El PSOE niega la caja B y carga contra el Supremo: "Hay que cortar esta carrera del absurdo"

La acusación que ejerce el PSOE en el caso Koldo acaba de presentar un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en el que efectúa alegaciones a raíz de la apertura de una investigación sobre los pagos en efectivo del partido que recibió Ábalos y su asesor. En un duro escrito, la formación carga contra el juez del Supremo que instó la investigación, Leopoldo Puente, al que acusa de actuar en base a "conjeturas". Niega la percepción de donaciones irregulares o comisiones, niega el pago de sobresueldos y niega que el exministro y su ayudante cobraran cantidades más allá de las acreditadas con facturas. "En algún momento habrá que cortar esta carrera al absurdo", lanza.

El partido precisa que en las remesas de metálico que recibían de forma periódica, "jamás se pidieron al banco ni se ingresaron en caja ni se manejaron billetes de quinientos euros". Agrega que nunca han recibido "donaciones vulnerando la normativa de financiación de partidos políticos o la normativa electoral" y precisa que "absolutamente todos los pagos efectuados tanto en efectivo como por transferencia, se encuentran debidamente incorporados a la contabilidad del partido".

"La extrañeza que nos expone el auto se resuelve sola: el partido necesitaba contratar envíos de dinero a través de una empresa de seguridad desde el banco a la sede, porque era el único modo de disponer de dinero en efectivo; lo necesitaba precisamente porque no contaba con gente como Carmen Pano para nutrir una supuesta caja B, que el PSOE nunca tuvo".

"Jamás se reembolsaron estos gastos con dinero procedente de supuestas donaciones en metálico que mi mandante hubiera hipotéticamente recibido", dice el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial que, eso sí, admite que "todo sistema es mejorable" sobre todo, "con la mirada de hoy en día, cuando se han generalizado los pagos a través de medios electrónicos".

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A pesar de que reconoce que no puede descartar que se haya cometido "algún abuso" en relación con estas liquidaciones de gasto y de admitir que es cierto que la administración del partido no exigía en aquellos tiempos la justificación bancaria del pago (con tarjeta) que había que reembolsar, reprocha al juez que "pierda la perspectiva" en unos procedimientos basados en la confianza que rigen las relaciones entre los compañeros militantes de un partido político.

También asegura que las comprobaciones se realizaban. "Toda liquidación de gastos debía necesariamente acompañar las facturas o recibos de los gastos incurridos y adelantados en nombre del partido. El departamento de administración realizaba una debida comprobación, que pasaba por constatar que se trataba de conceptos reembolsables: básicamente, comidas, taxis y eventualmente hospedaje; en resumen, comprobar que la persona responsable del departamento los confirmaba, con el aval de su firma, y que la cantidad solicitada venía soportada en facturas, recibos, justificantes o tickets", explica.

"Han pasado ocho años"

Justifica las lagunas asegurando que ocho años después de los pagos es lógico que "ni el anterior gerente ni la empleada que tramitaba el pago, ni probablemente quienes solicitaban tales reintegros, son capaces de recordar los detalles de cada operación". "En fin, habrá que reiterar que este sistema fue reportado y auditado por el Tribunal de Cuentas en aquellos años, sin que el Tribunal hiciera advertencia de defectos de control conforme la normativa vigente", agrega.

"En conclusión, no existe ningún pago del Partido Socialista que no se encuentre debidamente contabilizado; no existe ni un solo pago de mi mandante ni al Sr. García Izaguirre ni a ningún tercero que no sea en calidad de sueldo, dietas o reembolso de gastos, y respecto a estos, no existe ni un solo reembolso que no venga amparado en un recibo o factura presentado como justificante", indica.

El escrito también apunta al juez Moreno que el Supremo no ha instado a la Audiencia Nacional "a investigar al Partido Socialista", sino más bien a profundizar en el funcionamiento del sistema de reintegro de gastos, insinuando la posibilidad de que algunos perceptores lo hayan utilizado en beneficio propio. Dice que la formación "está en disposición de aportar toda la documentación y ofrecer todas las explicaciones que se le solicite, en el entendimiento de que, aun en el caso de que el procedimiento tuviera fallas que hubieran sido aprovechadas por terceros".

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Pide también que se rechace la petición del PP -también acusación popular en el caso- de que se les retire la actual condición y recuerda que el partido "ha dado reiteradas muestras de su plena disposición a colaborar con la Justicia, ayudando al esclarecimiento de los hechos, instando la práctica de diligencias o entregando la documentación que se le ha requerido, incluyendo los discos duros de la cuenta de correo corporativo de Santos Cerdán, previamente sellados para garantizar su indemnidad y la cadena de custodia".