El Supremo mantiene su ritmo con la sentencia del fiscal general pese a la presión del Gobierno

El Supremo no ha acelerado con la sentencia de la condena al fiscal general del Estado a pesar de la más que evidente presión ejercida desde el Gobierno y muchos de sus socios para que se conozcan de forma inmediata los argumentos que han llevado a cinco de los siete magistrados del tribunal a considerar que Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de datos secretos. La resolución sigue en elaboración y sus tiempos dependen además, en gran medida, de la redacción del voto particular de las dos magistradas progresistas que han discrepado de la mayoría.

El hermetismo sobre el calendario es absoluto y la única evidencia es la de que el tribunal seguirá sus ritmos naturales, tratando de aislarse de los comentarios y la crítica feroz desatada desde que se conociera la decisión de imponer dos años de inhabilitación al máximo representante de la Fiscalía. Una de esas afirmaciones, firmada incluso por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusa a los magistrados de actuar de forma "anómala" al adelantar el sentido del fallo y no hacer público de forma paralela su porqué.

Díaz ha repetido de manera constante que las sentencias deben conocerse de forma completa e insinuado que la actual situación deja al condenado indefenso. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también se ha referido a esta cuestión, aunque de forma mucho más prudente. Ha indicado que toca "tener paciencia para conocer la sentencia" y añadido que "sería bueno que se conociera cuanto antes".

Irónicamente, para los planes del Ejecutivo resultaría contraproducente que la sentencia se conociera de forma inminente. Una vez iniciado el proceso para nombrar a la sustituta de García Ortiz, Teresa Peramato, Moncloa especificó que, mientras el nombramiento esté en proceso, su antecesor seguirá desempeñando sus funciones para garantizar la estabilidad en el órgano judicial. No obstante, la notificación de la sentencia activaría de forma inmediata sus efectos y provocaría una colisión con ese ejercicio del puesto, en funciones, que se mantiene todavía.

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La Comisión de Justicia del Congreso ha decidido citar para el próximo 4 de diciembre a la candidata del Gobierno para convertirse en la nueva fiscal general del Estado. Una vez cumplido este trámite, el Gobierno propondrá el nombramiento al jefe del Estado, previsiblemente en el Consejo de Ministros del 9 de diciembre. Una vez nombrada, Peramato jurará o prometerá el cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.

La UPF, preocupada

La falta de sentencia ha indignado más que a ningún otro colectivo a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación a la que pertenecen tanto García Ortiz como Peramato. En un comunicado, ha destacado su "profunda" preocupación ante el hecho de que la resolución "siga sin motivación pública" e instado al tribunal a que dé a conocer de "inmediato" su fundamentación jurídica.

El desconocimiento de esta motivación produce, en su opinión, una "grave inseguridad jurídica" y genera un "daño institucional y personal difícilmente reparable". "Quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional: se le atribuye la máxima responsabilidad penal posible en su ámbito sin que se hagan públicos los argumentos que justificarían tan excepcional severidad".

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Desde otras asociaciones se han rechazado estas valoraciones que buscan, aseguran, continuar con la "deslegitimación" del Supremo. Asociaciones como la Profesional de la Magistratura, considerada conservadora, han destacado la importancia de la sentencia y ponderado el especial cuidado que necesita su redacción en un contexto frentista en el que cada línea será revisada con lupa.