La Abogacía del Estado dicta su sentencia: "Álvaro García Ortiz es inocente"

Álvaro García Ortiz ha contado con dos guardaespaldas en la última jornada del juicio por presunta revelación de secretos: la Abogacía General del Estado y la Fiscalía. El juicio ha quedado visto para sentencia, pero ambos han dictado ya la suya: "El fiscal general del Estado es inocente". Los dos también han dirigido su defensa a cuestionar la labor del magistrado instructor, Ángel Luis Hurtado, y a sostener que no hubo revelación de secretos ya que no había ningún secreto que revelar, dado que el correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ya estaba en manos de varios periodistas y, antes, de centenares de miembros de la Fiscalía.

Pasó el aguacero para García Ortiz de la jornada anterior, cuando el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO), Antonio Balas, afirmó con contundencia que todos los "indicios" apuntaban a él. El fiscal general del Estado, que ha declinado hacer un alegato final, volvió a su postura habitual: gesto serio pero distraído, dibujando garabatos en un folio. Sabía que la pelota estaba en el tejado de la Fiscalía, que controla, y de su defensa.

El joven abogado del Estado, José Ignacio Ocio, ha iniciado su exposición final volviendo a insistir en la nulidad del registro llevado a cabo en el despacho de García Ortiz. No solo ha centrado sus críticas en los agentes de la UCO, también en un auto que considera "desproporcionado" por pedir que se recaben siete meses de datos: las conversaciones y correos en poder de García Ortiz entre marzo y octubre de 2024. Aun así, ha vuelto a cargar contra la UCO por no hacer "su trabajo" y no extraer los datos cribados de los dispositivos, sino de llevar a cabo un volcado total. A este respecto, Balas ya explicó que los sistemas forenses no permiten hacer un cribado de ese tipo y que la información se recoge en su totalidad y se selecciona a posteriori.

Por esta razón, la Abogacía del Estado ha vuelto a solicitar la nulidad del registro. Otro de los puntos clave de su exposición ha sido la de señalar el número de personas que accedió al correo electrónico del abogado de González Amador que acabó primero en varios medios de comunicación y a continuación en una nota de prensa con el sello de la Fiscalía Provincial de Madrid. Ha relatado que en un primer momento, en febrero de 2024, el correo fue enviado a la dirección de la Fiscalía de Delitos Económicos, y pudieron acceder a él 16 personas, entre fiscales y funcionarios. A continuación, la defensa de González Amador lo envió a la Abogacía del Estado, "que no tenía competencias en el caso". Finalmente, ante la dación de cuentas iniciada por García Ortiz por la trascendencia mediática del caso, unos cinco días antes de la filtración, tenían acceso al mismo 499 fiscales y funcionarios.

La Abogacía del Estado ha cargado contra Hurtado por no tener en cuenta estos factores en su instrucción del caso. A continuación, ha puesto sobre la mesa el testimonio de los periodistas de El País, El diario, Cadena SER y La Sexta, que afirmaron tener la información del correo antes de que llegase al correo de Gmail de García Ortiz. También ha dedicado buena parte de su tiempo a justificar la puesta en marcha de la nota de prensa por el daño reputacional que considera que estaba padeciendo el Ministerio Público el 13 de marzo de 2024.

Aquel día, la presidenta de la Comunidad de Madrid señaló públicamente que su pareja estaba sufriendo una "cacería" por parte de la Agencia Tributaria y la Fiscalía. Del mismo modo, se ha referido a la filtración por parte del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de que era la Fiscalía quien había propuesto un pacto a González Amador, y no al revés.

A la hora de justificar la inclusión en la nota de prensa de citas textuales del correo, Ocio ha sostenido que estas frases ya habían sido publicadas previamente en medios, y que, por tanto, no existía secreto. Es el mismo argumento que ha esgrimido minutos antes la Fiscalía.

El borrado de mensajes

Consciente de que una de las principales dudas que planea sobre la versión del fiscal general del Estado es el borrado de sus mensajes de WhatsApp el mismo día que se inicia la causa en el Tribunal Supremo (el 16 de octubre) y del formateo de su dispositivo móvil poco después (el 23 de octubre), la Abogacía del Estado ha intentado dibujar a García Ortiz como alguien que guarda un celo extremo con su protección de datos.

Ocio ha dicho que él mismo ha sido testigo de la información que manejan los dispositivos del fiscal general: causas de gran interés mediático (no ha citado cuáles) y contenido que versa sobre las relaciones internacionales del "Reino de España". Ha señalado que es de tal magnitud lo que maneja el jefe de los fiscales que es justificable el procedimiento de borrado de datos que sigue.

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Al mismo tiempo, ha señalado que fue responsabilidad de la UCO no pedirle las contraseñas de la cuenta Gmail a Álvaro García Ortiz, asegurando que el fiscal general del Estado las habría aportado sin problema. A posteriori, el jefe del Ministerio Público no ofreció el contenido de esta cuenta, donde recibió los correos de González Amador. Al contrario, eliminó la misma, pero el pretexto aportado por la defensa es que estaba recibiendo insultos y amenazas desde que la UCO incluyese la dirección sin anonimizar en uno de sus informes.

García Ortiz se ha negado a hacer un alegato final, quedando para la posteridad esa afirmación que hizo el miércoles de que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende". Una verdad que les corresponderá determinar a los siete magistrados del Tribunal Supremo, bajo la dirección de Andrés Martínez Arrieta. Su sentencia declinará la balanza hacia el testimonio de Álvaro García Ortiz o hacia el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Un dictamen para la historia, que puede concluir con la primera condena en los anales de nuestra democracia contra un fiscal general del Estado en el ejercicio de sus funciones.