El juez del caso Begoña archiva la causa contra la última alto cargo de Moncloa imputada

La secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, entró este domingo en el juzgado como imputada y salió sin ninguna causa pendiente. El magistrado Juan Carlos Peinado decretó el sobreseimiento libre de la causa contra ella, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. El juez había citado a las 17.30 horas a esta alto cargo de Moncloa por la contratación y el desempeño de las funciones de Cristina Álvarez como asesora de la mujer de Pedro Sánchez.

Peinado --que estaba de guardia este fin de semana-- llamó a la alto cargo de Moncloa para "informarla del objeto del procedimiento y darle traslado de los hechos que se le imputan", así como para "ser oída en declaración en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos". Es uno de los cinco delitos de la causa junto a la apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo.

El juez consideró que la declaración de Judit González no podía ser en calidad de testigo". A pesar de que ni siquiera las acusaciones populares habían pedido la imputación, Peinado entendía que se podía haber cometido "el delito de malversación, en la modalidad de comisión por omisión”. Es decir, que podría haber ordenado a la asistente de Begoña Gómez que dejase de participar en sus negocios privados, pero no lo hizo.

La citó en domingo porque uno de los abogados no podía asistir a la declaración inicialmente prevista para el pasado miércoles. El juez entiende que existe malversación de fondos si una empleada de Moncloa que cobra del erario público --en torno a 50.000 euros anuales-- dedica parte de su jornada laboral a participar de los negocios privados de Begoña Gómez.

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Las fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial detallan que la alto cargo de Moncloa solo contestó a las preguntas del juez y de su abogado, Daniel Campos. Tras una hora dentro del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Judit González salió con un archivo de las diligencias abiertas contra ella.

Señala al gabinete de Presidencia

La clave de la declaración y el archivo posterior fue que Judit González se afanó en explicar por qué ella no tenía conocimiento ni competencia sobre las actividades de la asistente de Begoña Gómez. Explicó que, como secretaria general de Presidencia, no tiene competencias administrativas. Como testimonios anteriores, insistió en que es un cargo eventual, de Nivel 26 adscrito no a la Secretaría General, sino al Gabinete de Presidencia.

A la hora de explicar las funciones de Cristina Álvarez, la secretaria general dijo que sus funciones consisten en organización y seguridad, tanto en España como en el extranjero. También mantener relaciones con otras instituciones, así como asistencia y asesoramiento técnico. Preguntada acerca de quién sería el responsable de cesarla, González replicó que la iniciativa sería la esposa del presidente, que tendría que elevar a la persona que coordina el Palacio de la Moncloa.

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Esta persona se llama Raúl Díaz, adscrito a la Secretaría General y que ya declaró como testigo en la causa. El archivo de las actuaciones en torno a Judit González convive, al menos de momento, con la imputación por los mismos hechos de su antecesor, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Marín Aguirre.

González se había convertido en la quinta persona imputada en la causa. Antes ella lo fueron Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez. También lo está Francisco Martín Aguirre, quien hasta 2023 desempeñó el mismo cargo que Judit González en la Moncloa. La lista la completa el empresario Juan Carlos Barrabés al que apoyó con dos cartas Begoña Gómez en un concurso público millonario adjudicado por el Gobierno.

El escrito de Fiscalía

La Fiscalía pidió este domingo el archivo de las actuaciones contra González en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial en el que incluye de nuevo ataques a la instrucción del juez. Dice, entre otras cosas, que está "mutando de una forma peculiar". Considera que no puede haber malversación en el nombramiento, pero tampoco en el desempeño de unas funciones que, a su juicio, no han provocado perjuicio al patrimonio público. Niega también que pueda haber responsabilidad 'in vigilando' en este caso de la secretaria general de Presidencia, cuando la asistente de Begoña Gómez no depende de ella.

A petición de la acusación que ejerce Hazte Oír, este domingo estaban citados también en calidad de testigos, entre otros, el presidente del Instituto de Empresa, Diego de Alcázar. Esta institución contrató a Begoña Gómez antes de que la esposa de Pedro Sánchez pasase a codirigir su cátedra. De Alcázar apenas permaneció unos minutos ante el juez y negó haber tenido relación alguna con Cristina Álvarez.

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El juez Peinado también citó a Miguel Escassi, responsable institucional y políticas públicas de Google, y a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Estos dos testigos apuntalaron los indicios que acreditan que la asistente de Begoña Gómez se implicó de manera directa en los negocios privados de la esposa de Pedro Sánchez.

Dos testigos apuntalan las sospechas

Google fue una de las empresas que desarrolló un software para la cátedra universitaria que codirigía Begoña Gómez. Todas las empresas que participaron de ese proyecto afirmaron que pensaron que sería para la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Pero el juez acusa a la esposa de Sánchez de apropiárselo indebidamente.

Sobre las gestiones para dar forma a esta herramienta, el directivo de Google contó este domingo en el juzgado que la asistente Cristina Álvarez acudió a reuniones y que todos interpretaron que formaba parte del proyecto. Escassi es un declarado seguidor del PSOE y de Pedro Sánchez. Fue asesor de la exministra Teresa Ribera, anunció su voto para el PSOE y acudió a un acto con la mujer del presidente y el ministro Félix Bolaños, organizado por la Fundación Pablo Iglesias --vinculada al PSOE-- meses antes de que Google financiara la plataforma de su máster.

Por su parte, Doadrio es uno de los testigos clave del caso. Aportó al juez decenas de correos electrónicos intercambiados con Cristina Álvarez. La Guardia Civil los analizó e hizo un informe en el que se acreditó que la implicación de la asistente de Moncloa en los negocios de Begoña Gómez iba más allá de una coordinación de su agenda o la seguridad de sus desplazamientos.

Este domingo, Doadrio --era la tercera vez que acudía al juzgado como testigo-- confirmó que llegó a tener reuniones con Álvarez a solas en las que analizaban los convenios para ver si había problemas y así poder comunicarlos. También contó una comida en Moncloa con ambas, aunque según dijo, no fue por motivos laborales ni por su relación con la cátedra.