Senda de déficit y ley de 'lobbies': la prueba del algodón a la ruptura de Junts con el Gobierno

Las piedras en el camino de Pedro Sánchez para agotar la legislatura no dejan de multiplicarse. Esta semana, el Gobierno experimentará el mazazo de ver cómo decae la senda de estabilidad, paso imprescindible para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Tras confirmar Podemos su abstención, sólo un improbable giro de tuerca en la ruptura escenificada por el partido de Carles Puigdemont permitiría al PSOE salvar el trance. En manos de Junts también quedará la llamada ley de 'lobbies' ya que el PP, pese a compartir "puntos de encuentro" con el Gobierno, avanza ya que se posicionará en contra.

La votación del jueves servirá para ratificar que las constantes vitales de la legislatura están bajo mínimos. Junts no ha ratificado públicamente su voto en contra a los objetivos de estabilidad del Gobierno, pero se da por descontado que no darán su brazo a torcer. Incluso la propia María Jesús Montero, titular de Hacienda, asumió este martes que la senda "no saldrá" tras tantear a los grupos parlamentarios por el sentido de su voto. La portavoz de los independentistas en el Congreso, Miriam Nogueras, sí avisó hace días que, al igual que en 2024, su grupo se opondría si la propuesta de déficit era igual a la del año pasado.

El previsible 'no' de Junts será la prueba del algodón definitiva a la renuncia de los posconvergentes a seguir ejerciendo como llave para la gobernabilidad del PSOE. Porque pese a la dureza exhibida en público desde principios de noviembre, lo cierto es que la formación volvió a salir al rescate del Gobierno hace dos semanas al impedir aprobar la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares propuesta por el PP. Aquel cambio de guion sorprendió a propios y ajenos, pero los independentistas ratifican que su ruptura con el Gobierno es inamovible pese al ruido de fondo del posible regreso de Carles Puigdemont a principios de 2026.

Ni Podemos ni la diputada de Compromís, Águeda Micó, apoyarán el jueves la senda de déficit, lo que sitúa toda la presión para asestar un golpe decisivo sobre el tejado de Junts. Llegados a este punto, al Gobierno ni siquiera le valdría la abstención de los siete diputados posconvergentes, posición que también enterraría la propuesta. Sólo un dificilísimo 'sí' de la formación independentista salvaría a Sánchez.

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El Ejecutivo sólo cuenta con 165 votos a favor, los que suman PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG —con la duda del sentido de voto de Coalición Canaria—, frente a los 171 votos en contra que suman de entrada PP, Vox y UPN. A la convulsa jornada que se espera el jueves se sumará la incertidumbre respecto al futuro de José Luis Ábalos. El aún diputado podría no votar ante la vista pendiente en el Tribunal Supremo, que decidirá si decreta o no su entrada en prisión provisional.

En el Ejecutivo ya avanzan que si la senda cae este jueves, volverán a llevarla a votación en la Cámara Baja. Pese a defender la vigencia de las cuentas aprobadas a finales de 2022, lo cierto es que el Gobierno se asoma al inédito abismo de no haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado en lo que va de legislatura. Hacienda se empeñó en seguir adelante con la presentación del proyecto presupuestario para 2026 pese a no contar con apoyos, lo que se lee como un intento de buscar una suerte de impulso electoral para Sánchez ante el nuevo ciclo que arranca con las elecciones en Extremadura.

El PSOE utilizará el previsible golpe a los Presupuestos para responsabilizar a la derecha y a parte de sus aliados de investidura, entre ellos Podemos, de enterrar unas cuentas expansivas y perjudicar a las comunidades autónomas. "El Gobierno dispondrá de mayor margen fiscal del que van a disponer las comunidades por simple pataleta y confrontación del Partido Popular", afirmó Montero, sin dirigirse a Junts. Por si el clima político no estuviera lo suficientemente cargado, Bruselas puso ayer la puntilla y avisó que ve a España "en riesgo de incumplimiento" de las reglas fiscales de la Unión Europea.

El PP votará en contra de la ley de 'lobbies'

El varapalo presupuestario podría no ser el último importante del año. Y, de nuevo, será Junts el que tendrá en sus manos salvar o dejar caer al Gobierno. Según confirman fuentes autorizadas del partido, el PP votará en contra del proyecto de ley para regular las actividades de los grupos de interés, más conocida como ley de 'lobbies', lo que deja uno de los grandes compromisos contra la corrupción que Sánchez esbozó tras el estallido del 'caso Cerdán' en la cuerda floja.

Como publicó El Confidencial, el PP se mostró dispuesto a negociar este asunto con el PSOE al reivindicar como propia la necesidad de regular la influencia de los 'lobbies' con el objetivo de prevenir casos de corrupción, sobre todo tras el estallido del 'caso Montoro', que irrumpió en plena canícula. Pese a la crispación, fuentes populares veían posible un acuerdo por los "puntos de encuentro" compartidos en la propuesta. Pero no era más que un espejismo.

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El partido de Alberto Núñez Feijóo presentó una serie de enmiendas que, según trasladan en la dirección, no han sido aceptadas por los socialistas en un texto que se encuentra aún en fase de ponencia. Los populares se quejan de la negativa a aceptar dos ejes irrenunciables: en primer lugar, la creación de una "autoridad independiente" ajena al Ejecutivo para controlar la actividad y el registro de entidades y grupos de interés, competencia que el Gobierno quiere que recaiga en la ya existente Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López.

La desconfianza del PP con el citado organismo es máxima, sobre todo tras la actuación de la OCI en el presunto conflicto de interés en que incurrió Sánchez por no abstenerse en el rescate a Air Europa. "Jamás aceptaríamos este proyecto de ley si no existe una autoridad verdaderamente independiente", afirman. La otra pata que explica la negativa de los populares a ayudar al PSOE es el rechazo a crear un registro nacional e interoperable de los grupos de interés que incluya una "definición única" de los 'lobbies' para toda España, lo que puede derivar en "conflictos competenciales" por imposibilitar "un mapa común de integridad pública para todo el país".

Así las cosas, otra de las normativas clave para el Gobierno volverá a estar en manos de Junts. Fuentes del grupo evitan desvelar su posición, pero la mencionada ley no forma parte de la lista de excepciones al veto que los de Puigdemont presentaron a decenas de iniciativas del Gobierno. En un principio, y tras reunirse la ponencia este martes, la previsión pasaba por votar el dictamen y las enmiendas en comisión esta misma semana y llevar la propuesta al pleno del Congreso antes de que finalice el año. Pero el PSOE no ha puesto fecha para continuar con la tramitación parlamentaria. Un posible freno para evitar el desgaste de otra importante derrota.