El abogado general de la UE critica los plazos de la amnistía, pero no ataca los pilares de la ley

El abogado general de la UE, Dean Spielmann, ha recomendado este jueves a los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que responda a las cuestiones prejudiciales respecto a la ley de amnistía señalando los plazos que impone la ley de amnistía (LOA) podrían ser contrarios al derecho de la Unión y “quebrantar la exigencia de independencia judicial” al ser “demasiado cortos”. En todo caso, Spielmann apunta a que “el Gobierno español ha apuntado que el plazo en cuestión tiene carácter estrictamente indicativo, extremo que ninguna de las partes interesadas ha refutado”.

Por otro lado, el abogado general señala que el hecho de que la LOA extinga la responsabilidad por actos contables que afecten a los intereses financieros de la Unión eso no la hace contraria al derecho de la UE. En otro caso separado, relacionado con los actos de los CDR, Spielmann subraya que la LOA “no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo”. Su opinión no es vinculante, pero los magistrados del alto tribunal, el intérprete último del derecho de la Unión, suelen seguir sus recomendaciones. No hay fecha prevista para la sentencia final del TJUE. Por otro lado, Spielmann también ha determinado que la LOA “no es contraria a la Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo” en otro de los casos presentados ante el tribunal por el caso de los CDR.

El abogado general, que ha dejado intactos los principales elementos de la LOA, sí que ha sido duro en el ámbito de la tutela judicial efectiva. Así, respondiendo al Tribunal de Cuentas, Spielmann considera que los dos meses que contempla la normativa es un plazo que “podría resultar demasiado corto para determinar si la situación está cubierta o no por la amnistía, en función del origen de los fondos (nacional o europeo) y de su utilización efectiva para promover la independencia de Cataluña fuera de España”.

El pasado mes de julio se celebró en el alto tribunal de Luxemburgo la vista del caso, en la que Carlos Urraca Caviedes, representante de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, cargó duramente contra el relato del Gobierno respecto a la ley de amnistía. “En último término (la pregunta) es si es compatible con los valores de la Unión conceder amnistía a cambio del apoyo de la investidura de un Gobierno. La Comisión Europea piensa que la respuesta debe ser negativa”, aseguró el español.

El abogado general de la UE no ha seguido el razonamiento de los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario en la lectura más política del contexto de la ley, tomando, en algunas ocasiones, una ruta totalmente diferente. Por ejemplo, Spielmann apunta a que “la LOA cumple los estándares jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: por un lado, parece haberse aprobado en un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía; por otro lado, no incluye violaciones graves de derechos humanos, entre las que se cuentan, primeramente, las violaciones de los derechos a la vida y a la integridad física”.

El fondo de la cuestión

El TJUE no tenía que decidir sobre el fondo más sensible de la cuestión, es decir, si la ley es contraria a los valores europeos, sino que a raíz de una serie de cuestiones prejudiciales deberá decidir, por un lado, si la norma puso en riesgo los intereses financieros de la Unión, y por otro, si la normativa española cubría también los delitos de terrorismo en relación a las acciones de los CDR. La primera cuestión la llevó a Luxemburgo el Tribunal de Cuentas, mientras que la segunda ha sido llevada por la Audiencia Nacional. En la vista del pasado mes de julio Urraca Caviedes siguió una línea esperada, que es que la ley no había puesto en riesgo los intereses financieros de la Unión.

La vista de julio fue más un golpe político al Gobierno que un golpe judicial. Los argumentos de la Comisión no golpearon en los pilares jurídicos que podían hacer que la ley de amnistía fuera contraria al derecho de la Unión al señalar la Comisión que la norma no parecía poner en riesgo los intereses financieros de la Unión, y que, en principio, el derecho de la Unión no se opone a que se amnistía delitos de terrorismo. Ahora el abogado general, en una lectura mucho menos dura que la de Urraca Caviedes, confirma que ninguno de los elementos centrales de la norma es contraria al derecho de la Unión.

Pero a nivel político la posición del Ejecutivo comunitario fue dura de encajar para el Ejecutivo, al criticar que la norma fuera demasiado “amplia e indeterminada”, que no se habían seguido las recomendaciones de la comisión de Venecia sobre estándares del Estado de derecho, y que no parecía “que la ley de amnistía responda a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura” del Gobierno. “La tramitación de la ley siguió un procedimiento de urgencia eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública”, criticó Urraca Caviedes.

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El Gobierno diseñó la ley de amnistía con avisos claros por parte de la Comisión Europea de lo que consideraban líneas rojas, y el Ejecutivo socialista está seguro de que no ha cruzado ninguna. Hasta el punto de que cuando se filtró la posición que tendría Bruselas en la vista ante el TJUE, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusó al director general de los Servicios Jurídicos de la Comisión, entonces el español Daniel Calleja, de seguir el “argumentario” del Partido Popular. Calleja ha sido recientemente nombrado próximo representante de la Comisión Europea en España.

De "victoria rotunda" a vulnerar el Estado de derecho

Para Carles Puigdemont, la opinión del abogado general de la UE ha puesto de manifiesto "la indecente estrategia de la dilación y la manipulación" para bloquear la aplicación de la amnistía. A pesar de que la recomendación emitida es "muy explícita y muy bien fundamentada", el presidente de Junts ha remarcado en un mensaje en X que "la última palabra sobre su aplicación aún la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria".

"No estamos tratando con la justicia belga, alemana, italiana o francesa: estamos tratando con la española. Y quienes tenemos memoria y experiencia sabemos de qué son capaces", ha advertido.

En cambio, el Gobierno ha rozado la euforia al calificar el informe de "victoria rotunda". El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que las conclusiones conocidas hoy muestran "con toda claridad" que la amnistía es "conforme a derecho europeo". El Ejecutivo espera ahora que el TJUE ratifique la opinión del abogado general de la UE, aunque Bolaños considera que la ley "ya ha cumplido su objetivo político, ya existe normalización política, social e institucional en Cataluña" y ha celebrado: "El tiempo nos está dando la razón".

Completamente distinta ha sido la lectura que ha hecho el Partido Popular. Cuca Gamarra ha pedido "esperar" a la sentencia del TJUE, pero considera que el escrito observa una vulneración de "los principios del Estado de derecho" y de "la legislación europea". Además, ha remarcado la idea de que la amnistía es una ley "inmoral" porque el único objetivo que ha tenido ha sido mantener a Pedro Sánchez en el poder.