Puigdemont pide al TC que suspenda ya su orden de detención para poder regresar a España

Carles Puigdemont no quiere esperar más. En un escrito presentado ante el Tribunal Constitucional ha reclamado que se acuerde "con carácter urgente y preferente" la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión que mantiene activas en su contra el juez Pablo Llarena. Lo hace tras el pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE. Considera que si no se congela su arresto en caso de volver a España se le producirá "un perjuicio irreparable".

La reclamación, todo un reto al TC, agrega que la suspensión deberá mantenerse hasta que el tribunal dicte sentencia firme respecto a la aplicación en su caso de la ley de amnistía. El expresident catalán recurrió al órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido después de que el Supremo le dejara al margen de la gracia por considerar que la malversación en la que incurrió supuso un enriquecimiento personal. Este supuesto figura entre las exclusiones previstas en la ley de amnistía.

El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, también exige que se comunique la decisión "a los órganos judiciales y policiales competentes, nacionales y europeos, para garantizar la paralización total de cualquier actuación dirigida a ejecutar las órdenes impugnadas". Para respaldar su solicitud, indica que la unión de la constitucionalidad de la ley que decidió ya el TC y la opinión del abogado general Dean Spielmann -que avala el grueso de la ley de amnistía- provoca que la norma deba considerarse "plenamente eficaz y aplicable durante la tramitación del presente recurso".

"La coincidencia entre la jurisprudencia constitucional y el estándar europeo impone reforzar el fumus boni iuris y exige asegurar la protección cautelar para evitar daños irreparables. No existe duda jurídica razonable que justifique la persistencia de órdenes de detención en un escenario en el que tanto el Derecho nacional como el europeo avalan la eficacia inmediata de la ley", defiende.

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Añade también que la ejecución de las órdenes de detención produciría un perjuicio irreparable. "Afectaría de modo irreversible a la libertad personal, a la participación política del recurrente, al ejercicio de su mandato representativo y a su libertad de circulación". Dice que ese daño se produciría incluso en que caso de que la futura sentencia le diera la razón. "No podría reparar plenamente los efectos de una privación de libertad ejecutada antes de resolver el fondo del recurso, lo que privaría al amparo de su finalidad constitucional".

Duda, además, de la competencia del Supremo para decidir sobre su caso. "La persistencia de órdenes de detención dictadas por un órgano carente de competencia objetiva conforme a dicho estándar europeo agrava aún más el perjuicio irreparable que se pretende evitar: no sólo se produciría una lesión autónoma del derecho a la libertad personal y de los derechos político-representativos del recurrente, sino que esa lesión procedería de un tribunal cuya competencia ha sido cuestionada en términos claros y directos por el Tribunal de Justicia, lo que refuerza hasta el extremo la necesidad de acordar la suspensión cautelar para evitar una vulneración irreversible de derechos fundamentales".

Límites a su libertad de movimiento

La defensa de Puigdemont que ejerce el abogado Gonzalo Boye dice, además, que los perjuicios que menciona no son hipotéticos. "Durante años, el recurrente ha visto limitada su libertad de movimiento y su actividad institucional por órdenes de detención cuya validez ha sido jurídicamente desactivada por la ley y confirmada tanto por este tribunal como por el estándar europeo". "Mantener tales medidas en este contexto supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase", dice.

Agrega que a la constitucionalidad de la ley se añade ahora "la dimensión europea", incorporada por las conclusiones del Abogado General del TJUE. Este -destaca- afirma con rotundidad que la norma es plenamente compatible con el Derecho de la Unión. "Estas conclusiones -si bien no vinculantes formalmente- poseen una autoridad interpretativa indiscutible, pues el propio abogado general señala que la amnistía pertenece a “la competencia exclusiva de los Estados miembros” y que "la oportunidad, el alcance y el contenido de una amnistía quedan fuera del control del Derecho de la Unión".