Gucci, Dior, Chanel… las grandes marcas pierden contra un local chino de Madrid tras una treta a la Policía

Dos agentes de la Policía Municipal de Madrid entraron en un local de Usera sorprendidos por lo que vieron en su escaparate. El negocio tenía a la venta todo tipo de artículos de alta gama que, según su relato, saltaba a la vista que eran imitaciones de Gucci, Dior, Chanel o Balenciaga. Así nació un pleito que ha consistido en un David contra Goliat de la propiedad industrial. Un pequeño comercio chino de barrio contra a todas las grandes marcas de la industria del lujo. Seis años después, la justicia ha absuelto a la dueña del establecimiento. La verdadera culpable huyó tras hacerse pasar por traductora ante la Policía.

El Confidencial ha tenido acceso a la documentación del caso y a la sentencia dictada el 24 de octubre por el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid. Se sentó en el banquillo una mujer china de 27 años que no sabía hablar español. Era la propietaria del local llamado ‘One Skin’, ubicado en la calle Dolores Barranco de Usera. La Fiscalía pedía para ella un total de tres años y tres meses de prisión por un delito contra la propiedad industrial, otro de intrusismo y otro contra la salud pública.

También se enfrentaba a la petición de indemnizar con 20.645 euros a las siguientes marcas: Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Adidas, Loewe, Balenciaga, Ives Saint Laurent y Moschino. Se llevaron 58 artículos entre bolsos, camisetas, accesorios, bisutería… Pero ninguna de estas marcas será indemnizada. Eso a pesar de que la sentencia reconoce que no hay duda de que los objetos eran imitaciones. Se vendían a un precio muy inferior del real. Pero el juzgado añade que la única acusada del caso no era la responsable de su venta porque tenía alquilado el local a otra compatriota.

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Los hechos se remontan al 12 de junio de 2019. Ese día los policías se encontraron en el local a una mujer, también china, que tampoco hablaba castellano. Pensaron que era solo la encargada de la limpieza, pero en ese memento estaba al frente del negocio. El establecimiento estaba además provisto de una sala en la que después descubrieron que también se ofrecían tratamientos de estética.

Camillas, jeringuillas y cosméticos

Había camillas, jeringuillas, viales, frascos de cosméticos sin etiquetar o ácido hialurónico. La Agencia Española del Medicamento acreditó que el mero hecho de que esos productos no estuviesen debidamente etiquetados ya significaba un riesgo para la salud. Por eso, a la acusación se le sumaba un delito contra la salud pública y otro de intrusismo profesional, pero también ha resultado absuelta de estas acusaciones. Entre otras cosas, las autoridades se limitaron a constatar la ausencia de etiquetado, pero no llegaron a analizar qué había en los frascos de cosméticos.

Ante la presencia de los agentes, la mujer que estaba en la tienda llamó a la dueña, que entonces tenía apenas 21 años. Se presentó acompañada de una mujer que sí hablaba español y que ejercía funciones de intérprete. La sentencia destaca que desempeñó ese papel sin tener ningún título para ello. Pero lo cierto es que todos los datos que incluyeron los policías fueron porque se los dijo esa presunta traductora. Los uniformados no sabían que era ella en realidad la responsable de la venta del material falsificado.

Fue antes del juicio cuando la acusada y dueña del local aportó la documentación que acreditaba el arrendamiento del establecimiento a la falsa traductora. “Si bien resulta sorprendente que no se aportara esa documentación en el momento en que prestó declaración como investigada la acusada y se ha mantenido oculta hasta el acto del juicio, lo cierto es que no ha sido impugnada y, al menos, el contrato de trabajo aunque se trata de una copia, resulta aparentemente oficial”, dice la sentencia.

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La acusada hoy trabaja en un restaurante. Llevaba un año con el local alquilado a la culpable, que le pagaba 600 euros al mes. En el juicio dijo que nunca compró los objetos falsificados. No sabe por qué la falsa intérprete nunca les dijo a los agentes que ella era la mujer que regentaba el local, aunque eso fue lo que le salvó. La sentencia dice que, cuando quisieron localizarla para que declarase como testigo, ya no la encontraron.

“La falta de credibilidad –concluye la resolución– de la persona que hizo de traductora ante los agentes de policía, con evidente interés, al figurar como arrendataria del local y empleadora de la persona que encontró la policía al frente del local, conduce al dictado de una sentencia absolutoria respecto del delito contra la propiedad industrial por aplicación del principio in dubio pro reo”.

La acusada, representada por el abogado Juan Gonzalo Ospina, ha resultado absuelta porque el juez entiende que no tenía conocimiento ni responsabilidad de lo que se hacía en su local: “No tenía por qué conocer que, además, se pudieran estar vendiendo productos falsos en el local, ni se le puede imputar el delito por el hecho de ser propietaria del local, cuando este se encontraba arrendado a un tercero”.