El juez abroncó al exgerente del PSOE por el uso descontrolado de efectivo: "Es demasiado chusco"

El interrogatorio al gerente del PSOE entre los años 2017 y 2021, Mariano Moreno Pavón, reveló que el partido pagó en esa etapa grandes cantidades de dinero en efectivo a sus máximos dirigentes sin ningún tipo de control. Incluso la declaración abonó la sospecha de que José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre habrían usado el cash de Ferraz para blanquear parte de las comisiones ilegales que presuntamente cobraron por amañar contratos públicos.

Moreno compareció el pasado 29 de octubre y el resultado fue el peor posible para el partido de Pedro Sánchez. Tanto que, tras esta declaración, el instructor del caso Koldo en el Supremo, el juez Leopoldo Puente, acordó enviar las diligencias relacionadas con las finanzas de Ferraz al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que se investigue a fondo la posible existencia de una caja B en el PSOE.

El exgerente del partido empeoró involuntariamente el horizonte de los socialistas. A preguntas del juez Puente, Moreno no fue capaz de explicar por qué la formación siguió liquidando gastos a sus dirigentes con fondos en efectivo en 2022, 2023 y 2024 si existía una instrucción interna desde 2020 que prohibía pagos de más de 1.000 euros y, en 2021, se ordenó supuestamente terminar por completo con el uso de billetes.

Moreno dijo que se introdujeron limitaciones en el uso de efectivo, no para evitar casos de corrupción, sino para obedecer al “Tribunal de Cuentas, que en alguna de sus fiscalizaciones” había ordenado eliminar el cash. “Cada vez hay que hacerlo menos, y por lo tanto, tomamos nota y lo empezamos a hacer”, declaró el exgerente, aunque acto seguido reconoció que continuó el trasiego de efectivo. Como publicó El Confidencial, los pagos con billetes se dispararon precisamente en años electorales.

El juez Puente se interesó por los mecanismos que utilizaba el partido para verificar que los gastos que presentaban sus altos cargos verdaderamente se habían contraído y que el dinero de las liquidaciones se entregaba realmente a quienes los habían generado. Según Ferraz, algunas dietas se abonaban nominalmente pero otras liquidaciones eran entregadas en bloque por departamentos enteros y se pagaban a los jefes de esas áreas para que estos dieran el dinero a sus subordinados.

El magistrado reaccionó con sorpresa. “¿A quién se le entregaba en esos casos [el dinero], donde la Secretaría de Organización estaba compuesta por personas indefinidas? ¿Al señor Ábalos, que era el que había autorizado el gasto? ¿Se lo entregaban a otra persona? ¿A quién?”, preguntó. “Yo no, no… No lo sé, porque no estaba en ese momento, en ese momento del pago material, yo... No estaba dentro de mis funciones. Ni siquiera en la misma caja. Ehhh”, titubeó el exgerente.

La extrañeza del juez arreció. “Ya, pero lo que sí estaba dentro de sus funciones era controlar que los pagos se realizaran para la finalidad en que se autorizaban. Entonces, si hay un colectivo de personas que ha incurrido en un gasto y no tenemos identificadas las personas, mal vamos a poder saber si ese dinero que usted ha dado, ha ido a las personas que incurrieron en el gasto”, insistió Puente. “¿Usted tenía forma de saber esto o no?”, repreguntó.

“Yo no tenía forma -acabó admitiendo el testigo- porque eso venía autorizado por el secretario de Organización. Cuando Celia [administrativa de la Secretaría de Organización] o alguien de esa Secretaría firmaba el recibir [sic], después de haber justificado y haberse subido esa cantidad de esa liquidación, ellos eran los que se encargaban de repartirlo [el dinero] entre su equipo. Entiendo yo”. “Supone usted”, inquirió el magistrado. “Supongo yo. Claro”, reconoció el exgerente.

Minutos después, el instructor bajó otro peldaño para averiguar cómo chequeaba el partido que los tickets y facturas que presentaban sus responsables correspondían a gastos reales. “Es de suponer que Administración lo que hacía es una comprobación de que esas reclamaciones aparecían documentadas. Que esos gastos se habían realizado por la persona que los reclamaba. ¿No?”, quiso saber el magistrado.

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Moreno explicó entonces que Administración comprobaba que los gastos encajaban en partidas aceptadas (comidas, kilometraje, gasolina…) y que los conceptos, CIF, fechas e importes de las liquidaciones eran los mismos que aparecían en los tickets y facturas correspondientes.

La contestación tampoco tranquilizó al magistrado, que advirtió a Moreno de que, con ese método, cualquier dirigente del PSOE podía reclamar al partido tickets encontrados en el suelo o recolectados entre familiares, amigos o vecinos. “¿Se comprobaba cómo habían pagado la comida [si en metálico o en tarjeta]?”, preguntó el juez. “Me parece un control tan elemental...”, opinó el juez. “No se comprobaba eso”, dijo Moreno. “Eso en ese momento no se comprobaba”.

Para entonces, el juez ya había concluido que Ferraz carecía de mecanismos para evitar el fraude o el blanqueo. El gerente intentó por última vez convencer al juez de que el PSOE revisaba las fechas de los tickets de los restaurantes para que coincidieran con las fechas reflejadas en las liquidaciones, por ejemplo.

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Pero el magistrado le interrumpió. “Don Mariano, no me diga usted que eso es un sistema de control. Que yo ponga en una instancia: Comida del 17 de marzo. Y luego que el ticket que acompañe sea del 17 de marzo. Es que… si no fuera del 17 de marzo sería demasiado chusco. Pero eso no es un sistema de control”, zanjó el juez. Moreno ya no supo por dónde salir.

El resultado de esta declaración se conoció días después. El juez Puente envió a la Audiencia Nacional las declaraciones de Moreno y de la secretaria de Ábalos en Ferraz, Celia Rodríguez, así como documentos aportados por el PSOE y la Agencia Tributaria, al considerar que, de las diligencias que había practicado, se desprendían indicios de delito.

El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó el pasado jueves la apertura de una pieza separada para investigar los indicios acumulados por el Supremo. El PSOE se arriesga a una imputación por blanqueo y financiación irregular como persona jurídica. En el horizonte asoma también una posible acusación por delito electoral.