La nueva fiscal general acudió a las sesiones del juicio en apoyo a Álvaro García Ortiz

Teresa Peramato, a las puertas de convertirse en la nueva fiscal general del Estado, acudió a las sesiones del juicio contra su antecesor junto al grupo de miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que acompañó a Álvaro García Ortiz en el transcurso de la vista oral. Según precisan a El Confidencial diversas fuentes consultadas, formaba parte de la veintena de miembros de la carrera que asistía como público para mostrarle su respaldo y cerrar filas a favor de su inocencia.

El fiscal general dimitido ha tenido, de hecho, el respaldo de su asociación durante todo el proceso. El mismo día en el que se iniciaba el juicio tras el que ha sido condenado a dos años de inhabilitación por revelar datos secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, recibió una ovación por parte de un nutrido grupo de fiscales a su salida de la Fiscalía General para dirigirse al Tribunal Supremo.

Este apoyo se prolongó durante todas las jornadas de la vista oral, un total de seis. Al tratarse de una vista pública, aquel que lo deseara y tuviera interés podía acceder a la sala para seguir su desarrollo. Cada mañana, con tiempo suficiente para entrar antes de las diez de la mañana, la hora en la que empezaban las sesiones, distintos miembros de la UPF aguardaban para coger sitio y se quedaban de principio a fin. Lo hacían en solidaridad con su situación y para demostrarle su presencia que no estaba solo.

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Peramato, que fue presidenta de la asociación y actuó como su portavoz en distintas ocasiones, fue una de ellos. Aunque nunca ha realizado declaraciones públicas críticas, ha suscrito en la red social X a través de un retuit su posición en contra del proceso. En concreto, retuiteó el 5 de agosto un artículo de opinión del magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés Ibáñez, en el que este cargaba contra la instrucción del juez Ángel Hurtado y aseguraba que tratar la nota informativa promovida por el fiscal general como un delito estaba "a todas luces injustificado".

La nueva fiscal general nunca ha ocultado su cercanía tanto a García Ortiz como a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado. Fue promocionada por ambos. Con la primera ascendió a fiscal de Sala contra la Violencia sobre la mujer. Con el segundo, a jefa de Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, es decir, la encargada de supervisar la actividad de todos los fiscales de esta área especialmente sensible para el Ejecutivo en este momento.

Durante la celebración de la vista hubo momentos tensos entre el público que obligaron incluso en una ocasión al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, a intervenir. Uno de los más violentos se produjo durante la declaración del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y su equipo. Aquel día, se escucharon insultos contra el guardia civil. Algo parecido sucedió durante la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra. Ambos testimonios fueron especialmente negativos para el fiscal general.

Una apuesta continuista

Con la decisión de otorgarle las riendas de la Fiscalía, el Gobierno apuesta así por continuar la línea que inauguró Delgado y perpetuó después García Ortiz que, además, se quedará en el cargo hasta que el nombramiento se concrete, como aclaró en rueda de prensa el ministro Félix Bolaños. Se garantiza, además, una aliada en su postura frentista contra la decisión del Supremo. Cuando casi se cumple una semana desde el anuncio anticipado del fallo, el tono desde el Ejecutivo y sus socios no amaina, sino que más bien sigue subiendo grados.

La última manifestación ha sido la reacción ante la movilización del pasado fin de semana ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para mostrar su rechazo a la condena en la que estuvo presente la propia Delgado en compañía de su pareja, Baltasar Garzón. La portavoz Pilar Alegría ha tachado este tipo de protestas como "sanas" mientras que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha alentado abiertamente que se produzcan.

Este mismo martes, desde el Gobierno se han deshecho en elogios hacia Peramato que, ahora, tendrá que someterse al informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial y a la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso. El objetivo del Ejecutivo siempre fue el de encontrar un perfil de mujer marcadamente progresista que ha cristalizado en la fiscal, especializada en violencia de género, feminista y centrada durante buena parte de su carrera en la lucha por la igualdad.

Tras desvelarse el nombre, se recordaron sus declaraciones tras la aprobación de la ley del solo sí es sí de Irene Montero, que continúa a día de hoy provocando rebajas de penas a agresores sexuales. Reclamó, en la misma línea del Ejecutivo en los inicios de la crisis, "poner en valor lo bueno" que había quedado opacado por sus efectos indeseados.

Desde las asociaciones consideradas conservadoras se la mira con prevención y se señalan algunos "tics sectarios" que, como este, perjudicarían una labor prioritaria y ya urgente: la de recoser las costuras abiertas de una carrera defraudada, preocupada por su imagen y más dividida que nunca antes.