Terremoto en el Gobierno por su derrota judicial: la condena al fiscal puede ser solo la primera

La condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general no es solo una condena contra Álvaro García Ortiz. Lo es también para el propio Gobierno o así lo han sentido en Moncloa. Las connotaciones políticas del caso, presentes desde el origen de la propia filtración que ha desembocado en su inhabilitación para continuar en el cargo, alcanzan también a su desenlace. La lectura más directa es que la decisión supone una derrota para el Ejecutivo en su primera gran batalla judicial. Un primer fracaso en un camino repleto de minas en el que está prevista la celebración de hasta tres nuevos juicios en los próximos meses en casos que afectan de forma directa al entorno más cercano a Pedro Sánchez.

Los socialistas se apresuraron a sugerir una intención también política en la decisión del TS. Sus socios subieron aún más el tono para vincular la resolución con el aniversario de la muerte de Franco, reeditando el ya famoso 'fachas con toga' con nuevos epítetos aún más insultantes. La división brutal que ha provocado el caso se exacerbó un paso más con acusaciones desde la oposición de manoseo por parte de los de Pedro Sánchez de las instituciones para ponerlas al servicio del presidente y peticiones de dimisión. El rumor creciente es que el Gobierno no dudará en recurrir al indulto para salvar a uno de los suyos.

Esa misma división ha alcanzado también a la decisión final. Las dos magistradas consideradas progresistas -Ana Ferrer y Susana Polo- se han desmarcado de sus compañeros que han quedado inmediatamente colocados no ya en la categoría de conservadores sino también en la de facilitadores del fin de la era Sánchez. Poco importan sus antecedentes o detalles como que, uno de ellos, Juan Ramón Berdugo, fuera el ponente de la sentencia de la Gürtel en el TS. De la misma Gürtel que expulsó a Mariano Rajoy de la presidencia.

El tribunal ha necesitado solo seis días para alcanzar un fallo en que se queda en un punto intermedio en el rango previsto por el delito de relevación de secretos. De la multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años contemplada en la ley, la mayoría de los magistrados que le juzgaron se han decantado por la mínima sanción, mientras que la inhabilitación queda justo a mitad del camino, los dos años. Se ha descartado también el daño "grave" y la decisión queda muy lejos de la solicitud de penas de prisión que lanzaron las acusaciones, en algunos casos de hasta seis años.

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Poco importa. El verdadero mazazo lo constituye la retirada de la capacidad para ejercer cargo público. El Supremo arranca los galones de fiscal general a García Ortiz y obliga al Ejecutivo a buscar otra persona de su confianza para llevar las riendas del Ministerio Público en el peor momento posible, con un horizonte en el que ya está previsto para el próximo febrero el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, la primera vista contra José Luis Ábalos y su trama del Ministerio de Transportes es casi un hecho y el juez Juan Carlos Peinado ultima los flecos para llevar a Begoña Gómez ante un jurado.

Una persona clave

La persona escogida será clave en los meses más calientes para los tribunales. Curiosamente, en las quinielas que empezaron a circular prácticamente minutos después de que el Gobierno anunciara que nombrará un recambio -mientras le agradecía a García Ortiz los servicios prestados- se encuentra el nombre de una de las juezas disidentes, Ana Ferrer. Ferrer ya fue la preferida del Ejecutivo para presidir la Sala y perdió la mano contra Andrés Martínez Arrieta, que ahora redactará la sentencia. Cosas veredes.

En las quinielas para suceder a García Ortiz que circularon después del fallo está el nombre de una de las juezas disidentes, Ana Ferrer

La sentencia aún no está siquiera redactada, pero todo apunta a que, en la decisión de los magistrados, ha tenido especial peso la decisión directa del fiscal general de elaborar una nota de prensa en la que se especificaba que el novio de Isabel Díaz Ayuso no solo quiso pactar, sino que reconocía la autoría de los dos delitos por los que se le estaba investigando. Además de ordenar que se emitiera ese comunicado, participó de forma directa en su elaboración y presionó para que se difundiera de forma urgente.

Durante el juicio se repasó, además, la filtración a los medios del correo clave de la defensa de Alberto González Amador, cuyo contenido fue publicado por la cadena Ser en primer lugar y difundido después por El Plural, El País o ElDiario.es. Todos los periodistas de estos medios que comparecieron negaron que García Ortiz se lo facilitara, pero se negaron a identificar a la fuente. La duda no se despejó y esa falta de certeza sumada a su empeño con el comunicado oficial no ha ayudado tampoco a García Ortiz.

El aún fiscal general tiene tiempo por delante y opciones de pelear. La sentencia no podrá ejecutarse hasta que sea firme y, si opta por presentar un incidente de nulidad, aún tardará varias semanas. Su destino final será, sin duda, el Tribunal Constitucional donde tiene la opción de pedir una suspensión cautelar de los efectos del fallo hasta que este se pronuncie.