Febrero, el mes clave para Puigdemont tras el impulso del abogado general y a la espera del Tribunal Constitucional

Es evidente que el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE ha alentado la idea de un próximo regreso a España del expresident catalán Carles Puigdemont. Si se tratara de una obra teatral en dos actos, la representación estaría, sin embargo, a medio transcurso del primero. Para que la función acabe y el líder de Junts tenga la puerta abierta a una vuelta deben darse aún varios pasos que están pendientes. Todos confluirán en el próximo mes de febrero. O al menos ese es el calendario que se baraja en el partido independentista.

Para empezar, la opinión de Dean Spielmann supone un aval del grueso de la ley de amnistía, que aún no es definitivo. El partido independentista debe esperar ahora a que el TJUE dicte la sentencia definitiva para comprobar si asume su propuesta o no lo hace. Al respecto, se suele advertir que lo más frecuente es que se respete esta opinión, pero hay precedentes precisamente vinculados a Puigdemont en los que no se ha cumplido la norma. Ese fallo final se espera para finales de este año o principios de 2026.

Mientras esto sucede en el corazón de Europa, otro órgano, en este caso español, tiene en sus manos el botón definitivo que abriría las puertas al retorno del huido. El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre el recurso que presentó en contra de la decisión del Tribunal Supremo de excluirle de la aplicación de la amnistía. El juez Pablo Llarena entendió, con el aval posterior de la Sala, que el delito de malversación le deja fuera, dado que dio pie a un enriquecimiento personal en el significado jurídico del término.

En el Constitucional estaban muy pendientes de la opinión del abogado general. Una vez emitida, no parece que haya obstáculos que alteren los planes iniciales y dilaten los tiempos. El líder de Junts presentó su recurso este julio y el fallo que espera llegará a partir del próximo mes de enero, aseguran a El Confidencial fuentes jurídicas consultadas. Si, como todo apunta, la decisión del TC implica considerar que puede ser amnistiado, la pelota volverá al Supremo, pero él contará ya con garantías suficientes de que el encarcelamiento que le acecha si vuelve a Cataluña no se producirá.

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Marisol Hernández

Los dos factores sumados —el TJUE y el Constitucional— parecen irse colocando de forma que favorecen las pretensiones del catalán. De momento, el abogado general defiende que la ley de amnistía no es contraria al Derecho europeo, mientras que el Constitucional ya ha fallado que no es contraria la Carta Magna. Si este el tribunal de Luxemburgo compra el criterio de Spielmann y el TC acaba por hacer lo que todo el mundo sospecha, la ley de amnistía sería plenamente válida.

Puigdemont tiene activa una orden de detención, precisamente en aplicación de la ley de amnistía, que excluye liberar su responsabilidad en el punto en el que se encuentra. Si la exclusión de la malversación por el beneficio personal de naturaleza patrimonial queda desactivada por el Tribunal Constitucional con ocasión del recurso de amparo, será como sumar dos más dos. Cuatro.

El dictamen del abogado general

Respecto a las arcas de la Unión, la propuesta del abogado general especifica que el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) "no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la ley de amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la UE, puesto que no existe un vínculo directo entre esos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión".

Además, el abogado general acota que la Generalitat "no usó fondos procedentes del presupuesto de la Unión o administrados por ella" para convocar el referéndum del 1-O. Descarta también ampliar la interpretación como sugería la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal de Cuentas. Aprecia, eso sí, una vulneración en la letra de la ley en algunos aspectos. Por ejemplo, critica la obligación impuesta a los tribunales de resolver sobre la aplicación de la norma en un plazo máximo de dos meses. Lo mismo sucede con el levantamiento obligado de medidas cautelares.