El PP lleva al Congreso una votación para que el Gobierno explique las órdenes dadas a Leire Díez

El Congreso de los Diputados decidirá este martes si el Gobierno da explicaciones sobre las órdenes que recibió Leire Díez del Partido Socialista para investigar a jueces, fiscales y periodistas molestos para los intereses de Pedro Sánchez. Será una nueva oportunidad para comprobar si el divorcio con Junts es definitivo o, como apuntan algunos, sigue habiendo derecho a roce. Los populares han registrado esta moción como consecuencia de la interpelación al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que dará explicaciones sobre su colaboración con la trama Koldo, desvelada en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El Confidencial ha accedido al contenido de esta moción, registrada hace pocos días, donde el PP incide en su punto tres en el papel de la fontanera del PSOE a raíz de las últimas noticias sobre la reunión que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa para conseguir información contra el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Precisamente, la persona al frente de las investigaciones por el caso Koldo y la trama de comisiones de Santos Cerdán.

De salir adelante esta moción, el Congreso de los Diputados exigiría "al Gobierno de España que dé explicaciones sobre las posibles indicaciones que desde Presidencia del Gobierno o los ministerios de Presidencia y Justicia o Interior se hayan podido proporcionar al núcleo de personas que, alrededor de la ex alto cargo de las empresas públicas Correos y Enusa así como ex militante socialista Leire Díez, se han dedicado a intentar sobornar, chantajear o extorsionar a personas del ámbito policial y judicial".

Una extorsión "para tratar de conseguir información contra los fiscales, jueces, magistrados o agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están encargados de investigaciones que afectan al Gobierno de España y al PSOE".

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En la reunión que mantuvo Stampa con Díez y su socio de las cloacas, el empresario Javier Pérez Dolset, presentaron a la fontanera como "la mano derecha" de Santos Cerdán. También afirmaron que reportaban directamente a Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Además, recabaron información contra uno de los magistrados del Tribunal Supremo que juzga al jefe del Ministerio Público, Manuel Marchena, y contra el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Informe Greco

La moción también incluye dos puntos relacionados con el informe de la UCO que demuestra que Víctor Torres se involucró personalmente en que la empresa vinculada a Víctor de Aldama cobrase millones de euros por mascarillas que no pasaron los controles de calidad establecidos. Uno de ellos pide a la Cámara Baja rechazar "toda conducta impropia de injerencia política sobre el personal al servicio de las administraciones públicas, que tenga como fin obtener o agilizar beneficios a particulares, empresas o partidos políticos ajenos al interés general".

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A su vez, se insta al Gobierno de España a que implemente de inmediato las "recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa en relación con la mitigación de riesgos de corrupción y conflictos de intereses en las personas con altas funciones ejecutivas del gobierno central (incluidos los asesores políticos)".