Moncloa acelera: "Tres sinvergüenzas no van a acabar con todo. Sánchez es un caimán"

Todo ha ido peor, y en el palacio de La Moncloa lo saben, pero eso no va a cambiar su plan principal: aguantar hasta 2027 o hasta que haya una oportunidad. "Sánchez es un caimán y no va a parar", dicen desde su entorno. La legislatura saltó por los aires un 12 de junio en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) involucró a Santos Cerdán en una trama de corrupción que alcanza al mismo corazón del Partido Socialista. Aquel día, el presidente del Gobierno tomó una decisión. Lejos de dar un paso atrás, limitó la asunción de responsabilidad política a una petición de perdón y lanzó un plan interno para recuperar la iniciativa política con tres ejes: político, judicial y propagandístico.

Transcurridos 171 días, casi medio año, el balance no es positivo: el fiscal general ha sido condenado, el ministro José Luis Ábalos pasa los días entre rejas y la mayoría de investidura ha saltado por los aires. Y algo que preocupa especialmente en el Gobierno: la confluencia el pasado jueves, un jueves negro, de Ábalos entrando en Soto del Real y de la derrota parlamentaria en la votación del techo de gasto traslada de un modo inequívoco a la opinión pública un mensaje implacable: corrupción e ingobernabilidad. Aún así, el ánimo del presidente y de su núcleo duro permanece intacto.

Otra cosa es la distancia existente entre el "búnker" de la Moncloa y el conjunto del Partido Socialista. Es cada vez mayor y se puede resumir en dos sentimientos y un debate abierto. Los sentimientos son "dolor y preocupación", tal y como ha podido constatar este periódico en distintas fuentes del partido, tanto en Madrid como en distintas federaciones. "Lo de Koldo, Ábalos y Cerdán es gravísimo. Son el eje fundacional del sanchismo, son los encofradores que echaron cemento a ese proyecto político. Y lo del techo de gasto es la constatación que no se puede gobernar; en esta legislatura no se ha podido nunca, pero lo han ido trampeando". El debate hoy en el Partido Socialista es, si se deben convocar elecciones y cuándo para no perjudicar al partido y a los candidatos municipales y autonómicos.

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"Tres sinvergüenzas no van a acabar con todo", insisten fuentes del Gobierno a El Confidencial, abundando en la idea de acotar el escándalo a Ábalos, Cerdán y Koldo: "Nosotros no vamos a tirar la toalla", añaden. Teniendo en cuenta que dos de ellos están durmiendo en prisión y el otro ha pasado allí cinco meses, la frase recuerda a una versión de aquella frase que pronunció Mariano Rajoy en una rueda de prensa sin preguntas en la sede de la calle Génova, junto a la cúpula del PP para hablar de Gürtel: "No es un caso del PP, es un caso contra el PP". Pero más allá de paralelismo, lo cierto es que seis meses después de la detención de Cerdán, el Gobierno permanece en la misma posición.

Moncloa acelera

Fuentes del entorno más cercano del presidente explican que a Pedro Sánchez no le "sorprendió" que el juez Leopoldo Puente enviara a prisión a quien probablemente ha sido el político con más poder de todos los que le han acompañado en los ocho años transcurridos, desde que un 1 de octubre de 2016 fue desalojado de la Secretaría General del PSOE por sus propios compañeros. Tampoco le sorprendió el varapalo recibido en el Congreso con el techo de gasto, pues en Moncloa entienden que forma parte del juego de Junts, a quién siguen sin dar por perdido como socio para algunas votaciones parlamentarias. Lo que sí sorprendió y descolocó al presidente fue la condena al fiscal general. Esa no se la esperaba, y por eso sigue en sus trece e insinúa que el Tribunal Constitucional (TC) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabarán dándole la razón.

Aun así, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, reaccionó con celeridad para sustituir a Álvaro García Ortiz el lunes por la mañana, a pesar de que aún no se conocían los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo. Lo hizo como hace él las cosas: estableciendo un retrato y haciendo un casting de entrevistas personales. Así actuó, por ejemplo, en un tema de mucho menor calado político: el nombramiento de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPS), Rosario García Mahamut: debía ser mujer, feminista, catedrática… y proamnistía, condición esta última que reducía mucho las posibilidades entre los especialistas de esa rama del Derecho.

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En el caso de la sustitución del fiscal general, Bolaños ha puesto el foco en dos asuntos. El primero, resolverlo con celeridad, por lo que el lunes estuvo todo el día colgado del teléfono con el único objetivo de poder llevar la propuesta de nombramiento al Consejo de Ministros del martes. El segundo, un aspecto que dañó de origen a García Ortiz: el prestigio y la trayectoria. El Gobierno no podía permitirse que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volviera a calificar de “inidóneo” el nombramiento, como sucedió con quien ha acabado siendo el primer fiscal general del Estado inhabilitado por actos cometidos en el ejercicio del cargo. Teresa Peramato no sólo es mujer y feminista, sino que también cubre el punto más débil, porque es fiscal de sala y tiene 35 años de experiencia. No en vano, el CGPJ no tardó ni 24 horas en considerarla idónea para el puesto.

En la valoración del fallo del Supremo sobre Ortiz, el ministro de Justicia ha sido mucho más prudente que el propio presidente y, por supuesto, que el más agresivo de los ministros, Óscar López, encargado de marcar el argumentario, de desgastarse poniendo en duda todo el proceso y tratando de dar la vuelta a un caso que es duro para el presidente del Gobierno por dos motivos: él mismo se involucró personalmente en su inocencia y en su actuación y, además, supone una victoria para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y para su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Esto es significativo, porque revela que sí hay matices en el núcleo más cerrado del presidente y porque da pistas sobre el estado de salud del tercero de los tres ejes que Pedro Sánchez lanzó internamente después de aquel 12 de junio: el propagandístico.

Los últimos diez días han sido especialmente duros para el Gobierno, porque han puesto sobre el tapete que dos de los tres ejes lanzados en junio están fracasando estrepitosamente: el cerco judicial sobre el Gobierno se está acelerando y la soledad parlamentaria es notoria y creciente. Respecto al primero, fuentes de la Moncloa ya admitían a este periódico en septiembre que de todos los casos judiciales “el único que nos hace daño es el de Ábalos”. En aquel momento, recién iniciado el curso político, la previsión de daños del Gobierno en el asunto judicial se limitaba a esa causa: ni la de la esposa del presidente, Begoña Gómez, ni la del hermano, David Sánchez, ni la del fiscal general, preocupaban lo más mínimo. Hasta que en el primer caso el juez Peinado sigue adelante con el aval de las instancias superiores y en el segundo todo apunta que puede ser el siguiente varapalo para el Gobierno, pues el juicio está convocado para febrero.

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Respecto al segundo, el eje político, el Gobierno volvió del verano con ánimo reconstituido y el objetivo de recuperar la iniciativa política. El mensaje principal lo anunció la portavoz, Pilar Alegría, tras el primer Consejo de Ministros después del parón vacacional, aún en agosto: tras dos años de legislatura, este año sí se presentará un proyecto de Presupuestos. Dos meses después, Junts no sólo ha anunciado que rompe con el Gobierno, sino que lo ha demostrado tumbando el techo de gasto, el paso previo a los Presupuestos. Este sábado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo un nuevo llamamiento a Junts (y al PNV) para que trabajen por la convocatoria de elecciones. Pero en Moncloa no cejan en su empeño: "Si Junts se va con PP-Vox es su suicidio", aseguran convencidos de que aún se podrá seguir legislando "partido a partido". En Génova piensan lo contrario, pues según explica ellos interpretan que lo único que ha conseguido Junts al fortalecer a Sánchez es consolidar a su alternativa: Salvador Illa.

El tercer eje que puso en marcha Sánchez tras el 12 de junio es el propagandístico, o discursivo, y afecta a todos los ministros. Ahí, hay dos mensajes claros, y en esto nada ha cambiado después del jueves negro. El primero es transmitir tranquilidad y una clara y firme voluntad de seguir tomando decisiones para transmitir a la opinión pública cuál es el programa socialista: recoger el sentir de "la mayoría social". Este viernes, después del jueves negro, un puñado de ministros se pronunció en esta línea, como si nada hubiera pasado.

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El segundo punto de la estrategia discursiva es arremeter contra el PP siempre que haya oportunidad. El último ejemplo lo dio Pedro Sánchez este sábado, en un discurso ante la Internacional Socialista en el que incidió en que los populares creen que pueden controlar a la extrema derecha y la han normalizado, pero han acabado siendo "absorbidos". Quienes dentro del PSOE no comparten esta estrategia explican que “el mejor síntoma de que ese plan está marcado desde Moncloa es TVE, donde más que hablar del Gobierno se dedican a atacar a la oposición, externa e interna”. “Viven en una burbuja, en el autoconvencimiento. En el búnker se han acabado creyendo ese autorrelato”, añaden.

Elecciones "antes de las municipales"

En el partido hay un debate profundo, pero discreto. Nadie quiere aparecer criticando abiertamente al secretario general, que ya ha enviado públicamente el mensaje de que se presentará a las elecciones de 2027. Pocas son las voces que se atreven a pedir públicamente a Sánchez que convoque elecciones. El más claro ha sido el exlíder del PSE Nicolás Redondo. Otros históricos son abiertamente críticos, como casualmente este mismo jueves, en un acto celebrado en el Senado en el que Felipe González y Alfonso Guerra lamentaron con dureza la situación política.

Otros dirigentes prefieren no dar la cara, pero expresan el malestar y una preocupación creciente: que el desgaste de Pedro Sánchez acabe arrastrando al partido. “Las elecciones tienen que ser antes de la municipales por pura decencia democrática, y no mandar a los alcaldes a una carnicería. En el contexto político que tenemos es un imperativo democrático”, aseguran desde una federación crítica.

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Este argumento, que comparten críticos con mando en plaza, insisten en que es Sánchez quien “tiene que rendir cuentas”, porque “esta etapa la ha protagonizado él, y lo justo es que sea él quien se someta al veredicto de las urnas sin esconderse detrás de los alcaldes y los candidatos autonómicos”.

Dado que en el partido nadie duda que el líder tiene legitimidad a presentarse de nuevo, si hay que hablar de sucesión en el PSOE tendrá que ser después. Y no antes de que hablen los españoles. Eso sí, en el Gobierno advierten: "Sánchez es un caimán".