Las acusaciones piden 30 años de cárcel a Ábalos y Koldo por el caso mascarillas

Las acusaciones populares personadas en el caso Koldo han reclamado este jueves al Tribunal Supremo una pena de 30 años de prisión para el exministro por la trama de las mascarillas. Esta es la primera parte de la investigación que el juez del Tribunal Supremo separó del resto del llamado caso Koldo para poder llevarla a un juicio que se celebrará previsiblemente el próximo año. La solicitud se suma a la realizada por la Fiscalía Anticorrupción que ha reclamado 24 para el socialista.

El escrito, que firma el PP en representación de todas las acusaciones, atribuye al exministro de Transportes delitos de integración en organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación y en concepto de inductor de dos delitos de prevaricación administrativa. Reclama para Koldo García la misma pena, 30 años, y 7 para el empresario Víctor de Aldama, la misma pena que solicita el Ministerio Público.

Además, en la misma línea de la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones reclaman que se celebre una vista de medidas cautelares para revisar su actual situación de libertad. El magistrado ya avisó en su último auto de que el riesgo de prisión se incrementa ante la cercanía del juicio. Más aún ante peticiones de prisión tan elevadas. Si el magistrado atiende la solicitud tendrá que decidir si les envía a la cárcel una vez se dicte la apertura de juicio oral. El PP avanza que reclamará que ambos sean encarcelados de forma preventiva.

Este es el caso en el que se investiga el cobro de sobornos por parte de Ábalos y Koldo García durante el tiempo que desempeñaban cargos en el Ministerio de Transportes. Esos sobornos eran un pago en respuesta a que administraciones socialistas adjudicaron contratos públicos millonarios a una empresa llamada Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario durante la pandemia. El empresario Víctor de Aldama era el nexo entre esa empresa y el Ministerio de Ábalos.

TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía pide 24 años para Ábalos y que el juez decida en una vista si debe entrar en prisión

Alejandro Requeijo Beatriz Parera

“Existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados don José Luis Ábalos Meco y don Koldo García Izaguirre, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos”, decía el juez en el auto por el que transformó las diligencias en procedimiento abreviado.

Eran una "organización"

El juez definía como una “organización” la conjunción de intereses y papeles desempeñados por Ábalos, Koldo y Aldama. “Organización, además, con una innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que habría estado operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partían, sin embargo, de una misma estructura”.

El juez Leopoldo Puente abordaba otros aspectos de las actividades de Ábalos y Koldo, como la colocación de la novia del ministro en un cargo con sueldo público: “Ciertamente, tanto el señor Ábalos como el señor García Izaguirre promovieron la contratación en sendas empresas públicas de doña Jessica Rodríguez, con pleno conocimiento y constancia de que la misma, una vez conseguido por el viciado método descrito el puesto de trabajo apetecido, no acudiría, y efectivamente no acudió, en una sola oportunidad a desempeñar actividad profesional de ninguna clase, pese a lo cual percibió de manera regular e ininterrumpida los salarios correspondientes”.

El juez también incluía las gestiones realizadas por los investigados "para favorecer las entrevistas orientadas a lograr un aplazamiento de la deuda tributaria de una de las empresas de Aldama". Esas gestiones fueron ante el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.