El TC abre ahora una vía para investigar a la Guardia Civil por agresiones el 1-O

Han pasado ocho años desde el referéndum de independencia del 1 de octubre en Cataluña, pero hay asuntos aún por aclarar. O al menos eso es lo que piensa el Tribunal Constitucional. El pleno de esta semana tiene previsto abordar una propuesta de sentencia de la magistrada Laura Díez en la que se apuesta por investigar a la Guardia Civil. En concreto, la resistencia del Cuerpo a ofrecer la identificación de aquellos agentes que participaron en el dispositivo desplegado en uno de los colegios donde se produjo la votación.

Pese a la aprobación de la ley de amnistía -que el TC ha considerado constitucional y en la que se exonera a los integrantes de la fuerza policial por las cargas durante el referéndum-, la magistrada progresista considera que no se puede hacer borrón y cuenta nueva respecto a lo sucedido en una de las múltiples investigaciones abiertas en su día. Las pesquisas sobre los hechos de la localidad barcelonesa de Callús fueron archivadas no por falta de indicios de criminalidad, sino porque no se logró aclarar en plazo quiénes eran los presuntos autores materiales.

La investigación judicial arrancó pocos días después del 1-O. Los demandantes interpusieron ante el Juzgado de Guardia de Manresa (Barcelona) una denuncia por la posible comisión de varios delitos de lesiones, contra las garantías constitucionales y contra la inviolabilidad del domicilio por parte de los agentes policiales que accedieron al interior de la escuela pública Joventut. Dicha denuncia se acompañaba de distintos vídeos e imágenes, y en ella se solicitaba la práctica de diferentes diligencias dirigidas a esclarecer los hechos denunciados.

El juzgado se dirigió al instituto armado, que aportó un informe sobre las actuaciones realizadas, en el que se identificaba al capitán al mando del operativo y a varios agentes que eran los encargados de incautar las urnas utilizadas para la celebración del referéndum, pero no a aquellos que se destinaron a contener a la población que intentaba votar pese a que los comicios habían sido declarados ilegales.

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Tanto Manresa como, posteriormente, la Audiencia Provincial consideraron excesivas distintas solicitudes que fue presentando la defensa de los agredidos, nueve personas en total con heridas de poca consideración. El juzgado determinó que los perjudicados no habían podido identificar a los agentes agresores y que los fotogramas extraídos de las imágenes aportadas solo mostraban la cara de alguno de ellos, sin que se pudiera concretar su participación. Rechazó tomar declaraciones sin conocer la participación concreta de cada uno.

La Audiencia explicó, por su parte, que no se habían identificado “conductas individualizadas atribuibles a autores concretos que puedan ser calificadas como actuación desproporcionada y de exceso policial” y que, por tanto, tampoco se podían atribuir a algunos agentes por omisión. La causa no se declaró compleja y acabó archivándose en el plazo fijado sin que llegara a aclararse la autoría.

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La ponencia de Díez propone ahora conceder un amparo parcial a los recurrentes y que las actuaciones se retrotraigan para que puedan desarrollarse las diligencias de identificación que reclamaron y no llegaron a acordarse. La magistrada considera que resultó vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes. Se requería -dice- un examen no solo dirigido a comprobar si la actuación de la Guardia Civil fue proporcional, sino también a la identificación efectiva de los autores del posible exceso policial.

Falta de cooperación

Deja caer la sospecha de que hubo una falta de colaboración por parte de las autoridades. Destaca también el hecho de que la causa no fuera declarada compleja, algo que ayudó -indica- a que no hubiera tiempo para que la identificación se llevara a cabo durante la fase de instrucción, lo que acabó justificando una decisión de archivo por falta de autor conocido.

En el caso de que la propuesta de sentencia de la ponente obtuviera el respaldo de la mayoría progresista y la identificación llegara a practicarse, los efectos penales sobre los agentes serían nulos, dado que a la amnistía declarada en la ley se une la prescripción de los hechos. Fuentes jurídicas del bloque conservador consultadas ven en la iniciativa un ánimo de señalamiento que no es inocente. La Guardia Civil, y sobre todo la Unidad Central Operativa (UCO), se encarga como fuerza actuante de las principales investigaciones que rodean al entorno del Gobierno