Crecido por el apoyo de la ONU, Rabat formulará en una cumbre nuevas exigencias a España

Sacar partido con España del creciente apoyo internacional del que goza Marruecos para imponer su solución en el conflicto del Sáhara Occidental que estalló hace justo medio siglo. Ese es el objetivo de la diplomacia marroquí al solicitar con urgencia una cumbre con el Gobierno español que se celebrará en Madrid el jueves 4 y que será precedida por una reunión de empresarios.

Rabat se ha dado prisa en pedir la convocatoria de esa Reunión de Alto Nivel, el nombre oficial de las cumbres hispano-marroquíes. La anterior tuvo lugar en la capital marroquí en febrero de 2023 y, en ella, el presidente Pedro Sánchez confirmó su respaldo al sucinto plan de autonomía limitada que ofrece Marruecos para poner fin a su enfrentamiento con el Frente Polisario.

La precipitación con la que ha sido organizada esta cumbre hace improbable que se anuncien en ella nuevos acuerdos sustanciales. Consistirá más bien en una declaración conjunta de ambos gobiernos en la que la parte marroquí aspira a arrancar nuevas concesiones a su vecino español aprovechando una coyuntura que le es favorable, según señalan fuentes diplomáticas no oficiales.

“Sáhara, Monte Tropic y espacio aéreo: la nueva relación de fuerzas entre Rabat y Madrid”, titulaba la semana pasada Media24, el diario digital marroquí afín a Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores. La “nueva relación” a la que se refiere es la que ha surgido tras la aprobación por el Consejo de Seguridad, el 31 de octubre, de la resolución 2797.

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Instigada por EEUU, secundada por Francia, la resolución brinda a Marruecos un apoyo sin precedentes. Establece como base para resolver el contencioso del Sáhara Occidental el modesto plan de autonomía que Rabat presentó en 2007. Descarta así prácticamente la autodeterminación de los saharauis mediante el referéndum pactado en 1991.

“¿Encontrará [España] en la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU un motivo suficiente para acelerar el proceso de adecuación institucional de su postura diplomática?”, se pregunta Mohamed Ben Abdelkader, exministro de Justicia marroquí (2019-2021), en una tribuna publicada el fin de semana en el diario digital Atalayar, portavoz del lobby de Marruecos en España. Hasta ahora Sánchez “ha privilegiado en la cuestión del Sáhara un enfoque demasiado mesurado (...)”, se lamenta Ben Abdelkader.

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Lo que el exministro describe como “adecuación” es la aceptación por el Gobierno español de las principales reivindicaciones de Rabat en lo que llama su “frontera sur”: reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental; traspaso a Marruecos del control del tráfico aéreo civil en el Sáhara; establecimiento de una mediana con Canarias que no sea equidistante y otorgue más aguas a Marruecos y explotación conjunta de las riquezas del Monte Tropic. Situado a unos 500 kilómetros al sur la isla de El Hierro, este monte sumergido forma parte de la plataforma canaria.

Atalayar dio, el domingo 22 de noviembre, el pistoletazo de salida a la reactivación de las reclamaciones de Rabat reiteradas después por la propia prensa marroquí. ¿Qué obtendría España a cambio si cede? “Es la condición sine qua non para garantizar la estabilidad del archipiélago de las Canarias y su integración en la dinámica económica africana”, responde Media 24. “En la fachada atlántica la seguridad y la prosperidad pasan por el pleno y total reconocimiento de la soberanía de Marruecos”, advierte.

Respuesta española

¿Cómo reaccionará el Gobierno español a este nuevo envite marroquí? El presidente Pedro Sánchez respondió a la invasión migratoria pacífica de Ceuta, en mayo de 2021, alineándose plenamente con la propuesta autonómica del rey Mohamed VI en la carta que le remitió en marzo de 2022.

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Desde entonces, la diplomacia española ha hecho nuevas y pequeñas concesiones a Rabat. El Instituto Cervantes incluyó, por primera vez este año, a los hispanohablantes del Sáhara Occidental en la estadística de Marruecos. El colegio público español de La Paz en El Aaiún, la capital del Sáhara, ha quedado incluido en la lista de los centros docentes gestionados por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Rabat.

Los eurodiputados del PSOE votaron además mayoritariamente en el Parlamento Europeo, la semana pasada, contra la objeción que pretendía tumbar parte del nuevo acuerdo entre la UE y Marruecos porque incumple la sentencia del Tribunal de Justicia europeo. Esta obliga a precisar en la etiqueta el origen de los productos exportados desde el Sáhara a Europa. Los demás socialistas europeos la respaldaron, en cambio, con su voto.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, sostuvo que el intento de que el acuerdo respetara el veredicto era “una campaña política” promovida por el Partido Popular. Cuando, en octubre de 2024, se dio a conocer la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, Planas ya declaró que la relación con Marruecos estaba “por encima” de los pronunciamientos de la máxima instancia judicial de la UE.

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La objeción al acuerdo no fue solo impulsada por el PP español y sus correligionarios europeos. Prueba de ello es que obtuvo la mayoría relativa de los votos en la Eurocámara, incluidos los de los socialistas. Solo le faltó uno para alcanzar la mayoría absoluta y obligar a que el etiquetado de las exportaciones del Sáhara revele su verdadero origen. Aun así, Luis Planas arremetió contra el PP en línea con buena parte de los periódicos marroquíes que lo vienen haciendo desde principios de julio.

La prensa marroquí manifestaba así el descontento de las autoridades del país, que han incluso castigado con sigilo al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. Cerraron durante dos meses, el pasado verano, las aduanas testimoniales de Ceuta y Melilla con Marruecos. Ambas ciudades están gobernadas por el PP.

Los populares no están, sin embargo, libres de contradicciones. Proexca, una sociedad pública canaria, ha organizado estos días una misión empresarial a Dajla, la segunda ciudad del Sáhara Occidental, que ha levantado una gran polémica. Esta iniciativa “supone un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar”, escribió, por ejemplo, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en varios diarios del archipiélago. Proexca está bajo la autoridad del vicepresidente canario, Manuel Domínguez González, que es además presidente del PP en las islas.