La trama del PSOE tenía una tarifa del 2% por obra amañada y quería pactar con el PNV para mantener su negocio

La trama del PSOE exigía una comisión del 2% por obra pública amañada. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado indicios que sitúan a Santos Cerdán en la cúspide de un entramado mercantil que se nutría de presuntos sobornos de constructoras y que se apoyó en otros dirigentes socialistas para manipular concursos de infraestructuras de toda España, según ha podido confirmar El Confidencial.

La organización criminal estaba tan vinculada al PSOE que necesitaba que el partido controlara las instituciones para poder operar. Los cabecillas de la red temieron en algunos momentos que Ferraz no fuera capaz de alcanzar acuerdos de gobierno con el PNV y que perdieran su capacidad para condicionar licitaciones, aseguran las fuentes consultadas. Pedro Sánchez gobierna con el apoyo del PNV desde junio de 2018. Por su parte, la socialista María Chivite preside el Ejecutivo navarro desde 2019 con los votos de los nacionalistas vascos.

El último informe de la UCO se centra en Cerdán pero arroja luz sobre el conjunto de la trama. Los agentes manejan indicios de que el exsecretario de Organización del PSOE utilizó una sociedad llamada Servinabar 2000 SL, creada en 2015 por el empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, para canalizar el cobro de comisiones ilegales. El propio Cerdán era dueño del 45% de las acciones de Servinabar 2000 SL desde junio de 2016, aunque mantuvo oculta esta conexión.

La mayoría de los sobornos se quedó en esta sociedad pero 1 millón de euros fue triangulado usando dos cooperativas opacas, Noran y Erkolan, constituidas en una asesoría fiscal de San Sebastián. En Noran figuraban como directivos Antxon Alonso y Koldo García Izaguirre. Los investigadores creen que este último ejerció de testaferro de Cerdán. En total, Servinabar 2000 SL transfirió a esta primera cooperativa al menos 732.000 euros.

El segundo vehículo, Erkolan, recibió otros 258.000 euros de Servinabar 2000 SL sólo entre 2019 y 2024. El grueso de ese dinero habría terminado en cuentas bancarias de la hermana de Cerdán, Belén, concejala del PSOE en Milagro (Navarra) y expresidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta de la comunidad foral. Erkolan le pagó una nómina durante años por realizar supuestas labores de administrativa. Un abogado cercano al PNV, Gotzon Gondra Elguezabal, dirigía esta otra cooperativa, como ya informó El Confidencial.

Acciona, el mejor cliente

La información intervenida indica que la organización tenía una tarifa estándar del 2% por proyecto adjudicado. Numerosas empresas abonaron ese precio, pero la principal pagadora de Servinabar 2000 SL fue Acciona, que transfirió casi 6 millones de euros a la mercantil de Cerdán entre 2015 y 2024 para asegurarse la concesión de equipamientos públicos, edificios singulares, carreteras y líneas de ferrocarril de alta velocidad de los gobiernos de Sánchez y Chivite. Esta última gobierna en coalición con Geroa Bai, la marca navarra del PNV.

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, el juez Leopoldo Puente, ordenó el pasado viernes nuevos registros después de analizar el informe sobre Cerdán. La UCO entró en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y se incautó de material de uno de sus directivos, Manuel José García Alconchel, director de Zona Sur y África de Acciona Construcción, y del director de esta misma división de la compañía de la familia Entrecanales hasta el pasado junio, Justo Vicente Pelegrini.

Los agentes también se llevaron documentación de empresas que ganaron licitaciones presuntamente amañadas tras presentarse en UTE con Acciona. Una de las constructoras registradas fue la madrileña Aquaterra Servicios Infraestructuras, que se adjudicó junto a Acciona un contrato de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos para edificar un tramo de la A-68 en La Rioja por importe de 123,4 millones de euros.

En paralelo, otros funcionarios de la UCO entraron en las empresas Tecade y Freyssinet, que obtuvieron en noviembre de 2020 un segundo contrato de la Dirección General de Carreteras para reformar, junto a Acciona, el Puente del Centenario de Sevilla con un presupuesto de 88 millones de euros, aunque el coste del proyecto va ya por 128 millones.

El empresario del PNV

Hay otros proyectos y compañías en el punto de mira de los investigadores. Un empresario próximo al PNV, Jon Iñaki Alzaga Etxeita, exconsejero de Euskaltel y presidente del Grupo Noticias, que edita varios diarios regionales en la órbita del nacionalismo vasco (Deia, Diario de Noticias de Navarra y Noticias de Gipuzkoa), logró un contrato del Gobierno de navarra para construir un colegio público en colaboración con el socio de Cerdán, Antxon Alonso, y de nuevo Acciona.

Los registros del pasado viernes afectaron a las sedes de Noran y Erkolan, las dos cooperativas que empleó el antiguo número 3 del PSOE para desviar el dinero de las comisiones ilegales a su círculo de confianza. Además de cohecho y tráfico de influencias, a los investigados se les atribuye el delito de pertenencia a organización criminal.

El juez Puente sospecha que, mientras una parte de la trama se encargaba del cobro de comisiones, una segunda rama que supuestamente lideraban Ábalos y otros dirigentes socialistas en Navarra se encargaba de adulterar materialmente los concursos para que ganaran las compañías corruptas. En esta segunda estructura sobresalen los nombres del exdirector general de Carreteras Javier Herrero y de la exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.