Llegó el momento de la verdad para Leire Díez Castro. La fontanera del PSOE, que aspiraba a permanecer en segundo plano hasta que El Confidencial sacó a luz sus maniobras, afronta este lunes la primera consecuencia seria de sus actos. Está citada este lunes a las 11.30 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para declarar como imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Ella siempre defendió que actuaba como periodista de investigación. También dijo que iba a publicar un libro sobre hidrocarburos en el último tercio del año, aunque nunca desveló el nombre de la editorial. Esta coartada llega a la cita herida de muerte tras los audios aportados por el fiscal Ignacio Stampa al que intentó sobornar. Se presentaba a las citas diciendo ser la mano derecha del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con el que hay pruebas acreditadas de haber mantenido relación.
Pero las más de tres horas de grabación que aportó el fiscal, sumado a una batería de mensajes y 13 minutos de una llamada telefónica, acreditan que Leire Díez decía reportar de sus actividades a Cerdán, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Justicia, Félix Bolaños; y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Lo que desveló este periódico es que Leire Díez puso en marcha una operación para buscar datos comprometedores de investigadores al frente de las causas de corrupción que cercan al PSOE y al Gobierno. Así es como contactaron con el fiscal Stampa y el también fiscal José Grinda. Querían información del máximo responsable de la Fiscalía anticorrupción, Alejandro Luzón.
El tándem con Pérez Dolset
El Confidencial también desveló una cita en la que Leire Díez pedía a un procesado por corrupción datos del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas. En aquella reunión, al lado de Leire Díez, estaba el empresario Javier Pérez Dolset, quien también tendrá que declarar este lunes como imputado.
Pérez Dolset es una figura clave en esta trama porque representa la confluencia de intereses que se dieron cita en estas maniobras. Él no tenía especial interés en salvar al PSOE ni al Gobierno, pero sí en asentar el relato de la mala praxis de las fuerzas de seguridad del Estado. Él lleva años investigado por corrupción, pero dice ser una víctima. Dice que son más personas y se presenta como una especie de asociación de afectados.
Tanto en entrevistas públicas como en el audio de Stampa, es Pérez Dolset quien fija el punto de partida de esta trama. Se le oye explicar que cuando Begoña Gómez resultó imputada por corrupción, Leire Díez se puso en contacto con él para pedirle documentación del caso Villarejo. En concreto, estaba interesada en un presunto espionaje a Pedro Sánchez y a su entorno que nunca avalaron los tribunales. Según la versión de Dolset, Leire Díez lo enseñó en “su casa” y Pedro Sánchez dio la orden de “limpiar”.
Jacobo Teijelo
La investigación abierta por el juez madrileño Arturo Zamarriego servirá para explorar el grado de conocimiento que tenían las altas esferas del PSOE y el Gobierno. Hazte Oír es la asociación que presentó la primera querella y ya ha solicitado la imputación de Santos Cerdán.
En la causa también están personados como acusación popular otros partidos como Vox o el PP. El partido que lidera Santiago Abascal también ha solicitado la imputación del abogado Jacobo Teijelo, presente en la reunión celebrada en su despacho en la que pidieron datos sobre Balas. Actualmente, es el abogado de Santos Cerdán en el llamado 'caso Koldo'.
También han pedido personarse otros colectivos y afectados como el ex juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. También lo han hecho varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil.
Llegó el momento de la verdad para Leire Díez Castro. La fontanera del PSOE, que aspiraba a permanecer en segundo plano hasta que El Confidencial sacó a luz sus maniobras, afronta este lunes la primera consecuencia seria de sus actos. Está citada este lunes a las 11.30 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para declarar como imputada por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.