El PP pide que 'el uno', Pedro Sánchez, declare como testigo en el juicio contra Ábalos

El escrito presentado por el PP de cara al primer juicio contra José Luis Ábalos trae sorpresas. En representación de todas las acusaciones personadas en el caso Koldo, el partido solicita que se cite a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el juicio por la trama de las mascarillas, a punto de abrirse en el Tribunal Supremo. Además, la formación reclama que acudan a la vista oral para declarar la vicepresidenta María Jesús Montero y la portavoz del grupo municipal socialista y exministra de Industria, Reyes Maroto.

Los tres forman parten del listado de 62 testigos propuestos que se separan por bloques. La citación del presidente se produce en el marco de los hechos sobre el rescate de Air Europa. Ábalos está acusado de intermediar a instancias del empresario Víctor de Aldama -entonces a sueldo del consejero delegado de la compañía aérea- con el Gobierno central y, en concreto, promover la publicación de una nota de prensa por parte de su Ministerio. La nota fue emitida el 8 de agosto de 2020 y en ella se anticipaba la posición favorable del Gobierno y se expresaba el progreso de las gestiones para que Air Europa obtuviera la correspondiente financiación pública.

Un día antes, el 7 de agosto de 2020, Ábalos adelantó por WhatsApp a Koldo el contenido de la nota y este lo remitió por el mismo medio Aldama, quien, a su vez, lo envió a Hidalgo. El gesto tranquilizó a los acreedores al mostrar que el rescate que garantizaría el futuro de la compañía aérea estaba encarrilado. La gestión fue posteriormente fue compensada por el empresario con el pago del alquiler del chalé de Marbella (Málaga) en el que el exnúmero dos del PSOE disfrutó de unas vacaciones en familia. Los mismos hechos se cuentan entre los que destaca la Fiscalía Anticorrupción en su propio escrito.

Durante la instrucción, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó que Aldama, "se valió de su relación con Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa", una ayuda que ascendió a 435 millones de euros procedentes de fondos públicos, y que en las presuntas gestiones para salvar a la aerolínea intervino directamente el presidente del Gobierno. En mensajes intervenidos, Aldama se refería a él como "el 1".

Montero y Maroto

Además de la testifical de Sánchez, las acusaciones reclaman que acuda al juicio Montero, en relación, en este caso, con las gestiones de Aldama con su jefe de gabinete, Carlos Moreno, para lograr el aplazamiento de una deuda tributaria de una de sus empresas. A cambio de esta ayuda habría recibido 25.000 euros, según asegura el empresario. En el caso de Maroto, su presencia se reclama en relación con las gestiones realizadas por el que fuera su ministerio con los principales imputados de la trama de los hidrocarburos que trataban en aquel momento de agilizar la obtención de una licencia como operadora de hidrocarburos de la empresa Villafuel.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha propuesto casi 40 testigos, entre ellos Moreno, Javier Hidalgo, el ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura y la que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. De cara al juicio, el Ministerio Público solicita una pena de 24 años de prisión para Ábalos, 19 y seis meses para su asesor, Koldo García y 7 para Aldama. En el caso de la acusación, las penas se elevan hasta los 30 años en los dos primeros casos.

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Este primer juicio se centrará en el cobro de sobornos por parte de Ábalos y Koldo García durante el tiempo que desempeñaban cargos en el Ministerio de Transportes. Esos sobornos eran un pago en respuesta a que administraciones socialistas adjudicaron contratos públicos millonarios a una empresa llamada Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario durante la pandemia. Aldama era el nexo entre esa empresa y el Ministerio de Ábalos.

“Existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados don José Luis Ábalos y don Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos”, decía el juez en el auto por el que transformó las diligencias en procedimiento abreviado.

El juez definía como una "organización" la conjunción de intereses y papeles desempeñados por Ábalos, Koldo y Aldama. “Organización, además, con una innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que habría estado operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partían, sin embargo, de una misma estructura”.