El Supremo condena al fiscal general a dos años de inhabilitación por revelar secretos

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados e impone, con su fallo, su salida de la jefatura del Ministerio Público. En concreto, la mayoría de los magistrados -5 a 2- han apoyado una pena de inhabilitación especial para el cargo por tiempo de dos años, a la que se suma una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, es decir, 7.200 euros. Además, le imponen el pago de las costas procesales y una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros por daños morales.

La decisión se ha adoptado por cinco votos frente a dos, con la discrepancia de las magistradas Ana Ferrer García y Susana Polo, que redactarán votos particulares. La ponencia cambia así de manos y la sentencia será redactada por el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Para conocerla, habrá que esperar. De momento solo se conoce el fallo, que se ha anticipado por el alto tribunal.

La decisión se ha alcanzado en tiempo récord tras un juicio en el que el jefe de la Fiscalía defendió su inocencia y se desvinculó de la filtración de los correos de la defensa del novio de Ayuso, que trataba de alcanzar un pacto de conformidad en el caso en el que se le investiga por delitos contra la Hacienda Pública. Pese a ello, García Ortiz asumió la responsabilidad de la nota de prensa emitida en la que se reflejaba de forma concreta que la pareja de la presidenta de Madrid asumía la autoría del fraude fiscal.

Los hechos analizados se desarrollaron en mayo del pasado año. Después de que el diario El Mundo publicara que la Fiscalía había propuesto a González Amador pactar, se produjo un excepcional movimiento de llamadas durante la noche del 13 de marzo en las que el fiscal general exigía tener acceso a los correos intercambiados entre su abogado y el fiscal del caso. El correo clave, en el que la defensa del empresario reconocía que "ciertamente" se habían cometido dos delitos fiscales, acabó publicado por la cadena Ser y otros medios como El País, El Plural y ElDiario.es. Se abrió así, una batalla por el relato que culminó con la elaboración de una nota oficial.

Unas horas después se decidió con urgencia la elaboración de un comunicado que incluyó en su segundo punto una afirmación muy concreta que le provocó a González Amador un especial daño. En el se decía: "El día 2 de febrero de 2024 el letrado defensor de D. Alberto González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid (12:45 horas) para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor, reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021".

El Gobierno y el PP

La decisión supondrá la salida del fiscal general y su sustitución a propuesta del Gobierno. Coincidiendo con la celebración del juicio, Pedro Sánchez aseguró que creía en su inocencia y esperaba su absolución. Hace meses, incluso, llegó a exigir que se pidiera disculpas al fiscal general. El fallo ha caído como una bomba en un Ejecutivo que lleva meses apuntando a la existencia de una guerra judicial en su contra. No será hasta que se publique la sentencia cuando se conozcan los motivos exactos que han llegado al tribunal a adoptar esta decisión.

La Moncloa aseguró en un comunicado que "respeta" la resolución del Supremo aunque no la "comparte". Ratificó que en los próximos días iniciará el proceso para elegir a un nuevo jefe de la Fiscalía, y despiden a Ortiz reconociendo su labor "en defensa de la verdad y de la ley".

Opinión

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Nacho Cardero

El PP ha salido en tromba contra el Gobierno tras el fallo del Tribunal Supremo. Múltiples dirigentes apuntan de forma directa a Pedro Sánchez, que ha defendido en múltiples ocasiones la "inocencia" de Álvaro García Ortiz. La última vez lo hizo de forma abierta el pasado 9 de noviembre en una entrevista para El País. "Creo que la verdad acabará imponiéndose", apuntó el jefe del Ejecutivo. "El Gobierno continúa creyendo en su inocencia".

La histórica decisión del Alto Tribunal ha llevado al primer partido de la oposición a exigir responsabilidades inmediatas al presidente del Gobierno por respaldar a un fiscal general ahora condenado. En primera instancia, Feijóo exigió a Sánchez que "evite un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles". "Tiene que dimitir y convocar elecciones. No hay más", agregó, por ejemplo, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz. "La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir", apuntó también el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

Isabel Díaz Ayuso también se pronunció en X y puso el acento en la repercusión internacional de la condena, con la denuncia habitual de que el Estado utilizó medios públicos para atacar a un rival político. "Toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular. En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo. Hoy el mundo sabe lo que está pasando en España", subrayó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En Sol han recibido la sentencia como una victoria casi personal, tras meses de ofensiva contra el fiscal general. Fuentes cercanas a la dirigente popular señalan que está "muy satisfecha" y califican el episodio como un "éxito sin precedentes de la democracia". "Un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", subrayan estas voces.

Vox, por su parte, convocó una rueda de prensa urgente en el Congreso en el que su portavoz, José María Figaredo, reclamó la convocatoria inmediata de elecciones generales y parafraseó a un Sánchez que en su día se preguntó "quién va a pedir disculpas y quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado" si se demostraba su inocencia. "¿Quién va a pedir perdón a los españoles? ¿Va a salir Sánchez?, cuestionó el dirigente. Este mismo jueves por la tarde, Sánchez acudirá al Congreso de los Diputados para asistir a un acto con motivo de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

García Ortiz tiene ahora una última opción para tratar de contestar a la condena ante el propio Supremo. Podrá presentar un incidente de nulidad como paso previo a acudir al Tribunal Constitucional. Como última carta podría solicitar a la corte de garantías que, de forma cautelar, suspendiera la ejecución de la condena hasta que resolviera sobre el recurso contra este fallo.