La trama Cerdán recibió 17 millones de euros en contratos de la rama del PNV en Navarra

Pamplona es el epicentro de la trama de Santos Cerdán. El lugar donde comenzó su conexión con Koldo García y donde empezaron a llegar los primeros ingresos a Servinabar, la empresa de la que posee al 45%. El dinero empezó a entrar en las cuentas de su socio, Antxón Alonso, antes de que Pedro Sánchez ocupase la Moncloa e incluso antes de la llegada de María Chivite al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Los nexos entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la trama Cerdán, que empiezan a verse con más claridad en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO), también tienen formato económico: 17 millones de euros en contratos firmaron las sociedades de Alonso en UTE con Acciona con la rama navarra del PNV, Geroa Bai.

En total, cuatro adjudicaciones en un año y dos meses que suman 16.995.129 euros. Estos contratos ya se mencionan en la última investigación de la Guardia Civil, que además se ofrece al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, para indagar en su contenido. La primera colaboración entre Antxón Alonso y Acciona se remonta a la explotación de Mina Muga. Según la Guardia Civil, Servinabar ingresó por esta explotación un total de 299.259 euros entre 2015 y 2020.

En 2015, los investigadores sitúan la utilización del Bar Franky, un local hostelero de Pamplona, para cobrar dinero en efectivo con facturas falsas emitidas a Acciona. A partir de esta colaboración, llegarían otras cuatro durante el mandato de Uxúe Barkos, presidenta de Navarra entre 2015 y 2019, líder de Geroa Bai y senadora en la actualidad.

La primera de ellas se remonta a octubre de 2017. En aquel momento, Santos Cerdán llevaba apenas cuatro meses en el cargo de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, siendo una pieza clave en el clan del Peugeot que permitió a Pedro Sánchez recuperar el Partido Socialista. Al frente de la Secretaría General del Partido Socialista Navarro (PSN) se nombró en sustitución de Cerdán a Ramón Alzórriz, cuya pareja, Diana Enériz Veisa, llegó a cobrar de Servinabar 102.834 euros.

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Este era el contexto cuando Geroa Bai concedió en octubre de 2017 su primer contrato a la UTE de Acciona y Servinabar: 4,5 millones de euros para las obras de adecuación de las oficinas del nuevo pabellón Navarra Arena. En el momento de esta adjudicación, el objeto social de la empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán ni siquiera estaba relacionado con la construcción.

Apenas siete meses después, en mayo de 2018, se le adjudicaría un segundo: 2.435.840 euros por la reforma del Archivo General de Navarra. Según el informe de fiscalización realizado por la Cámara de Comptos navarra, el precio de esta adjudicación ascendió un 19%. Tanto este contrato como el adjudicado para adecuar las oficinas del pabellón Navarra Arena están siendo investigados en este momento por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. Los informes de la UCO apuntan que Acciona transfirió a Servinabar 363.704 euros por las obras del Pabellón y 226.450 euros por la reforma del Archivo.

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El 29 de junio de 2018, solo un mes después y con Pedro Sánchez ya en la Moncloa, el Departamento de Educación del Gobierno navarro adjudica 3,1 millones a otra sociedad de Antxón Alonso (Alegure SL) y Acciona para construir el colegio público Arbizu. La persona responsable de esta adjudicación fue la entonces consejera de Educación, María Solana, que hoy ocupa un asiento en el Consejo de Administración de RTVE como cuota del PNV.

Servinabar posee el 96% de Alegure SL, mientras que el 4% restante pertenece a Jon Iñaki Alzaga Etxeita, industrial del PNV colocado por la formación en el Consejo de Administración de la compañía de telecomunicaciones vasca Euskaltel y presidente del Grupo Noticias (Deia, Diario de Noticias de Navarra y Noticias de Gipúzkoa). Solana trabajó para este grupo cinco años, entre el 2000 y el 2005.

Coincidiendo con las fechas de esta adjudicación, el 20 de junio de 2018, Cerdán hizo llegar a Koldo García a través de un asistente técnico del grupo parlamentario socialista tres documentos esenciales para la trama de cara a mantener su influencia en la licitación de Mina Muga. Entre ellos figuran las peticiones de nombramientos para el PNV: Javier Cachón en el Ministerio de Medio Ambiente, un "puesto importante en Adif" y otro en "INI o SEPI".

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En diciembre de 2018 se produciría la última adjudicación del Ejecutivo de Barkos a la empresa de Antxón y Cerdán. Se trata de la adjudicación por 6,8 millones de euros a Servinabar y Acciona de la construcción de 62 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Ripagaina (Pamplona). La Oficina Anticorrupción de Navarra ha encontrado hasta 14 irregularidades en este procedimiento, efectuado por la empresa pública de vivienda de la comunidad foral, Nasuvinsa. "Ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo", llega a concluir en su informe.

La omisión de trámites esenciales "fue de tal entidad que Nasuvinsa no ha podido explicarla con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable". Además, Anticorrupción carga contra el director gerente de la empresa pública en 2018, José María Aierdi: "No es de recibo que el director gerente de Nasuvinsa afirme en el año 2025 que no le resultan de aplicación las prescripciones de la Ley Foral de Contratos Públicos". Aierdi fue el consejero de Vivienda de María Chivite en su primer Gobierno foral, y bajo su mando se adjudicó también el contrato de 9,2 millones a Servinabar para la construcción de 46 VPO.

Por este último contrato de la era Barkos, Servinabar recibió 676.071 euros por transferencia de Acciona. Según la UCO, la empresa de Cerdán y Antxón recibió 6.707.294 euros de Acciona, el 75% de su facturación total. Cerdán declaró en el Tribunal Supremo que Antxón Alonso había sido una persona clave para tejer las conexiones entre el PSOE y el PNV en 2018 que permitieron sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy pocos días después de que el mismo partido diese el visto bueno a sus presupuestos generales del Estado.