Los siete magistrados que decidirán el futuro de García Ortiz bajo la atenta mirada del Gobierno

Tras el juicio contra el fiscal general comenzará ahora una deliberación que, como sucedió con el caso y la vista oral, no será una deliberación normal. Los siete magistrados del Supremo que forman el tribunal estudiarán todo lo sucedido durante las seis sesiones celebradas, la prueba testifical, la del acusado, la documental y las cuestiones prejudiciales planteadas y tratarán de alcanzar un acuerdo en el que, como sucede siempre, se buscará una unanimidad que, en este caso, parece difícil. Lo harán, eso sí, bajo una presión sin precedentes y conscientes de que el Gobierno está atento a cada uno de sus pasos.

El Ejecutivo ya ha dejado claro que ningún resultado que no sea la absolución va a resultarle aceptable. El propio presidente del Gobierno lo dijo sin filtros en una reciente entrevista con El País en la que aseguró que Álvaro García Ortiz "es inocente". "El Gobierno de España cree en la inocencia del fiscal general del Estado" y, tras el juicio, "más aún". "Creo que la verdad se acabará imponiendo", añadió.

Este mensaje y otros similares se han ido reproduciendo en los últimos días desde el Ejecutivo y su entorno. Una sentencia condenatoria les parece inconcebible y, si se produce, no hay duda de que el discurso ya repetido en múltiples ocasiones respecto a las distintas causas que rodean en la actualidad al presidente del Gobierno volverá a tomar vuelo. La idea de una justicia politizada que busca perjudicar al Gobierno, hacerle daño y conseguir que caiga.

Durante la instrucción y el propio juicio, la idea repetida de forma machacona desde Moncloa y desde el PSOE es que no hay prueba alguna de la revelación de secretos de la que se acusa a García Ortiz. En boca de la portavoz, Pilar Alegría, "numerosos testigos han declarado que tenían esa información y otros (por los periodistas que comparecieron) que la tenían antes". "El jefe de gabinete de Ayuso reconoció que filtró y mintió", insistió.

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Preguntados por qué sucedería en el caso de que sus pronósticos no se cumplieran, los miembros del Gobierno se han mostrado más prudentes. No es difícil suponer, sin embargo, que el enfrentamiento con el poder judicial, ya abierto durante toda la legislatura, se recrudecerá. Lo más probable es que no haya que esperar mucho para comprobar qué sucede. El Tribunal Supremo no quiere alargar la espera más allá de lo imprescindible y es probable que el fallo se conozca en cuestión de semanas.

Estos son los siete magistrados que tienen la decisión en sus manos:

Andrés Martínez Arrieta

Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y presidente también del tribunal. El magistrado tomó posesión de su nueva responsabilidad hace solo unos meses con el apoyo del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Llegaba ejerciendo la presidencia en funciones desde diciembre de 2024. Lleva casi 30 años en el Supremo y es juez desde 1979. Está vinculado a la asociación Francisco de Vitoria y fue uno de sus fundadores.

Susana Polo

Ponente de la sentencia, la magistrada Susana Polo es magistrada del TS desde septiembre de 2018, adonde llegó desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Enmarcada en el sector progresista, es especialista en violencia de género y coordinadora nacional de las actividades de especialización en esta materia. En el caso de que se decantara por la absolución del fiscal general y estuviera en minoría, la redacción de la sentencia quedaría en manos de otro magistrado del tribunal.

Juan Ramón Berdugo

El magistrado integró también el tribunal del procés. Considerado de perfil conservador, es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). En julio de 2004 fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, en sustitución de Cándido Conde Pumpido, que acababa de ser nombrado fiscal general del Estado.

Manuel Marchena

Presidente de la Sala Segunda durante 10 años, Manuel Marchena se despidió de esa responsabilidad hace ahora un año y pasó a quedar como magistrado de la Sala de lo Penal. Presidente también del tribunal del procés, fue el ponente de la sentencia que, por unanimidad, condenó a los políticos independentistas que promovieron el 1-O por sedición. Ingresó en la carrera fiscal en 1985 por oposición y se convirtió en el fiscal de sala más joven en la historia del ministerio público. En 2004 se incorporó como fiscal al Tribunal Supremo y en 2007 fue nombrado magistrado para sustituir a José María Martín Pallín.

Carmen Lamela

El nombre de la magistrada comenzó a ser conocido a partir de 2014, cuando fue destinada en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. Asumió el mando del Juzgado Central de Instrucción número 3 en sustitución de su titular original y obtuvo, años después, la plaza. Desde ese puesto asumió diferentes instrucciones como la desarrollada contra el expresidente del Barça Sandro Rosell. Fue, además, la primera instructora del procés y condujo hasta el apertura de juicio oral la parte que afectaba al mayor Josep Lluís Trapero.

Ana Ferrer

La segunda progresista destacada del tribunal junto a Susana Polo. Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid y la primera mujer en convertirse en magistrada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Dictó en solitario un voto particular en el que reclamaba la aplicación de la amnistía para los condenados por malversación. Aspiró frente a Arrieta a presidir la Sala.

Antonio del Moral

Magistrado de respetada capacidad técnica, Antonio del Moral comenzó, como Marchena, en la carrera fiscal. En abril de 2012, fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo, donde ejercía en representación del Ministerio Público desde 1999. Formó parte por designación del Gobierno de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2013. Está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.