El Gobierno abona la tesis de una sentencia política al pedir que no se desconfíe de la Justicia

El choque entre el Gobierno y el Tribunal Supremo se agrava con la sentencia del juicio al fiscal general del Estado. Primero, fue la decisión de no amnistiar a Carles Puigdemont por el delito de malversación y, ahora, la condena de dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz.

La Moncloa, que ha defendido siempre su inocencia, "respeta" la resolución del Supremo, pero "no la comparte" y en los próximos días iniciará el proceso para elegir a un nuevo jefe o jefa de la Fiscalía.

A la espera de conocer el fallo completo, el Ejecutivo despide a García Ortiz con todos los honores. Reconociendo su labor "en defensa de la verdad y la ley" en su etapa al frente del Ministerio Público. Y con una declaración institucional del propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, para agradecerle los servicios prestados y valorar una sentencia histórica.

El Gobierno asume que tiene el "deber legal de respetar" la decisión del Supremo pero también, señaló el ministro, el "deber moral" de decir públicamente que no está de acuerdo con ella. Por eso, Bolaños ha querido mandar esta tarde una "reflexión" a los ciudadanos que, al igual que el Ejecutivo, no comulgan con el fallo. "La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia", defendió. "España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial", añadió.

La Moncloa inocula de esta manera el virus social de que se trata de una resolución política, que ha salido avalada con el apoyo de cinco magistrados conservadores y dos progresistas. La propia petición de que no se dude del fallo supone el reconocimiento de que existen razones fundadas para hacerlo.

En la misma línea, Bolaños aprovechó para mostrar su respaldo a los periodistas, los inspectores de Hacienda y los fiscales porque, dijo, a lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado "poner en duda su labor". Un nuevo aval al trabajo de García Ortiz y de quiénes le han apoyado dentro del Ministerio fiscal, y a los funcionarios que detectaron el fraude fiscal, que dio origen a esta causa, de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en el Congreso de presentación de la serie de televisión basada en la novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante, sobre el golpe de Estado del 23-F, pronunció unas frases que se pueden relacionar directamente con el fallo contra el fiscal general. "La democracia se puede perder en un instante". "Es un privilegio que hay que defender cada día. La amenaza sigue ahí". "También nuestro deseo de neutralizarla. De defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con derecho de tutelarla y amordazarla", aseguró, en lo que podría interpretarse como un mensaje velado a los jueces.

El Gobierno siempre ha considerado una "cacería" la investigación contra él y la apertura de juicio oral. Más, si cabe, la condena de inhabilitación. Desde el principio, relacionaron todo este proceso con la irritación de los jueces de la Sala Segunda del Supremo con la ley de amnistía, a que se sintieron "agredidos" por el hecho de pactar una nueva investidura de Pedro Sánchez con la promesa del perdón por los delitos del desafío independentista, que ellos mismos habían juzgado.

Sánchez debe escoger ahora al sustituto de García Ortiz que, avanzan, "será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho, como exige la propia legislación. El presidente acumula así, en apenas unos días, dos sonoras derrotas: el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán, que atornilla aún más lo indicios contra él por cobro de mordidas, y la sentencia contra el fiscal general.

En Moncloa albergaban esperanzas de que al final fuera absuelto. A la proclamación de su "inocencia" durante todos estos meses se sumó recientemente, en pleno juicio, las manifestaciones del propio presidente, en una entrevista a El País, en las que insistió en que no había nada contra él.