un caso similar en la AP-9 ha declarado abusivo "cobrar el peaje completo en una autopista cuando las obras impiden la circulación segura y fluida".

El Gobierno aún no tomará ninguna medida sobre el peaje. Así lo detalló el propio Óscar Puente en unas declaraciones en Onda Cero el pasado 16 de octubre, cuando aseguró que quitar el peaje conlleva "un contenido económico y jurídico que nosotros no podemos en estos momentos afrontar". Un día después, 5.000 personas -entre las que se encontraba el propio Adrián Barbón- tomaron las calles de Oviedo para reclamar el cierre. Pero la cartera de Óscar Puente ya había avisado: la posición del Gobierno no iba a cambiar.

La única solución planteada por el momento son las bonificaciones para vehículos pesados y viajeros recurrentes, en vigor desde octubre del año pasado. Sin embargo, el informe Análisis Jurídico y Valoración Económica de la Situación Actual de la Autopista del Huerna elaborado por el partido Somos Asturias asegura que "no hay ningún motivo jurídico ni económico que justifique mantener el peaje del Huerna", entre otros aspectos porque "el valor de la concesión está en torno a 280 millones de euros, frente a los 674 millones que suponen las bonificaciones".

El Ejecutivo de Sánchez no moverá ficha próximamente y esperará a tener una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Mientras, el Principado le apremia con su decisión de presentar la nulidad para invalidar la prórroga y avisa de que es la antesala para elevar el asunto a los tribunales.