El juez convoca el jueves a Ábalos y Koldo para decidir si los manda a prisión

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha convocado para el próximo jueves 27 de noviembre al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García para celebrar la vista de medidas cautelares en las que tendrá que decidir si los manda a prisión. La decisión del magistrado se produce después de que la Fiscalía haya pedido revisar su situación tras solicitar para ellos 24 y 19 años de cárcel, respectivamente por la trama de las mascarillas.

Según ha informado el departamento de prensa del alto tribunal, el jueves se celebrará la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al efecto de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares para ambos que han solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa.

La Fiscalía ha presentado esta semana su escrito de calificación para la primera de las causas derivadas del llamado caso Koldo. Pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y seis meses, y el empresario Víctor de Aldama, para el que pide 7. Además, reclamó al juez que celebre una vista de medidas cautelares para decidir si el exministro y su asesor deben entrar en prisión ante la cercanía del juicio en su contra.

Opinión

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En el caso de José Luis Ábalos, la petición de cárcel se desglosa en los siguientes delitos: organización criminal (7 años), cohecho (6), uso de información privilegiada (2), dos delitos de tráfico de influencias (4), y malversación de caudales públicos (5). Así lo detalla el escrito del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, el investigador al que puso en su diana la presunta cloaca al servicio del PSOE que integraba Leire Díez.

Acusaciones populares

Por su parte, las acusaciones populares personadas en el caso Koldo reclamaron este jueves al Tribunal Supremo una pena de 30 años de prisión para el exministro. Reclama para Koldo García la misma pena, 30 años, y 7 para el empresario Víctor de Aldama.

El ministerio público incluyó la solicitud de vistilla en la parte final del escrito donde, además, reclamó que se abra pieza separada de responsabilidad civil para "asegurar la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de la causa", con el objeto de que se les reclame una fianza aún por cuantificar.

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De hecho, el juez ya se lo advirtió a ambos después de su última comparecencia. En el auto en el que argumentó su decisión de dejarles en libertad, apuntó a que eso de esquivar la cárcel podía dar un vuelco. Dijo que el riesgo de fuga resulta "creciente" conforme se acerca el juicio y, por tanto, podrá "justificar" medidas "más gravosas" como la prisión preventiva "en lo porvenir".

Esta pieza del caso tiene que ver con la concesión de contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia a una empresa que se llama Soluciones de Gestión. Aldama trabajaba para esa empresa y accedió a Ábalos por medio de Koldo García. La empresa se benefició con cerca de 50 millones de euros procedentes de administraciones gestionadas por el PSOE y a cambio el empresario pagaba comisiones ilegales al ministro y su asesor. La trama corrupta también asumió los gastos de las mujeres que acompañaban a Ábalos, como el pago del alquiler de un piso en plena Plaza de España de Madrid.