El fiscal general presenta su renuncia tras la condena del TS: "Es el momento de abandonar"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo. Ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", concluye.

La renuncia a petición propia deja el camino abierto al Gobierno para nombrar este martes en el Consejo de Ministros a un nuevo fiscal general. Se produce antes de que el Tribunal Supremo haya notificado la sentencia que se encuentra aún en redacción de la mano del presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Además de la inhabilitación -que amenaza también su puesto como fiscal raso- se le impone una multa de 7.200 euros.

Según aseguran a El Confidencial fuentes fiscales, la misiva al ministro se ha remitido a primera hora de esta mañana. Con ella se cierra la incertidumbre sobre los tiempos. García Ortiz podría haber esperado a que la resolución fuera firme e incluso haber peleado por su permanencia a través de un incidente de nulidad ante el propio Supremo y un posterior recurso al Constitucional donde reclamara la suspensión cautelar de su ejecución. Ha decidido no alargar la agonía y retirarse.

En la carta remitida, García Ortiz explica que considera que su salida -que decide antes de que se imponga su cese- "es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española". "En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional", agrega. "Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", concluye.

De momento y hasta que el Ejecutivo proponga a su sustituto, la dirección de la Fiscalía queda en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que defendió en el juicio su inocencia. El nuevo (o nueva) fiscal general será designado para cuatro años, pero cesa cuando cese el Gobierno que le nombre, es decir, ejercerá el cargo hasta el fin de la presente legislatura, que se alargará como máximo hasta julio de 2027. Podrá optar a la renovación si el PSOE vuelve a gobernar tras las próximas elecciones.

Con la vista en el TC

La decisión del Supremo de inhabilitarle por revelación de datos secretos ha recrudecido el enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el poder judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este domingo que "acata la sentencia" aunque considera que ha quedado acreditada su inocencia "por parte de periodistas de reconocido prestigio" que declararon que "nada tiene que ver con los delitos que se le imputan".

"A mí no me habrán escuchado decir que vamos a controlar la Sala Segunda por la puerta de atrás. Respetamos y acatamos, pero dejamos clara nuestra discrepancia sobre la orientación de esta sentencia", agregó. "En una sociedad democrática quedan dos cosas que hacer. La primera, poner en marcha el procedimiento de sustitución, y la otra es dirimir los aspectos de esta sentencia que puedan ser controvertidos en otras instancias jurisdiccionales", ha resaltado, dejando la puerta abierta a que el Constitucional pueda corregir la decisión, una vía a la que ya apuntó Félix Bolaños. Sánchez no quiso adelantar ni el nombre ni el perfil del sustituto y se ha limitado a decir que será una persona de "reconocido prestigio y dilatada trayectoria".