Transportes adjudica una línea arrasada por la dana a una empresa que tenía a sueldo a Koldo

El Ministerio de Transportes adjudicó a dedo un contrato de la dana de Valencia a una constructora que tuvo a sueldo a Koldo García. Hace justo un año, en noviembre de 2024, Adif encargó a Azvi SA las obras de reparación de la infraestructura afectada en el tramo Buñol-Utiel de la línea C3 de Cercanías de Valencia. La adjudicación de emergencia ascendió a 14.951.244 euros. Ahora, la empresa pública acaba de modificar la formalización del contrato para apuntar que ha sido financiado con fondos europeos.

Azvi es una de las primeras empresas que señaló Víctor de Aldama por su colaboración con la trama Koldo en los documentos que aportó al Tribunal Supremo. Esta constructora fue señalada como una de las compañías que pagó comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. El Grupo Azvi contrató a Koldo García como asesor y consultor en 2023 para abrir nuevos negocios en Iberoamérica. El exasesor de Ábalos llegó a cobrar 6.000 euros al mes de esta compañía.

Su contrato se resolvió a los cuatro meses con la detención de Koldo y el estallido de todo el caso. Los pagos al exasesor se efectuaron a través de Erikapat Consultoría Internacional. Aldama reveló ante el Supremo que él y Koldo García organizaron reuniones entre el presidente de Azvi, Manuel Contreras, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero, imputado en la causa.

Contreras compareció ante el magistrado del alto tribunal, Leopoldo Puente, y desmintió las afirmaciones de Aldama, aunque reconoció haber tenido en nómina a Koldo García. Desde la empresa siempre han insistido en que "Azvi nunca ha pagado comisiones de ningún tipo ni ha obtenido contratos de obra pública a través de esas actividades ilícitas".

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Los audios de Koldo García, sin embargo, volvieron a poner sobre la mesa el nombre de la constructora. "A Víctor no le habrás comentado nada de facturas de 6.000 euros de Azvi ni nada por el estilo, ¿no?", se quejó el exasesor de José Luis Ábalos a la que parece ser su mujer, Patricia Uriz, en una nota de voz enviada en 2023.

Aldama también manifestó en el Supremo que "la compañía fue adjudicataria de varios contratos de obra pública licitada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que dirigió Don José Luis Ábalos entre 2018 y 2021". En los tres años de Ábalos como ministro, esta empresa logró 150 millones de euros en adjudicaciones.

Dinero europeo en la trama Koldo

En noviembre de 2024, Adif adjudicó numerosos contratos a dedo para reparar los daños producidos en la red de Cercanías por la dana de Valencia. Entre ellos se encuentra esta de más de 14 millones de euros a Azvi. Al haberse adjudicado por la vía de emergencia, el Ministerio de Transportes no ofrece información sobre los pliegos o las condiciones del trabajo que esta compañía debe llevar a cabo.

Se formalizó en abril de este año, pero hace escasos días ha sido modificada esta formalización para añadir la circunstancia de que este contrato será financiado por los fondos UE del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

No es la primera vez que el Ministerio de Óscar Puente utiliza fondos europeos en sus adjudicaciones a empresas vinculadas a la trama Koldo. Como adelantó El Confidencial, su Ministerio adjudicó 2,2 millones de fondos europeos a dos empresas que ya habían sido señaladas por Aldama y hoy están siendo investigadas en el Tribunal Supremo: Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

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En concreto, a OPR le adjudicó un contrato de 2.006.906 euros en UTE con Grulop 21 para la construcción de una pasarela peatonal en Granada. Transportes también adjudicó 1.963.056 euros a LIC por unas actuaciones en la autovía A-42 a su paso por Getafe.

Óscar Puente no tiene intención de dejar de adjudicar obra pública a empresas salpicadas por la trama Koldo. El ministro de Transportes lo manifestó públicamente tras las noticias de este periódico. Del mismo modo, su Ministerio respondió en el Congreso de los Diputados en una respuesta escrita que no podían evitar la participación de empresas imputadas en casos de corrupción en licitaciones públicas, a no ser que lo impidiera una resolución del Ministerio de Hacienda.

Puente también subvencionó con 40 millones de euros las obras del túnel de Belate que el Gobierno navarro de María Chivite adjudicó por 76 millones de euros a la UTE de Acciona y Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán poseía el 45% de las participaciones.