Vox toma la delantera contra la tasa de basuras y prepara una oleada de recursos judiciales

Vox ha tomado la delantera en la reacción política contra la tasa de basuras. El partido de Santiago Abascal continúa con su estrategia de oposición en los tribunales y ya ha presentado tres recursos contra el polémico impuesto en Madrid, Granada y Pozuelo de Alarcón. La previsión, según fuentes de la formación, es ampliar la ofensiva a todo el país y hacer lo propio en numerosos municipios durante los próximos meses.

La formación ultraconservadora enmarca el gravamen, implantado por todos los ayuntamientos de España tras el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez, en el "fanatismo climático" y las políticas verdes de Bruselas. Bambú utiliza la tasa y las Zonas de Bajas Emisiones en grandes ciudades para alimentar la teoría de que el PP y el PSOE realmente son lo mismo e impulsaron juntos estas medidas en el Parlamento Europeo.

Vox combina la acción judicial con la política frente a la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El partido ha presentado distintas proposiciones, tanto en el Congreso de los Diputados como en los parlamentos autonómicos, para solicitar la eliminación del tributo bajo el argumento de que es una "imposición confiscatoria disfrazada de conciencia ecológica".

Las críticas al llamado tasazo de basuras, también formuladas por los inspectores de Hacienda Local, tienen que ver sobre todo con el "caos" y la "desigualdad" que supone, ya que la norma no da ninguna indicación y cada ayuntamiento ha hecho su propio cálculo sobre el importe a abonar.

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La tasa media anual, según estudios como el de la Fundación ENT, oscila entre los 57 euros de Toledo y los 288 euros de Valencia. En unos casos se aplica en función del consumo de agua, como en Málaga, o del valor catastral de la vivienda, como ha hecho Madrid. Pero la realidad es que su puesta en marcha es un quebradero de cabeza y José Luis Martínez-Almeida ya anunció que la modificará para el próximo ejercicio. Todo, mientras los recursos judiciales se suceden desde distintos frentes.

Vox recuerda que el principio de 'quien contamina paga' —incluido en la ley— no se cumple y además ni siquiera cubre el coste de la gestión de basuras, como supuestamente iba a ser. "Anticipa nuevas subidas en los próximos años", dice el partido de Abascal, que califica la implantación del tributo como "caótica, desigual y opaca". "Cada municipio interpreta la ley a su manera, sin criterios comunes, sin transparencia en el cálculo de la tasa y sin mecanismos de compensación para las familias más vulnerables. El resultado es una profunda desigualdad territorial, inseguridad jurídica y un creciente malestar social", añade en una de las mociones.

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Las proposiciones, que instaban a revocar tanto las tasas como las Zonas de Bajas Emisiones, no han salido adelante. Las últimas, esta semana en el Congreso y la Asamblea de Madrid, con el voto en contra del PP, el PSOE y todos sus socios. Los populares, preguntados por este diario, destacan su rechazo al impuesto, pero recuerdan que hasta que se diga lo contrario, los ayuntamientos están obligados a aplicarla. La formación descarta en principio la vía judicial y esperará al dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre una de las denuncias presentadas.

Posibles cambios

La previsión es que las denuncias de Vox sean solo una parte del tsunami de recursos. La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL), que ya advirtió de los problemas que supondría, propone una fórmula fija para intentar que el gravamen sea más justo.

La entidad, como informó este periódico, plantea que haya una parte fija, según parámetros de capacidad económica, y otra variable, relacionada con el volumen de residuos, para cumplir con el principio de la ley de que 'quien contamina paga'. La fija sería en función del valor catastral del inmueble, el valor de referencia o la superficie de uso residencial, cubriendo hasta un 80% de la tasa hasta 2030 y reduciéndose progresivamente hasta el 50% antes de 2035. La variable tendría en cuenta el peso de los residuos generados y entregados para el reciclaje.