Juicio al fiscal general del Estado | La defensa del fiscal general del Estado asegura que las acusaciones "manipulan": "Cero indicios"

Visto para sentencia. El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha concluido este jueves con el informe final de la Abogacía del Estado. La defensa de García Ortiz ha asegurado en su intervención que las acusaciones "manipulan", afirmando que existen "cero indicios". "El fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está haciendo aquí", ha aseverado.

Por su parte, la Fiscalía ha salido en defensa de García Ortiz y ha cargado contra la instrucción, alegando que no hay pruebas que le incriminen. "La esencia es la información y no la difusión del contenido literal", dice respecto a la revelación de secretos. "Cuando una noticia se le ha hecho llegar a un periodista, ya no hay revelación de secretos", añade.

El abogado de Alberto González Amador ha sido el primero en intervenir en la última jornada del juicio. Tras hacer un relato cronológico de los hechos, ha hecho hincapié en los daños continuos a González Amador. "Que te marquen y te conviertan en moneda política de España, arrasa con su presunción de inocencia y tu derecho a la defensa. Esto apuntalado, día a día, día a día.

Las intervenciones de este jueves se producen después de que este miércoles compareciera García Ortiz, acusado de revelación de secretos, que decidió no contestar a las acusaciones, pero sí a la defensa y a la Fiscalía. Durante su declaración, reivindicó su papel como defensor de la Fiscalía, explicado el porqué del borrado de los mensajes y defendido su actuación.

Una vez terminada la intervención de la Abogacía del Estado, se da por cerrada la sesión de este jueves en el Tribunal Supremo. El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, queda visto para sentencia.

"Más allá de las afirmaciones de González Amador... no se ha aportado prueba documental de que haya sufrido daño económico" por las actuaciones de la Fiscalía General del Estado. Le está pidiendo casi 400.000 euros a García Ortiz. Del mismo modo, dice que las negociaciones de conformidad han continuado.

"El fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está haciendo aquí", sentencia, cerrando su intervención el abogado del Estado.

La Abogacía del Estado afirma que hay elementos "extravagantes" en la relación del fiscal general del Estado con Moncloa. Dice que García Ortiz no conoce a Francesc Valles, a Sánchez Acera ni a Juan Lobato. Afirma también que no hay ningún indicio de que el jefe de los fiscales siguiera órdenes de Presidencia del Gobierno, "faltaría más".

Ahora la Abogacía del Estado revisa la nota de prensa para desgranar si hay un contenido delictivo. Dice que no sabe si tiene que defenderse de la nota de prensa o de la presunta filtración, pero aun así lo tiene que hacer ante la duda.

Sostiene que no se puede afirmar que la filtración de los correos era un acto preparatorio de la nota de prensa, ya que en el momento en que se publicaba en medios el fiscal todavía estaba recopilando los mensajes para elaborar el comunicado.

El abogado del Estado insiste en que el contenido de esa nota de prensa estaba ya en otros medios.

"No voy a ser tan benigno con Almudena Lasta como el fiscal general del Estado", dice el abogado del Estado que le acusa de dejarse llevar por su mala relación con la cúpula de la Fiscalía General del Estado.

Más manipulaciones. La llamada de Campos, relata la Abogacía del Estado. Como dijo el periodista, asegura que saltó el contestador y que no fue consciente de esa llamada hasta que lo vio en el listado de la UCO porque a esa hora hablaba con la fiscal jefa provincial.

Su cuenta de correo profesional incluía 45 emails que fueron copiados por la UCO. El fiscal general me ha permitido verlos. "No puedo explicar su alta sensibilidad", describe. Asegura que al verlos se entiende perfectamente la necesidad del borrado.

El fiscal general del Estado conocía su próxima imputación desde el 12 de octubre, por lo que podía haber borrado "mucho antes" que el 16, que fue el día en el que el Supremo abrió causa y el día en el que, según la UCO, se produjo la eliminación de sus wasaps. "Tiene conversaciones con borrados automáticos de 24 horas o de una semana", expone.

"Los indicios han sido manoseados por las acusaciones", continúa diciendo la Abogacía del Estado. Se refiere a la difusión por su parte del correo del 2 de febrero. Indica que hubo personas que lo tuvieron antes que él [García Ortiz], entre ellas las jefas de Madrid, Rodríguez y Lastra.

Otro indicio manoseado de "forma impropia" es el del borrado del Gmail. Explica que solo se borró ese correo porque fue filtrado en un informe y se hizo público. "Se ha manipulado, el cierre de esa cuenta como si fuera un indicio de cargo. En fin", se lamenta.

Esa cuenta de Gmail pudo ser recuperada en parte. Al cribar con la palabra "Campos" en esa cuenta de Gmail dio seis resultados en el periodo clave. Ninguno de ellos se refería al periodista Miguel Ángel Campos.

La Abogacía del Estado recuerda que antes de las 22:00 horas Alfonso Pérez Medina envió a un chat con "200 periodistas de tribunales de La Sexta" el contenido del correo el día 13 de marzo.

Defiende la verosimilitud de la afirmación de José Precedo, que guardó desde el 6 de marzo el correo y que no lo publicó por indicación de su fuente. Añade que, además, su versión ha sido corroborada por Ignacio Escolar.

Hace lo propio con Pérez Medina y Miguel Ángel Campos, defendiendo la verosimilitud de sus testimonios de que accedieron antes que el fiscal general del Estado al correo. En este último caso, dice que también dio detalles de su fuente: que era un hombre y de la tercera planta (justo donde está la Fiscalía Superior de Madrid).

Habla de "mala fe" del querellante por omitir datos en la querella. "Cuando el titular de un secreto hace partícipe a terceros este pierde su carácter reservado", expresa.

"Habrá que plantearse si hablar con un periodista, pasarle al jefe de gabinete de tu pareja sentimental son actos propios de la tutela que pretende ahora", sostiene. Señala al propio González Amador como quien desveló la existencia de negociaciones para una conformidad.

Añade que cuando recibe el correo electrónico no tenía "carácter reservado" porque tres periodistas declaran tener el correo antes: José Precedo (Eldiario.es), Alfonso Pérez Medina (La Sexta) y Miguel Ángel Campos (SER).

"La nota se corresponde con una dinámica legal y su objeto es dar información veraz", dice. Explica que exige todos los correos para tener la información completa. Cuando comienzan a mandárselos no sabe ni siquiera cuantos hay. De forma paralela a esto, los medios comienzan a dar informaciones, algunas contradictorias. De ahí surge la necesidad de explicarlo todo en una nota.

"Es necesario incorporar a la nota los correos para zanjar el asunto", ahonda. La dinámica de cuestionamiento del Ministerio Fiscal seguía aumentando. Miguel Ángel Rodríguez emite un tuit que otros medios "amplifican". "Tomó las riendas de la situación" e impulsó la nota de prensa, expresa la Abogacía del Estado.

Las dos jefas de la Fiscalía madrileña transmitieron la necesidad de salir a desmentir "las informaciones falsas". El Mundo vinculaba la publicación de la denuncia con el ofrecimiento, es decir, insinuaba que la Fiscalía le ofrecía el pacto para forzar que reconociera la culpabilidad si quería salir con bien. "Era de una gravedad extrema". "Decían que ofrecían un pacto a una persona inocente para arrancarle una confesión con una finalidad política", afirma la Abogacía del Estado.

Para justificar la redacción de la nota de prensa, la Abogacía del Estado regresa a las declaraciones de Ayuso poniendo en duda a la Agencia Tributaria y al Ministerio Fiscal. También destaca que se señalase a Pilar Rodríguez por sus vínculos previos con Zapatero.

Añade como motivación la "versión lesiva contra la Fiscalía" de la versión que MAR estaba difundiendo: que la Fiscalía ofreció un pacto a Alberto González Amador.

La única "filtración acreditada" es la del correo que llega a El Mundo, afirma la Abogacía del Estado. Neira le envió una foto del correo del fiscal a Alberto González Amador, y este se la paso a Miguel Ángel Rodríguez, explica. "Es la única filtración en este caso debidamente acreditada", reitera.

Lo razonable es pensar que los correos de la conformidad los tenía González Amador y se los remitió a Miguel Ángel Rodríguez. Es razonable pensar que este último los tenía todos, tanto el del abogado Carlos Neira como la respuesta del fiscal, dice el abogado.

El 8 de marzo la dación de cuentas llega a la Secretaría Técnica de Diego Villafañe. "El último que recibe correctamente la documental es el teniente fiscal de la Secretaría Técnica", subraya el abogado del Estado.

Acusa al juez instructor de no haber tenido voluntad de investigar quién tuvo acceso al correo electrónico del 2 de febrero. Cuenta que José Precedo, periodista de Eldiario.es, tuvo acceso a la denuncia, al expediente tributario y a una impresión del correo. Mar Hedo lo pone en conocimiento del fiscal general del Estado, que activa una dación de cuentas, en el sentido de que se trata de un asunto mediático de relevancia.

Se inicia un procedimiento ordinario de dación de cuentas. El 7 de marzo se cumplimenta. La fiscal jefa provincial da las instrucciones para que se cumplimente, según lo dictado por García Ortiz. Una vez hecho este proceso, tienen acceso a la carpeta 499 fiscales y funcionarios.

El abogado de González Amador, Carlos Neira, redactó el correo del 2 de febrero y un documento de 8 páginas. Lo mandó a una cuenta genérica de delitos económicos a la que tenían acceso 16 personas (4 funcionarios y 12 fiscales). También remitió ese correo a la Abogacía del Estado, que no tenía competencias en ese caso.

El correo fue impreso y puesto en la mesa del fiscal Julián Salto. También dice que hay una laguna que el magistrado instructor no ha completado, que es la de comprobar quién por parte del emisor del correo tuvo también acceso al mismo.

Se reanuda la sesión con el informe final de la Abogacía del Estado.

La Abogacía del Estado apela a que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Va a comenzar por la nulidad de la entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado. Es decir, que el auto que lo avaló era "desproporcionado" y los agentes de Guardia Civil excedieron los términos temporales del audio. También, que no se realizó un cribado por palabras ni un expurgo de la documentación intervenida.

Además, acusa a González Amador de diseñar una estrategia con Miguel Ángel Rodríguez para que sus problemas fiscales hicieran el menor daño posible a Isabel Díaz Ayuso. El despacho de abogados que le asistió fue recomendado por MAR.

Se suspende la sesión hasta las 16:00 horas, momento en el que se reanudará con el informe final de la Abogacía del Estado.

"La esencia es la información y no la difusión del contenido literal", dice también respecto a la revelación de secretos. Cuando una noticia se le ha hecho llegar a un periodista, ya no hay revelación de secretos, añade.

Precisa que si el fiscal no hubiera borrado el contenido de sus dispositivos tampoco se habría aclarado nada. Ya que cuando tuvo el correo ya había estado antes el correo en poder de los periodistas

Sobre el informe de la UCO, asegura que la Fiscalía discrepa que sus valoraciones se puedan considerar un informe pericial. El informe tiene por único objeto averiguar la relación entre el momento en que el fiscal general recibe el correo y su publicación en la cadena ser. También destaca que dieron como prueba del 9 de conocer el documento el hecho de que se incluyera en algunas informaciones la palabra "ciertamente".

De ese informe no se desprende "ninguna prueba" contra el fiscal general, agrega

La Fiscalía dice que González Amador siguió al pie de la letra la línea marcada por el señor Miguel Ángel Rodríguez. "Hay una actuación conjunta", indica.

En el momento en el que García Ortiz está recibiendo el correo, el periodista de El País le está diciendo a MAR que "lo que dice la Fiscalía" es que hay una oferta de pacto por parte del letrado de Alberto González Amador, destaca.

Insiste, otra vez, en que la fuente de este medio estaba enmarcada en la Fiscalía Superior, es decir, la que dirige Almudena Lastra

Pone de ejemplo también a los periodistas de El País, citando el mismo modo que accedieron a la información antes que García Ortiz.

Expone las manifestaciones de Ayuso diciendo que su pareja estaba siendo objeto de una persecución fiscal y que la Fiscalía de Madrid estaba dirigida por un alto cargo de Zapatero: que los poderes del Estado se habían aliado contra un ciudadano particular.

Pone el acento en que la persona que le dio la información al exsubdirector de El País, José Manuel Romero, fue una persona de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía se refiere a que los periodistas ya tenían el correo electrónico antes de que lo recibiera el fiscal general del Estado. Cita a Precedo, que había comunicado su intención de contactar con González Amador y con MAR para contrastar la noticia.

Se refiere a Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, que publicó que no era cierta la noticia de El Mundo el 13 de marzo. En esa noticia se hacía referencia ya a la información de que González Amador admitía dos delitos a la Fiscalía. "Es importante el testimonio de Pérez Medina" por un pantallazo del grupo de WhatsApp en el grupo de tribunales de La Sexta porque hablaban de la existencia de dos correos y de que la noticia de El Mundo no era cierta.

"Hay una acreditación gráfica de una persona que tenía esa información antes que el fiscal general del Estado", añade.

Tras exponer los indicios y decir que Hurtado "juega" con ellos, pasa a tratar de desmontarlos. Sobre Lastra dice que, en sus primeras manifestaciones, se centró en la nota de prensa y pasó a cambiar de relato cuando cambió el objeto del procedimiento para centrarse en la filtración. "Ha variado sus afirmaciones", dice.

Respecto a la nota, Lastra siempre se mantuvo "alineada" con la idea de darla. Fue ella quien trasladó que Miguel Ángel Rodríguez estaba trasladando una versión inexacta del pacto. Lastra pretendía incluso que se diera una rueda de prensa.

En cuanto a lo sucedido cuando tuvo acceso al borrador de la nota de prensa (que, al final, elaboró la FGE), Lastra reconoció que "no se la había llegado a leer". Este hecho desvirtúa el valor que le da a su actuación el magistrado instructor que siempre resaltó que puso pegas al comunicado.

La Fiscalía hace una relación de los hechos según el punto de vista del juez instructor. "Se decidió que la respuesta de la Fiscalía iba a ser una nota de prensa". El instructor registra una actividad intensa para hacerse con los correos. Que los correos fuesen enviados a su correo personal, este abandono de los cauces institucionales es entendido como un intento de filtrar. "El magistrado instructor" comete "errores". Pone como ejemplo de actitud modélica la de Almudena Lastra, por mostrarse contraria a la nota de prensa.

La Fiscalía dice que el objeto del procedimiento es si el contenido privado de esa nota, que ya estaba antes en medios, fue filtrado por el fiscal general del Estado.

Dice que el objeto de la causa en inicio se limitó a la nota de prensa, cuando la causa llegó al TS la sala de admisión que el objeto del proceso sufrió una variación que centró el objeto de la causa en la filtración del correo. "El instructor extendió, sin embargo, el objeto para incluir hechos sucedidos con posterioridad", dice. La Sala de Apelación determinó que los hechos son los que se concretaron en el auto de la Sala de Admisión, filtración y volcado de su contenido en la nota de la prensa.

El papel de la Fiscalía fue el común que desarrolla "con cualquier ciudadano". "El señor González Amador ha recibido el mismo trato que cualquier ciudadano", dice la fiscal. "El Ministerio Fiscal no ha tenido ninguna actuación impropia con este imputado".

El contenido de la nota de prensa era ya objeto de público conocimiento, explica. Carga contra el juez instructor Ángel Luis Hurtado: "Con una actuación que nos parece poco constructiva, el instructor incluyó hechos anteriores de la nota de prensa y extendiéndolo a hechos acaecidos con posterioridad".

Tras la presentación de las conclusiones de la acusación popular, es el turno del informe de la Fiscalía.

Denuncia las "infamias" contra el juez instructor Hurtado que -dice- fue "muy cuidadoso". "No he visto a un instructor en mi vida con esa calidad de trato a las partes", indica. Añade que su actuación "ha sido gravísimamente zaherida".

"Ha habido aplausos grabados para difundirlos a la opinión pública", añade en referencia al apoyo recibido por el fiscal general en el inicio del juicio, añade, enmarcándolos en un intento de crear un clima de enfrentamiento con el poder judicial.

En cuanto a la lista de 499 que, según la Fiscalía y la defensa, pudieron acceder al email, el abogado dice que, para empezar, muchos de la lista no son válidos por fallecimiento, baja... y agrega que no hubo una inspección para determinar quién pudo ser. Hace un símil: "Cuando hay una violación múltiple, a nadie se le ocurre decir que el tercer violador debe quedar impune".

"Lo que hacen los buenos periodistas es no dejar que nadie les pise la exclusiva", dice, dudando del testimonio de aquellos que han asegurado que tuvieron el correo y no lo publicaron.

Dice que a Lastra le va a costar carísimo y que perderá su cargo en la fiscalía superior por "decir la verdad". Además, destaca el "honor" de esta fiscal. También recuerda que Lastra y Mar Hedo recibían llamadas de WhatsApp. Lo dice para resaltar que el fiscal no solo hacía llamadas habituales... también por esta aplicación de mensajería, cuyo contenido borró el 16 de octubre.

El fiscal general niega con la cabeza cuando este abogado señala que sí llega a hablar con el periodista Campos. "Como se ha borrado el móvil y todo tipo de prueba y la otra parte tiene secreto profesional...". Pero indica que hay una llamada entre el SMS y los 4 segundos de Ortiz y Campos. Es una llamada de WhatsApp de 18 minutos.

El SMS tampoco es inmediato a la primera llamada. "Debería quedar acreditado el contacto entre el periodista y el fiscal general". Vuelve a ponerse sobre la mesa la conversación de Lastra con García Ortiz:

-¿Lo has filtrado tú?

-Eso ahora no importa.

Más allá de la filtración, considera que hubo un acceso ilegítimo por parte de García Ortiz al correo de la defensa de González Amador. "Entendemos que García Ortiz no tenía autorización para tenerlo por muy fiscal general que fuera". "Hay unos cauces y un deber de fundamentación jurídica de por qué lo pide", explica. Se ha amparado en su superioridad jerárquica que, dice el abogado, en este caso no le avala.

En definitiva, "los hechos son gravísimos". Carga contra el "monólogo" de García Ortiz ayer. También señala al fiscal que quiso rebatir a la UCO que esa llamada de cuatro segundos es el contestador automático. La UCO dice que esas llamadas son de cero segundos, que hay varias en el informe. Son 21 conexiones, en total.

El abogado Juan Antonio Frago recuerda que la defensa y Fiscalía nunca han impugnado la prueba pericial fruto de la entrada y registro.

Se refiere a cosas que se dan por ciertas fuera del Supremo, pero que no lo son. Al respecto, se refiere a que se ha asegurado que la nota informativa no es parte del objeto del procedimiento cuando si lo es.

Asegura que la defensa "zarandeó ayer a la UCO" por la copia completa del contenido del móvil y el correo. Recuerda que el instructor, en un primer auto, acordó el volcado total y luego lo acotó.

Seguidamente, se refiere a la declaración de ayer de García Ortiz: 'La verdad no se filtra, la verdad se defiende'. Dice que el Ministerio Fiscal debe salvaguardar la legalidad y no los intereses políticos de nadie. "Se debe salvaguardar la legalidad, y no el relato de nadie".

"Tenemos una procesión de periodistas que conocían un documento y su contenido y no lo publicaron". Sobre los centenares de personas que "habrían tenido acceso a la documentación": "Cuesta comprender que el personal de mensajería, limpieza, el personal funcionario o un fiscal aleatorio tuviese conocimiento de la existencia del documento, fuese a buscarlo y tuviese interés en difundirlo".

Afirma que los hechos son "de extraordinaria gravedad" porque la difusión del correo es un "riesgo grave" de que haya "una vulneración de derechos fundamentales de las personas sometidas a una investigación". Considera que ha atacado la confianza de la gente en el Ministerio Fiscal que erosiona el Estado de Derecho.

Se centra en la calificación subsidiaria que ellos defienden y en la que piden condenar, si no es por revelación de secretos, por el 415 del Código Penal que castiga la infidelidad en la custodia de documentos secretos.

"El acusado ha eliminado sus dispositivos electrónicos por ninguna razón amparada por el derecho y la lógica". Nadie puede entender que se haya procedido de esta manera, indica. "Esa necesidad del borrado tan coincidente en tiempos" no ha sido llevado a cabo por otros investigados o miembros de la causa, señala.

Explica por qué hay también un delito de prevaricación: "Hay un exceso en el uso de las facultades de un alto funcionario. Va más allá de la revelación del secreto. Se concreta cuando en un expediente gubernativo da la orden contraria a la normativa y con finalidad torticera para que se le remitan los correos a su cuenta personal".

"Todo fiscal general del Estado sabe que los datos deben guardarse. No hay ninguna evidencia de que lleve a cabo ese borrado habitual de datos". Dice que las declaraciones del fiscal no tienen credibilidad cuando expresa su celo en la protección de datos personal, al mismo tiempo que pide que le manden las comunicaciones al Gmail.

Aporta elementos para no dar veracidad a la declaración de Campos: que aunque lo tenía desde las 3 de la tarde, cita de manera incorrecta la textualidad y la fecha en antena. Esto hace que parezca que se lo han dictado antes por teléfono en lugar de tenerlo desde hace horas. Al cabo de media hora lo cita y lo fecha correctamente.

Respecto a Precedo, también considera que hay elementos "no creíbles". "Dice que tiene el correo el 6 de marzo. La Agencia Tributaria recibe la denuncia el 7 de marzo, con posterioridad".

Hay otro elemento de la actuación que destaca. El 7 de mayo el tribunal superior de justicia de la Comunidad de Madrid acepta la competencia por la causa de González Amador. Nada más iniciarse ese proceso, el acusado García Ortiz solicitó otro móvil, que se le entrega al 24 de mayo.

Otra sincronía que encuentra la acusación es que la designación del magistrado instructor se produce el 21 de octubre, y justo ahí cambia de móvil y borra todo lo que contiene. También apunta a un borrado de datos selectivo. En su ordenador aparecen 45 correos en la fecha de los hechos (ninguno de ellos los correos de González Amador, que se sabe que recibió).

La acusación destaca que existe una "sincronía sistemática" entre la actuación del fiscal general y la publicación del correo en distintos medios. También destaca la "inusitada urgencia" del fiscal general en recabar los correos.

"La única explicación verosímil es que la nota de prensa tenía que estar antes del inicio de la sesión de la Asamblea de Madrid", destaca el letrado que apunta a la actuación del acusado una vez se inicia la investigación señala que lo que le lleva a solicitar los correos es la publicación de El Mundo y otros medios. Ahora sabemos que solicita los correos antes de la publicación de esos otros medios del mensaje que remitió Miguel Ángel Rodríguez, pone de manifiesto.

El asunto aquí no si se facilita a la prensa de forma indeterminada que la iniciativa parte de González Amador, dice. "Son elementos intrascendentes. Lo esencial es la filtración y difusión del contenido concreto del correo del 2 de febrero, donde se recoge expresamente antes de la negociación el reconocimiento de dos delitos".

Se refiere a la primera filtración de la denuncia y argumenta que cuando la fiscal provincial Pilar Rodríguez dio por hecho en conversación con el teniente fiscal de la Técnica, Diego Villafañe, que la filtración procedía de la Fiscalía General, este no lo niega y se limita a comentar que la crítica Lastra no se ofende por otras filtraciones.

El letrado del ICAM explica que el delito de revelación de secretos se cometió en dos escenas del mismo acto: la filtración del correo y la nota de prensa en sí misma. Dice que divulgar lo que sabían nueve periodistas y una política no es equiparable a una filtración frente a todo el mundo de la propia Fiscalía en su nota de prensa y menos lo es pretender que no tenga ninguna consecuencia.

El letrado del ICAM se refiere también a la frase de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en la que, respecto al comunicado, indicaba: "Dan ganas de incorporar un poquito de cianuro". "La cuestión es meter una carga venenosa en lo que tenía que ser un comunicado objetivo", critica.

El letrado alude a la declaración del delegado de la Fiscalía para la Protección de Datos, que califica como sorprendente y destaca que vino a justificar "las quiebras de seguridad" en las que incurrió su jefe.

"El secreto profesional es sacro, pero no puede servir para crear espacios de impunidad", dice respecto a la declaración de los periodistas. Dice que no puede ser que porque un periodista diga que tuvo la información se genere una protección al acusado.

El abogado destaca la solvencia de la declaración de Almudena Lastra y destaca que el fiscal general incluso llegó a reprocharle en su declaración de este miércoles una especie de insubordinación por el hecho de que no le cogiera el teléfono.

Describe ahora el papel del Colegio de la Abogacía en este proceso. Respecto a la conformidad, explica que el bien jurídico protegido debe ser la libertad de negociar. "Hay que tener un exquisito cuidado con lo que allí se dice. Esa negociación puede no cristalizar o sí hacerlo, caso en el que pasa de ser secreto a público", indica.

La publicidad de estas conversaciones infringe múltiples derechos, defiende. Haga lo que haga el acusado estará condicionado y su juicio ya no se hará en plenitud de garantías, dice.

"Se nos ha intentado hacer ver que todo se encubre dentro de la normalidad, de normalidad no tiene nada", lanza, y destaca que la posición del Colegio de la Abogacía está al margen de cuestiones personales.

Comienza el informe del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ataca directamente la acusación velada de la defensa y la Fiscalía respecto al volcado del contenido de los móviles y correo, que fue completo. Dice que es un argumento artificial. "Si tuvieran razón serían nulas todas las entradas y registros".

Distingue dos irregularidades: la consideración aislada de la nota de prensa y la revelación al periodista de un email. Se centra en la nota de prensa, que fue ideada y dictada a Mar Hedo por Álvaro García Ortiz. "El Ministerio Fiscal como parte de la conformidad manifiesta de boca institucional la posición de la otra parte", en referencia a la nota de prensa en la que desvela la postura de la defensa de González Amador. "Queda sellado institucionalmente, pero ya lo había anunciado la Cadena Ser", afirma. Dice que la nota de prensa en sí mismo ya es una infracción, pero es que "además el acusado filtró el mail a la Cadena Ser".

"La filtración a los medios, le ampara", señala para acabar este razonamiento.

Se refiere a la responsabilidad civil. Dice que en este caso estamos, en que se revela el email a la Ser, se sella con institucionalidad y se reitera de forma diaria, alcanzando esos daños la transformación al dolor, en los términos que ya fijó en escrito, que fue de 300.000 euros.

Se nos va a hablar que a estos archivos ha accedido mucha gente, recuerda. "Se nos dirá que las diligencias estaban en una carpeta a la que podía acceder mucha gente. Pero no se nos va a decir que este es el método habitual y que, además, se envía en un entorno digital donde cualquier paso tiene trazabilidad", destaca.

Así, el abogado encadena toda una parrafada en la que cada frase comienza por NINGUNA. Va explicando que nadie de esas personas indeterminadas realizó 20 realidades distintas que sí concurren en García Ortiz. Por ejemplo: "Ninguna de estas personas participó en la nota de prensa, ninguna se amparó en la publicación previa por los medios, ninguna borró sus wasaps...

El juez le dice que vaya concluyendo ante el gesto de sorpresa del abogado, que dice que el resto de acusaciones populares le han cedido quince minutos de su tiempo cada una.

En instrucción ocultó que a las 21.39 se había comunicado con García Ortiz, añade. Ahora se centra en el testimonio de Precedo, de eldiario.es. Afirma que tiene el mail impreso desde el día 6 y que no lo publicó porque no tenía autorización y que García Ortiz no era su fuente. "No hay un solo elemento que lo soporte. No lo comunica ni se lo enseña a su compañero, que tiene que utilizar la Cadena Ser".

Una semana después, no publica nada tras la publicación de El Mundo. A las 22.10, La Sexta publica el pacto de Fiscalía, y pese a tenerlo desde hace una semana no publica nada. A las 22.59 replica lo que ha avanzado La Sexta.

En cuanto a Campos, dice que tuvo el mail desde el mediodía del día 13, que su fuente no le dejó publicarlo hasta pasadas las 23.00. Por primera vez se pone en contacto con Neira a las 23.10. "No existe ni un elemento objetivo que sostenga la versión del periodista, no tiene una foto, un mail, no comparte con nadie lo que sabe...". Le acusa de faltar a la verdad en que por la tarde se pone en contacto con Carlos Neira. "Eso no es así. Le envía un WhatsApp a las 23.10 por primera vez".

El abogado se refiere ahora a los testigos periodistas. "No poseen la obligación legal de responder, porque tienen la posibilidad de acogerse al secreto de las fuentes". Dice que se encuentran en una situación análoga a la de los investigados, por lo que hay que tomar cautelas especiales, no como con un testigo cualquiera.

"Esa persona no tiene por qué decir la verdad". Explica que las declaraciones de los periodistas no deben valorarse como una declaración testifical normal. "Sabemos que desde la FGE se filtran cosas a los periodistas". Señala que los periodistas tienen un interés en mantener la relación con el Ministerio Fiscal, y que esto tiene que estar presente en la valoración.

El abogado de la pareja de Ayuso habla ahora del uso político del correo. Al margen del presidente del Gobierno, cita a Félix Bolaños: "¿cómo quiere que llamemos a alguien que ha confesado dos delitos? En castellano se llama delincuente confeso". También cita a los periodistas que en sus opiniones hacen uso de este término: "delincuente confeso". Miguel Ángel Campos, de la Ser, en X: "El ICAM sale en defensa del novio de Ayuso, un delincuente confeso".

Por otra parte, expone los daños continuos a Alberto González Amador. Consecuencias: "Que te marquen y te conviertan en moneda política de España, arrasa con su presunción de inocencia y tu derecho a la defensa. Esto apuntalado, día a día, día a día.

"¿Qué defensa se va a practicar en ese procedimiento? Ya hay una sentencia popular de delincuente confeso, con políticos ejecutándola diariamente". Cita una sentencia del TDH sobre cómo se menoscaba la presunción de inocencia, que sienta doctrina también sobre notas de prensa.

El abogado de García Ortiz se centra ahora en el papel del Gobierno en la filtración. Entre las 8,29 y las 10.30, Pilar Sánchez Acera y Francesc Valles plantearon el uso del mail a Juan Lobato, que expresó sus dudas legales. No acordaron paralizar el uso de algo que era ilegal. Entonces plantearon tratar de convertir un documento antijurídico en uno utilizable, por lo que lo publicaron en un medio para blanquear su uso. Lo hicieron a través de El Plural, de Angélica Rubio, que fue asesora de Zapatero.

Por si no fuera suficiente, Acera le dice a Lobato cuál debe ser su relato: "No hay que liarse, el novio reconoce los delitos". Llegando el email a su correo, blanqueándolo a través de los medios y blanqueándolo Acera y Vallés, el uso del email no ha cesado. "El presidente del Gobierno ha dicho respecto a esto: Ayuso es pareja que es un delincuente confeso", explica como ejemplo.

El letrado también destaca que borró, además, el contenido de su correo electrónico. El letrado se refiere ahora a las manifestaciones públicas realizadas por el propio fiscal general. Asegura que faltó la verdad, por ejemplo, a la presidenta de la Fiscalía, ocultando su papel protagonista en el comunicado. En una carta al TSJ antes de que Lastra declarara allí, pidió "paralizar la causa" y que se remitiera al Supremo.

Para él tenía "todo el sentido" filtrar los correos antes de elaborar la nota, dado que la publicación anticipada por parte de algunos medios le daba motivos para sacar el comunicado, defiende

El abogado se refiere a distintas filtraciones (la denuncia, el correo, y el contenido de la nota antes de lanzarla". "Ellos eran los autores", destaca en relación al fiscal general y su entorno en la Fiscalía General. Además, destaca "ha borrado todos sus mensajes" y "cambió de móvil". Alude aquí a las críticas de la defensa sobre el proceder de la UCO: "Siempre se clona todo".

"Nos van a ganar el relato". García Ortiz insistió a Lastra, y esta le dice que no está de acuerdo con la publicación de la nota, que la firme la FGE. Ortiz dice que no quiere, y Lastra dice que lo haga la Fiscalía Provincial de Madrid, a lo que el fiscal general accede (hay que recordar su buena relación con Pilar Rodríguez). La nota se envió con el contenido de que el letrado defensor de González Amador reconocía la autoría de dos delitos contra la hacienda fiscal.

"Se acababa de lanzar el relato institucional de confesión y culpabilidad", concluye.

El abogado de González Amador se centra en la postura de Lastra. "Una cosa es que haya que atajar un bulo, pero no puede redactarse si González Amador había dejado o no de reconocer los delitos, ni se puede decir la posición en una conformidad. Jamás en más de 300 notas había visto algo parecido la fiscal Lastra", apunta. "Eso ahora no importa", respondió García Ortiz a la pregunta de Lastra sobre si ha filtrado los emails.

El 14 a las 06.47, Mar Hedo envía la nota a Íñigo Corral. A las 7.14, El País publica un artículo con fuentes "próximas al Ministerio Público". En su párrafo quinto incluye también una parte que coincide completamente con el punto cuatro de la nota de prensa de Fiscalía. Una nota que se haría pública tres horas después.

A las 22:50, Miguel Ángel Campos, de Cadena Ser, se pone en contacto con su fuente y esta le autoriza a difundir el mail de 2 de febrero de 2024, donde Carlos Neira, abogado de González Amador, reconoce que se han cometido dos delitos contra la hacienda pública. A las 23.01, solo faltaba el mail de El Mundo, que en la nota de prensa ocupaba el último punto de la nota. El dos es el mail del 2 de febrero. A las 23.25, Campos cuenta en el programa Hora 25 el contenido del mail de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"La fiscalía de Madrid prepara a esta hora un comunicado que será conocido en las próximas horas", apuntó. Pilar Rodríguez reenvía finalmente el último mail, el de El Mundo, a partir de las 23.00. Campos, en su pieza, recoge la expresión "ciertamente", que se incluye textualmente en el correo.

El abogado continúa con la cronología. A las 22:02 Lastra llama a García Ortiz y reiteran lo ya hablado. El fiscal general le oculta de nuevo el "reparto de roles" sobre la nota. La fiscal superior de Madrid no tenía "ningún conocimiento de la confección de la nota", añade. García Ortiz estaba en ese momento "dictándole a Mar Hedo" fragmentos de los correos para la nota. En ese comunicado se indica que el empresario pareja de Ayuso "reconocía la autoría del señor González Amador de dos delitos fiscales". "Ese fragmento no era necesario para neutralizar ningún bulo y sí era un relato de confesión de culpabilidad firmado y en boca del ministerio fiscal".

Pilar Rodríguez reenvía separados los mails que le había mandado Salto, una manera de ocultar que el fiscal general estaba recibiéndolos en su cuenta privada de Gmail. A la vez que recibe los mails, Almudena Lastra recibe la llamada de Salto, muy enfadado, diciendo que Rodríguez le había insistido mucho en los correos de la defensa de González Amador. A las 21.59, Lastra llama a Rodríguez y esta le dice que ha reenviado los correos a García Ortiz. Y Lastra le dice: "¿Por qué se los pasas?, los va a filtrar".

Sin contactar con Lastra, García Ortiz llama a Salto, que se encuentra en el fútbol. A las 21:43, Lastra recibe una llamada de García Ortiz, y el fiscal general del Estado no le dice nada de que ya se está confeccionando la nota. A continuación, la fiscal provincial Pilar Rodríguez, que cuenta con buena relación con García Ortiz, llama a Salto para insistirle en que le facilite los correos electrónicos, diciéndole que la petición viene de FGE y que no puede esperar.

Salto, ante esta orden, sale de la grada y a las 21:54 manda la primera cadena de correos. Un poco después, la segunda cadena. La fiscal Rodríguez pregunta al fiscal general ¿a qué correo quieres que te los mande? y él da un correo personal "fuera del circuito de control de la Fiscalía". Antes de las 21:59 se había transmitido a El País el sentido del correo. "Lo que cuentan en Fiscalía es....", dijo uno de los redactores a Miguel Ángel Rodríguez. A continuación, reproduce el mismo sentido La Sexta.

21:34. El abogado describe cómo, para efectuar la nota, Mar Hedo y García Ortiz "se reparten los roles". Hedo redacta el comunicado y el fiscal general activa la recopilación de los correos. El abogado describe la sucesión de llamadas y destaca de nuevo que se dejó de lado a Almudena Lastra. Esa noche se produce la llamada del periodista de la Ser Miguel Campos. Ninguno de los tres han querido compartir sus comunicaciones de esa noche. "O más sencillo, las que no tuvieran". "¿Si no existirían, habría habido algún problema en que las mostraran?". "No hay ningún compromiso con su fuente, salvo que sea su fuente".

El abogado de González Amador empieza haciendo un relato de los hechos, subrayando que García Ortiz ya había hablado con Almudena Lastra antes de la publicación de El Mundo para interesarse por las conversaciones de la defensa de Alberto González Amador con Fiscalía. A las 21:30, tras la publicación del artículo de El Mundo donde se dice que es la Fiscalía quien buscaba un acuerdo de conformidad, deciden publicar una nota de prensa para afirmar que había sido al revés. García Ortiz decide hacerlo al margen de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid.

El juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, podría quedar visto para sentencia este jueves después de que las partes emitan sus conclusiones e informes definitivos.

Una vez terminada la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha dado por finalizada la sesión en el Tribunal Supremo. El juicio se retomará mañana jueves a las 10 horas.

Afirma que no tenía interés en perjudicar a Alberto González Amador. "La nota de prensa solo describe la labor de los fiscales", declara. Todos los mensajes y documentos de la causa (alguna afecta a mi intimidad) nadie me dirigirá un ápice de nada contra González Amador, "mi obsesión es proteger a la Fiscalía".

Concluye el fiscal con una "reflexión sobre la filtración de los correos y la nota de prensa". "Son dos cursos causales distintos e incompatibles", afirma. "Una persona a la que no conocía me ha dicho antes de entrar 'la verdad no se filtra, la verdad se defiende'. Y es el resumen de lo que ha pasado aquí", expone.

Sobre por qué usó el correo de Gmail para recibir los emails de la defensa de González Amador explica que lo utilizó "porque es mi cuenta de Gmail". "Dispongo de mi cuenta como quiero... No estoy sujeto a usar una u otra. El Outlook en el móvil se maneja peor, tiene más elementos de seguridad y cualquiera de nosotros sabe que es más complejo", explica. "Manejo de manera más intuitiva el gmail", añade.

En relación a su cuenta de correo. "Cuando la UCO entra en mi despacho, a su disposición está mi cuenta de Gmail. Ya sabe todo el mundo que la tengo. Creo que le di las contraseñas de todo lo que tenía. A mi móvil y a mi cuenta", dice.

La cuenta se filtró sin anonimizar y mi teléfono móvil y él "empieza a tener problemas". "Mensajes amenazantes. Muy feos", dice. "Creo que tengo una brecha de seguridad, consulto a la Policía incluso y cierro mi cuenta de Gmail dos meses después de la entrada y registro". "No hay ningún ánimo de ocultación", agrega

Sobre el borrado de WhatsApp del 16 de octubre de 2024, García Ortiz explica que entra en un menú donde hay varias opciones. Lo que hay seguro es que "en ese momento ni en el mes anterior existían los WhatsApp que son objeto de esta causa. Eso que yo tengo y que debería haber enseñado para exculparme".

Expone que es muy consciente "del tema de protección de datos". "Nos falta mucha conciencia", dice. Explica que tiene datos que afectan a terceras personas. "Hay una máxima que impone eliminar los datos, es preceptivo, lo dice la norma española, la europea...", insiste.

"Otra cosa es que no lo hagamos, que nos cueste pero si mi terminal acaba en manos de terceras personas estoy poniendo en peligro a otros", destaca. "En mi wasap no mantengo conversaciones archivadas de más de un mes de antigüedad", dice.

Explica el cambio de teléfonos por intimidad personal y familiar, pero también porque es la cabeza de una institución.

Se comunican con él todos los fiscales y "me comunican circunstancias que afectan a todo el país, secretos o no secretos, cuestiones procesales... también mantengo relaciones institucionales", relata.

"Una información muy relevante y muy copiosa", indica. "Con este móvil (lo muestra) he hecho lo mismo que con los anteriores".

En cuanto al borrado de los dispositivos, García Ortiz dice que una vez por año borra los contenidos. Sobre por qué no devuelve el teléfono, afirma que en una ocasión le dieron el móvil del fiscal jefe de inspección, "un móvil reciclado". No le parecía conveniente, pero le explican que es habitual. Se depositan en una caja los móviles usados hasta que alguien venga a gestionarlos. No ha devuelto cinco móviles, asegura. Dice que esta es la razón por la que no devuelven los dispositivos.

Se refiere ahora a la reunión con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y dice que en realidad la prioridad para él era un encontrarse con la presidenta del Colegio General de la Abogacía.

Se comprobó después que con esta última se logró poner "una cierta paz". No fue el caso del órgano del que es decano Eugenio Ribón, que acabó denunciando la publicación de la nota de prensa.

El fiscal general cuenta que llama a la fiscal Lastra, y que "cuesta contactar con ella". La nota de prensa no salía y quería "saber por qué". Dice que no reconoció filtrar los correos a la fiscal Lastra. Critica que la fiscal se dirigiera así a "un fiscal general del Estado". "Lo que no espero es una réplica, es una explicación de lo que está pasando", señala en referencia a su rifirrafe con Lastra. Se refiere a la conversación en que dice "eso ahora no importa", sobre la pregunta de Lastra sobre quién filtró los correos de la pareja de Ayuso.

Ella no se mostraba partidaria a que saliera la nota de prensa. Cree que en la instrucción Lastra hizo declaraciones que no debería haber hecho. Dice que hay una situación de desafección de Lastra con el equipo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con el anterior. Añade que su acritud hacia él la ha trasladado a otros foros.

"Lo que sí tengo claro y creo que es así es que me costaba mucho entender por qué se reciben 5 o 6 llamadas de la FGE y no reciba inmediata contestación". Tampoco di una orden imperativa, pero si le dije "es imperativo sacar la nota", recuerda.

El día 14 de marzo llego a la Fiscalía General y Mar Hedo me comenta que hay problemas con la nota, relata. En inicio hicimos variaciones, explica.

Quitamos "pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid" para poner "Alberto González Amador", afirma. También quitaron una alusión a "responsables públicos" (que aludía a MAR).

En cuanto a los criterios sobre qué incorporar a la nota de prensa dice que solo quería incluir aspectos referentes al trabajo de los fiscales, "ninguna información lesiva para nadie". En la nota de prensa no pone "ciertamente", explica.

El elemento más importante es que el correo va acompañado de un pdf de ocho páginas (el original de la propuesta de conformidad) en el que sí hay datos, datos fiscales, datos concretos, destaca. De él no se hizo público nada "ni se mencionó" en la nota de prensa, agrega. La prioridad era que la nota saliera "completa" y "rigurosa", reitera.

Niega haber hablado con Campos, el periodista de Cadena Ser que adelantó el contenido del correo entre Fiscalía y la defensa de González Amador. Dice que saltaría el buzón de voz y generaría un mensaje. "No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco y menos esa noche", declara.

Explica que no hubo "ninguna duda sobre como se tenía que hacer". "Éramos nosotros, la Fiscalía General, quienes estábamos haciendo la nota de prensa", subraya.

Explica que en principio la idea era la de defender la honorabilidad de los fiscales pero, dado que los emails "ya estaban en la opinión pública" después de que "ya hubieran sido revelados", quedaba cojo. "Había que hacer una cronología. Teníamos que ser rigurosos y exhaustivos", destaca.

El "espíritu" de la nota de prensa explica que responde a proteger a la Fiscalía. Dice que les interesaba defender que había una "actuación rigurosa" en la unidad de delitos económicos.

Entre los datos que tiene la señora Mar Hedo, la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, y Pilar Rodríguez, "confeccionamos la nota".

"No me cabe ninguna duda de que la nota la hacíamos nosotros", asegura. "La está haciendo el fiscal general del Estado y la jefa de comunicación", insiste.

Otro medio importante como es La Sexta saca una noticia contraria, diciendo que el pacto lo ofrece González Amador, explica García Ortiz. Eso sucede a las 22:10, recuerda. A la vez, Miguel Ángel Rodríguez está enviando textuales con el correo de respuesta del fiscal a un chat de periodistas. Lo acaba haciendo público en un tuit, cuenta.

La afirmación de MAR, esa "coletilla", se reproduce inmediatamente en distintos medios de comunicación, expone el fiscal general. A las 23:25 horas, la Ser da otra información con un entrecomillado, en este caso con textuales del email del reconocimiento del delito.

García Ortiz se pinta como espectador y resalta que es evidente que hay correos en ese momento "que habían saltado a la opinión pública".

El fiscal general ahonda en la información de 'El Mundo' y dice que en ella se sugiere que el novio de Ayuso "es una persona especial" y que ofrecerle un pacto "es algo extraño".

Asegura que el autor, el periodista Esteban Urreztieta, va después a una tertulia donde se pone de manifiesto "que todo es una manipulación" y se lanza la idea "de un señuelo de la Fiscalía para que pique González Amador y una intención torticera".

Ese "bulo" de El Mundo, insiste, no era inocente. Explica que si la Fiscalía acepta lo que asegura la noticia desde el inicio, sin decir nada, y asume que hubo un ofrecimiento de pacto, alienta "lo demás".

Asegura que llama a la fiscal jefe provincial y le pide los correos. "Es evidente que si yo quiero los correos, poco más hay que decir... Tengo una buena relación con la fiscal jefe provincial". Pilar Rodríguez recaba los correos y se le trasladan a las 21:59.

La noticia tiene unas consecuencias. Hablo con la fiscal superior y convenimos en que hay que hacer una nota de prensa, explica el fiscal general. Con la noticia de El Mundo es cuando "no podemos quedarnos quietos", continúa. Afirma que ella se ofrece a dar una rueda de prensa al día siguiente.

Yo con Íñigo Corral no tengo contacto esa noche y decidimos que hay que hacer una nota. La segunda decisión, apunta, es saber qué está pasando. "Yo no tenía ni idea... quiero saber qué ha pasado". Se inicia el "episodio de los correos".

En tercer lugar llegan a la determinación de que hay que "defender la actuación absolutamente impecable" de los fiscales. Que la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid hace su trabajo con "rigor y profesionalidad".

El periodista José Manuel Romero declaró hace 24 horas que él conoció la iniciativa del pacto por parte de la defensa de González Amador de "fuentes de toda solvencia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid", precisamente el área al que pertenece Almudena Lastra, fiscal superior.

"Parece verosímil, da datos, cantidades, deudas... El panorama es verosímil". Dice que cuando examina la información saltan las alarmas, es el detonante "de que algo está empezando a ocurrir". Dice que es "extravagante" que un fiscal ofrezca un pacto. El redactor de la noticia se va a una tertulia en EsRadio donde se pone de manifiesto que hay un señuelo de la Fiscalía para que pique González Amador.

"En vez de hablar de las horas, prefiero centrarme en los cuatro hitos que he dicho para no perderme", le dice el fiscal general del Estado a su abogado del Estado.

Recuerda el siguiente hito. "La señora Lastra es la primera vez que me llama desde que soy fiscal general del Estado y más a esas horas y desde su teléfono personal", rememora.

Indica que le manifiesta su inquietud porque MAR esté distribuyendo wasaps en el que dice que la Fiscalía está ofreciendo un pacto a la pareja de la presidenta y que ha sido retirado por "órdenes de arriba".

Le da importancia a esta afirmación del jefe de gabinete de Ayuso y le avisa de que "El País va a publicar esta versión y que lo va a hacer, en concreto, el periodista José Manuel Romero".

En esta sucesión de "imputs", el fiscal recuerda un tuit de Ayuso en el que se habla de la fiscal provincial de Madrid. La presidenta dice que fue jefa de gabinete con Zapatero. Consideraba que, en él, se cuestionaba "muy gravemente" la honorabilidad de la fiscal Pilar Rodríguez, el de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid y el trabajo de la Fiscalía Española.

Álvaro García Ortiz dedica unas palabras a los medios y a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso: "Desgraciadamente hemos aprendido mucho de cómo funciona el sistema mediático de este país... Hay detonantes que provocan una reacción y se trasladan a la portada de un digital o un medio de papel", ha expuesto.

"Hay un hecho particularmente importante. La presidenta de la Comunidad de Madrid hace unas declaraciones de que hay una persecución de las fuerzas del Estado contra su pareja", ha afirmado.

"Debería haber sido informado", critica a Almudena Lastra por no informarle de su contacto con el fiscal Julián Salto.

Cuando un medio pide una denuncia que ya ha saltado a los medios es habitual que el departamento de prensa de la Fiscalía de Madrid debe proporcionarla anonimizada como es habitual. Sin embargo, en este caso, no sucede. Le extraña, pero no le da mayor importancia.

La Abogacía del Estado le pregunta por el conocimiento que tuvo el fiscal de la denuncia contra González Amador el 7 de marzo, cinco días antes de la publicación de Eldiario.es. Álvaro García Ortiz dice que no da ninguna orden: "El asunto está bajo auspicio de la Fiscalía Provincial de Madrid".

Entre los días 7 y 11 de marzo afirma que no recibió información sobre negociaciones de conformidad. Dice que la primera noticia que tiene es el día 13 de marzo, cuando a las 8:50 horas le llama la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado por el "bulo" que está difundiendo MAR. Asegura que la noche del 13 es cuando tiene noticia del correo.

Durante la mañana del 12, cuando la noticia de ElDiario.es llega a la Fiscalía, lo ve en los resúmenes de prensa a las ocho de la mañana. "Es una cuestión muy relevante y afecta a una persona con notoriedad pública", indica.

Pasa a preguntar su defensa. El fiscal niega conocer a varios de los periodistas que han declarado durante el juicio. Lo mismo con los políticos que han declarado. "Los veía por primera en esta Sala", ha asegurado.

Se remonta a las horas previas a la publicación por parte de ElDiario.es de la denuncia de la Fiscalía contra el empresario Alberto González Amador. Recuerda que su responsable de prensa, Mar Hedo, le cuenta la llamada del periodista José Precedo. Se lo relata por encima. En ese momento contacta con el teniente fiscal de la Técnica, Diego Villafañe y le pide que mire a ver "qué hay".

Comienza preguntando la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde. Solo dos preguntas.

- "¿Remitió usted el correo del 2 de febrero?"

- "No", asegura el fiscal.

-"¿Se ratifica en su declaración ante el Supremo?

-"Sí".

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comenzado su declaración ante el tribunal asegurando que no va a contestar a las acusaciones y ha pedido explicar por qué. Antes de colocarse en el lugar donde declaran los acusados, se ha quitado la toga.

"No voy a contestar a las preguntas de ninguna de las acusaciones. Soy fiscal general del Estado y tengo un absoluto respeto a los perjudicados en el proceso penal... Sin embargo, en este procedimiento, durante la tramitación de la misma, pero especialmente al inicio, se han producido unas circunstancias", ha expresado.

El fiscal general solo responderá a las preguntas de la Fiscalía y su defensa.

Comienza la segunda y última parte de la sesión. Es el turno del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tomará la palabra para concluir la jornada de hoy del juicio contra su persona.

Se decreta un nuevo receso que se alargará hasta las 16:00. Queda aún por declarar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los peritos llamados por la defensa de García Ortiz firmaron un documento del 27 de octubre de 2025. Se ratifican en ese informe, donde analizan el informe técnico policial.

"Es totalmente imposible determinar qué mensajes se han borrado, cuántos mensajes se han borrado y la fecha de los mensajes que se han borrado. Es más, los mensajes borrados, podrían haber sido ya borrados en dicha fecha", dice uno de los peritos.

Carlos Pinto trabaja en la SEPI, lo ha revelado tras una pregunta del abogado de González Amador. Hacen el informe a instancia de la Abogacía del Estado.

Finaliza el turno de los agentes de la UCO. La defensa de García Ortiz llama a dos peritos suyos. Carlos Pinto y Eugenio Picón Rodríguez. Son ingenieros en informática. Uno es autónomo y el otro es perito y trabaja en una empresa. Su participación no estaba planificada. Ha anunciado el abogado del Estado que su declaración será de 5 minutos.

Hablan ahora del borrado de WhatsApp del 16 de octubre por parte del fiscal general del Estado. La defensa de García Ortiz pregunta si podían saber si los mensajes que borró correspondían a las fechas entre el 7 y el 14 de marzo. Los agentes dicen que borró todos los mensajes anteriores al 16 de octubre. Y que se tomaron "las medidas necesarias para que no sea posible" determinar la fecha de los mensajes borrados. Se refiere a que no pudieron analizar el dispositivo en el que se produjo ese borrado.

"La forma de actuar del fiscal general del Estado siempre fue de colaboración", dice Balas. El registro se alargó unas horas. "Queríamos volcar el teléfono ese día para devolvérselo cuanto antes", dice otro agente.

"Para acotar el número de posibles filtradores dicen que tienen que ser personas en las que concurran dos circunstancias: el correo electrónico del 2 de febrero y que supieran que se iba a publicar una nota informativa... ¿Por qué parten de esa premisa?", pregunta la Abogacía del Estado.

Los peritos dicen que los correos los tenían la fiscalía general del Estado. La abogada insiste en que en este juicio fue la jefa de prensa del Fiscal General del Estado la que dijo que iba a avisando a los periodistas que iban a emitir la nota informativa.

El teniente coronel Antonio Balas insiste en que sobre García Ortiz tienen más indicios, que la fiscalía está jerarquizada.

Consuelo Castro pregunta a los agentes de la UCO si sabían que el correo electrónico fue enviado a un correo genérico donde tienen acceso 16 personas, y dice que por qué no lo mencionan en el informe.

Un agente responde que analizan el teléfono de la fiscal y desde el mensaje que llega al fiscal hasta la filtración pasan una hora y cincuenta y dos minutos. Explica que en ese informe inicial necesitan otras vías investigativas, y es lo que expresan en el informe.

Desde el punto de vista policial, la carga indiciaria es suficiente para que el siguiente paso sea el análisis del móvil del fiscal general, explica el agente.

La Abogacía del Estado enseña unos mensajes para intentar desacreditar las inferencias de la UCO. Pero el agente insiste en la interpretación de sus mensajes. Son mensajes entre Diego Villafañe y Pilar Rodríguez sobre un posible ascenso de esta última.

Consuelo Castro, abogada del Estado, sigue haciendo referencia a partes del informe para poner en duda las inferencias o falta de ellas de la UCO. Por su parte, el teniente coronel Antonio Balas defiende el trabajo de los agentes.

"Antes no hay nada que haya sido filtrado, que no haya sido conocido previamente por la Fiscalía General del Estado", dice un agente. La abogada del Estado, Consuelo Castro, dice que lo sabía la Fiscalía General del Estado y "600 personas más".

Consuelo Castro pregunta sobre la "inferencia" que la denuncia contra el empresario fue filtrada por la Fiscalía General. "¿Intentaron averiguar si más personas además de Diego Villafañe habían recibido esa documentación?", pregunta. Enumera decenas de personas de la Fiscalía Provincial, la Abogacía, la Secretaría Técnica y el Decanato de Plaza Castilla.

El agente contesta con sorna: "Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas y en una instrucción, imagine otra circunstancia (un homicidio) esto se centra en aquellas personas sobre las que hay indicios y que tiene propósito, oportunidad... Hubo un elenco de personas que se fueron decantando hasta una concreta", dice. "Entiendo que se podría haber hecho una auditoría dentro de la Fiscalía" para cerrar el foco y eso sucedió. "Lo que usted marca si es prospectivo. Solo llevo investigando desde 1999", concluye.

"Sobre quien tenemos más indicios es sobre el fiscal general del Estado", dice el agente. "La instrucción tiene otros investigados, nosotros lo que no hacemos es realizar otras peticiones que no tenemos motivación para realizarlas. Como investigador, si pudiera acceder a todos lo haría, pero solo lo hago si hay unos indicios. En este caso los indicios son sobre el fiscal general del Estado".

La Abogacía del Estado incide con el marco temporal del volcado de dispositivos. Pregunta si pidieron una autorización para exceder el auto del magistrado instructor. "¿Es cierto que se hizo un volcado completo con independencia de la fecha?". El agente de la UCO dice que posiblemente sí. Que se fue dando cuenta al magistrado.

Los agentes dicen que el fiscal no puso reparos en entregar los dispositivos, pero que el anterior teléfono "lo había destruido". Se lo dijo el propio García Ortiz. La palabra textual, dice el agente, es "destruido", y que lo oyeron otros agentes.

Ahora se centran las preguntas en la llamada del periodista de Cadena Ser con García Ortiz. La Fiscalía se refiere a la llamada de 4 segundos, que según el periodista Miguel Ángel Campos fue el buzón de voz. El agente de la UCO dice que en las llamadas al fiscal general que no se descuelgan aparecen cero segundos. Sin embargo, aquí sí figura una llamada de 4 segundos y a continuación, varios segundos después, un SMS.

Después, la Abogacía del Estado discute con el juez. Los dos abogados querían repartirse las preguntas con los peritos. El juez quería que las formulase todas uno, como al parecer habían quedado en el receso. Al final les permite que cada uno pregunte a peritos distintos.

La Fiscalía quiere desligar al fiscal de la Fiscalía General del Estado. "¿A cuántas personas nos estamos refiriendo?", dice la Fiscalía cuando hablan de la Fiscalía General del Estado en uno de los informes. El agente responde que por supuesto se refieren al "fiscal general del Estado". "Entendemos que en la elaboración de la nota tendrá otros colaboradores. Equipo Fortuny. Si quiere pongo al fiscal general del Estado. Si quiere pongo a cinco", dice. Hay choque entre el agente y el fiscal.

Los agentes señalan al fiscal general el papel clave en el comunicado con entrecomillados del correo de Alberto González Amador por la urgencia con que quiso dar la nota de prensa. "No sé si Almudena Lastra y la fiscal general de Madrid tiene conocimiento de en qué condiciones se va a dar esa comunicación. Yo creo que le sorprende hasta a la fiscal provincial", dice el perito.

La Fiscalía pregunta quién podía estar en posesión del correo con la frase "ciertamente se han cometido dos delitos fiscales". "A lo largo de la instrucción hay distintos investigados que en virtud de los indicios se van inclinando hacia una única persona", dice un agente de la UCO. Esa persona es el fiscal general del Estado.

Los agentes también hablan de "la primera filtración", la de la denuncia contra el empresario Alberto González Amador, también es importante, destacan. "La asociamos a la Fiscalía General", insiste y destaca que, en el momento en que se produjo, ni siquiera la defensa tenía el expediente tributario y la denuncia. "Es un precedente importante", señala. "Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado". "Es evidente, se ve", agrega.

La Fiscalía vuelve a preguntar por las copias de seguridad efectuadas del material incautado en los registros y quieren saber cuál de esas copias se empleó para el análisis. Insisten también en el plazo establecido para el volcado.

El interrogatorio se centra en las distintas informaciones publicadas en prensa sobre el mensaje. Los agentes destacan el entrecomillado de la Cadena Ser textual del correo objeto del procedimiento. Explican que le dieron más relevancia a este que al artículo de El Mundo que hablaba de la postura de la Fiscalía porque en este segundo no hay entrecomillados ni relación "con lo que fue filtrado".

"También nos parece curioso que llame al fiscal general", dice el agente en referencia al periodista que firma la información de la Ser, Miguel Ángel Campos. "Se ve que se produce una filtración directa", destaca.

La acusación popular vuelve a incidir en el borrado de mensajes de WhatsApp del 16 de octubre. Según explican los agentes, fue un borrado "voluntario".

Ahora exponen la conversación de Juan Lobato con Sánchez Acera. Hasta las 9 de la mañana no está en los medios. Algo que encuentran clave los agentes de la UCO. Hasta las 9:06 no se publica en El Plural. La directora de Público contacta con Lobato para comentar la noticia. Pilar Sánchez Acera hace valoraciones que según los agentes son indicios de que sabe cuándo se va a publicar la noticia y que controla la filtración. "Vemos dos filtraciones. El entrecomillado de las 23.51 (que salió en Cadena Ser) y todo el correo", dice un agente.

Los agentes explican que no parece probable que los fiscales no vayan a caer en que publicar una nota de prensa con frases textuales de correos electrónicos privados va a ser "irregular". Lo que facilita que esa nota pueda ser llevado a cabo es una noticia de las 23:51, la de Cadena SER.

Los peritos explican que el decano del ICAM, Eugenio Ribón, muestra su malestar por lo ocurrido. Exponen la reunión que organizó Fiscalía con la Abogacía. "Hay un malestar por la nota de prensa que se ha publicado entre los distintos intervinientes. Fiscalía intenta calmar las aguas", dice.

El perito explica lo ocurrido el día de la filtración. El fiscal general del Estado llama a la directora de comunicación. "Se inicia una cadena" donde se involucra la fiscal general y se producen llamadas con el fiscal Julián Salto, donde se solicitan los correos electrónicos de su comunicación con González Amador. Son correos que son transmitidos a la fiscal provincial y a la fiscal superior. El correo que termina filtrándose está en el poder del fiscal general del Estado desde las 21:59.

El mail que publica El Mundo llega al fiscal general del Estado a las 23:47. A y 12 se envía un documento de Word desde Álvaro García Ortiz a Pilar Rodríguez. Es la nota la prensa. "Nos llama la atención que la nota difiere con la nota que se publica al día siguiente", explican los peritos

El abogado de González Amador se refiere a mensajes de WhatsApp requisados del dispositivo de Pilar Rodríguez. Figuran conversaciones con Diego Villafañe, de la Secretaría de la Fiscalía General y con la fiscal Almudena Lastra. Lastra muestra su enfado con la Fiscalía General del Estado por la filtración de la información de la info del novio de Ayuso, que sale en eldiario.es el 12 de marzo.

Como consecuencia del cambio de terminal, los registros digitales no figuran en el nuevo terminal. "Es complicado acceder a ello si se ha borrado, pero además el terminal analizado no es del que se hizo aquella acción", explica uno de los peritos.

El abogado de González Amador hace la cronología de los hechos con los peritos. Desde el 5 de enero del 2024, García Ortiz usaba el Samsung Galaxy A52: entre el 7 y 14 de marzo, cuando se produjo la filtración del correo electrónico de la pareja de Ayuso, es el teléfono que usó. El 16 de octubre de 2024 seguía con ese teléfono, cuando estalla la causa. El 23 de octubre cambia de teléfono al Samsung Galaxy A54, proporcionado por la oficina de móviles. Se realiza un reseteo del móvil antiguo el día 23. No ha devuelto el anterior móvil.

En ese terminal no devuelto se registraron en el disco duro las llamadas y wasaps intercambiados entre el 7 y el 14 de marzo, las fechas clave de la filtración. El agente precisa que el día 16, el mismo en el que el Supremo abrió la causa en su contra, se produjo un borrado de los mensajes de la aplicación de mensajería móvil, confirman los peritos.

Los peritos inciden en que no pudieron acceder al correo de Gmail porque se habían borrado "recientemente" correos.

El abogado pregunta sobre la forma en la que las comunicaciones quedan almacenadas en el teléfono utilizado. También inquiere respecto a las operadoras y la información que conservan. Desde el 5 de enero del 2024 hasta el 23 de octubre no hubo cambio del terminal telefónico, precisa este primer agente. En esta fecha se produjo un cambio de dispositivo. "Hubo unos bailes", apunta el abogado.

La explicación a estos "bailes" que da el agente es que el día 23 instaló la tarjeta en el nuevo móvil, formateó ese móvil y provocó que dejara de funcionar al hacerlo. Como se quedó sin móvil, volvió a la tarjeta anterior. El fiscal general asiente mientras el perito de la UCO da estas explicaciones.

Empieza preguntando el abogado de Alberto González Amador. Los tres peritos se ratifican en el contenido de los informes. "¿Observaron que Álvaro García Ortiz, entre el 7 y el 14 marzo, hizo comunicaciones de WhatsApp desde el 616?", pregunta el abogado. Los peritos dicen que sí, y que lo vieron en el móvil de la fiscal jefe provincial.

Se reanuda la sesión. Las partes han acordado que van a declarar los tres peritos juntos. Son los agentes autores de los informes que obran en las actuaciones y el agente encargado de ratificar informe técnico pericial con fecha del 06/02/2025. De esta forma, terminarán de comparecer los 12 agentes llamados a declarar.

Receso de 15 minutos. En este tiempo, las partes tienen que debatir y acordar si los tres peritos van juntos en grupo o separados. Tras los peritos queda un agente más de la UCO y posteriormente sería el turno del fiscal general del Estado.

El noveno agente llamado a declarar, que se encargó de volcar los dispositivos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ratifica en el acta y no le formulan preguntas adicionales.

La Abogacía General del Estado no hace preguntas al séptimo agente de la UCO llamado a declarar. Se limita a ratificarse en el acta de registro a la pregunta de una de las acusaciones populares.

Declara ahora el sexto agente de la UCO, que participó en el mismo registro de la Fiscalía Provincial. Este agente registró el despacho de la fiscal jefe provincial. De nuevo, la Abogacía del Estado formula preguntas sobre la copia de dispositivos electrónicos (4 cuentas de correos electrónicos y dos teléfonos móviles) y si fue y total o parcial.

Habla el quinto agente, presente también en el registro de Fiscalía Provincial. En lo que respecta al terminal informático, la orden de incautación del juez era "bastante amplia", dice este agente. El marco temporal estaba fijado y abarcaba siete meses, desde el 8 de marzo hasta la fecha del registro. Determinadas descargas tuvieron que hacerse de todo el periodo tras intentarse y no poder respetar el límite de fechas.

La Abogacía del Estado pregunta si comunicaron al magistrado instructor la imposibilidad de volcar por fechas los contenidos. El agente lo desconoce.

La Abogacía del Estado repite la táctica: pregunta si la copia de los dispositivos móviles fue total o parcial. El auto especificaba que la información a recabar abarcaba desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre. "Si se pudiera haber hecho ese filtro lo hubiésemos hecho". "Técnicamente no se puede", explica el agente de la UCO.

La Fiscalía pregunta por el volcado de los dispositivos de Pilar Rodríguez. "No hubo manera técnica de acotar fechas, se tuvo que hacer una copia completa del backup", vuelve a repetir en este caso el agente, que apunta que la dificultad varía en función del servidor de correo. Se guardaron copias precintadas en un disco duro para la letrada de la administración de Justicia, mientras que los agentes se llevaron una segunda para trabajar. Hubo, por tanto, dos copias en este caso.

Turno para el cuarto agente de la UCO, que formó parte de la entrada y registro en Fiscalía Provincial. El día de los registros estuvo presente en el de la fiscal jefa provincial. Se ratifica en las actas que se levantaron aquel día. Una de las acusaciones populares le pregunta qué equipos se clonaron. Responde que los dos dispositivos móviles marca Samsung (el personal y el corporativo).

¿Qué orden recibió de sus superiores sobre lo que tenían que llevarse?, pregunta la defensa. "Lo típico", contesta el agente. Respecto al móvil, reitera que se extrajo de forma total, al igual que el contenido de las tarjetas SIM. Sobre el ordenador de sobremesa, explica que se hizo una búsqueda selectiva.

Turno para un tercer agente de la UCO que también participó en el registro al fiscal general del Estado. Con este tercer testigo se reproduce el mismo esquema. Explica que se fue alternando con su compañero y también repite que en la extracción no se puede seleccionar un rango de fechas concreto; que se extrae todo y después se selecciona en rango de fechas concreto.

El agente dice que durante el registro se va explicando la motivación o justificación de lo que se hace. Ahora las preguntas se centran en la cuenta de Gmail del fiscal. El agente no recuerda el volcado de esta cuenta en particular. El fiscal hizo unas alegaciones orales sobre el volumen de información que se estaban llevando.

Ya durante la fase de instrucción, la defensa del fiscal general reclamó la nulidad del registro practicado en su despacho. En un escrito dirigido al alto tribunal, la Abogacía del Estado alegó que la medida que ordenó el juez Ángel Hurtado podía "comprometer la seguridad del Estado" e "intereses nacionales".

La Abogacía del Estado pregunta cómo se volcó el ordenador de sobremesa. El agente dice que cuando se produjo no sabía lo que se estaba buscando. Requisó documentos de word, pdf, etc. "Durante un registro es muy difícil hacer una limitación temporal, eso se hace en la fase de análisis".

Además, la Abogacía sigue preguntando por el volcado de la nube y el correo profesional del fiscal general del Estado. Su interés es saber si la copia fue parcial o total. Se repite la situación anterior: el agente responde que se hace el volcado total porque es "imposible" filtrar por fechas.

Turno de la Fiscalía. El agente responde una vez más que los volcados se hacen de toda la información. La Fiscalía pregunta si el fiscal fue colaborador, y el agente responde que sí. También indica que el fiscal apuntó que había cambiado de móvil recientemente.

El segundo agente explica que en el registro del despacho participaron dos compañeros que se fueron alternando. No tenía ninguno de ellos una tarea específica, sino que iban coordinando las labores. "El volumen de información es tanta...", apunta. También confirma que solo se hizo una copia de todo lo que se extrajo.

Además, una de las acusaciones pregunta si la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde (que representa a la Fiscalía en el juicio) estuvo presente durante esa entrada y registro. Le indica al agente quién es y él contesta afirmativamente: "Si".

Turno para otro agente de la UCO que se encargó también del volcado de dispositivos. Explica que hay que hacer el volcado de los dispositivos de manera total, que es imposible hacerlo de manera parcial.

Preguntan al agente de la UCO sobre la extracción de la información de la cuenta de gmail (la cuenta privada) de García Ortiz. El agente explica que el fiscal general del Estado se quejó por el registro. La teniente fiscal formuló quejas orales durante el registro. Esas quejas quedaron reflejadas en el acta del agente.

La defensa se interesa por quiénes revisaron los correos profesionales del fiscal. El agente responde que fueron sus superiores.

El abogado del Estado que defiende a García Ortiz insiste en la restricción de fechas que impuso el juez instructor Ángel Hurtado y repasa la actuación de la UCO en cada dispositivo. "Cuando ustedes salieron de la Fiscalía General, ¿salieron con una copia total del correo oficial del señor fiscal general del Estado?", pregunta. El agente explica que fue así y que esa copia la custodió la letrada de la administración de justicia. En un acto distinto, se procedió al expurgo.

La defensa de García Ortiz pregunta por el volcado de dos tarjetas nanoSIM del fiscal general del Estado. El agente no recuerda qué volcado se hizo, pero explica que el volcado debe ser total y a partir de ahí seleccionar las fechas indicadas. La defensa está centrando sus preguntas en este punto (los volcados) porque buscan una causa de nulidad del proceso: tratar de obtener pruebas de que se buscó en todos los dispositivos sin discriminación, apuntando a una investigación prospectiva.

El agente explica que se procedió a un volcado total de los móviles para después extraer de ellos la información esencial de esos días. Primero se copió en un único disco duro aislado y después se procesó. La información que se analizó posteriormente se restringía a los datos hallados a partir del 8 de marzo. En los correos y el ordenador sí se buscó información específica de esos días.

La defensa de Álvaro García Ortiz pregunta por la entrada y registro: "¿Qué orden recibió usted?". El agente responde que su superior le pidió formar un equipo para hallar información en dispositivos respecto a una revelación de secretos. Había que encontrar información del 8 de marzo de 2024 en adelante. "Se miraron los ordenadores y el teléfono", apunta el agente de la UCO.

Comienzan las preguntas de la Fiscalía. El fiscal quiere saber si se puede garantizar que no se incorporaron datos nuevos durante la aprehensión de los dispositivos. Pregunta también si hubo colaboración activa y el agente contesta que sí. También precisa que el fiscal general les advirtió de que había cambiado de teléfono de forma reciente.

El primer agente en declarar se ha encargado del volcado de los dispositivos: la transformación de la información de un soporte a otro soporte. Y, no ha participado en el proceso de análisis de los contenidos.

"Yo solo dirijo al personal técnico que me acompañó en ese momento", explica. En cuanto al registro del despacho de Álvaro García Ortiz, apunta que se requisó el ordenador de sobremesa, la nube y el teléfono móvil. También se aportó un disco duro que contenía el volcado del ordenador.

Da comienzo una nueva sesión del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Llaman a declarar en primer lugar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que efectuaron el registro en la Fiscalía General del Estado.

Acaba de llegar al Tribunal Supremo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una jornada clave en su juicio en la que él intervendrá.

Hay una frase que se les repite con frecuencia a los periodistas de tribunales que empiezan en el oficio. "Explícalo para que lo entienda tu madre". Es decir, utiliza un lenguaje comprensible para los que no son juristas, pero que mantenga el completo rigor. Todos en el gremio pensamos en nuestras madres cuando redactamos una noticia. Se lo contamos a ellas sin desmerecerlas. Y en estos días, en la sala de vistas del Tribunal Supremo en la que Álvaro García Ortiz asiste al desarrollo del juicio en su contra, hay una pregunta no pronunciada que sobrevuela todas las sesiones. ¿Cuándo se enteró tu madre del secreto del novio de Ayuso? 

Dicho de otra forma. ¿Qué acto en concreto provocó que la revelación de la que se acusa al fiscal general calara por completo, hasta alcanzar a toda la opinión pública? En la cuarta sesión del juicio ha habido declaraciones encontradas sobre este extremo en particular, fundamental para determinar si el delito que se le atribuye al jefe máximo de la Fiscalía tiene o no tiene razón de ser. De la respuesta dependerá el futuro de García Ortiz.

Por Beatriz Parera.

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Beatriz Parera

Turno este miércoles, desde las 10:00, para agentes de la UCO en el juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una jornada en la que él también toma la palabra. En primer lugar, intervienen los agentes encargados de la entrada y el registro de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Provincial. Posteriormente, declara el agente que volcó el dispositivo de García Ortiz y los encargados de los informes. Finalmente, habla el Fiscal General del Estado para cerrar la sesión de este miércoles.

Concluyen las declaraciones previstas para este martes en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. Mañana miércoles se retomará la sesión a las 10 horas.

Coiduras se acoge al secreto profesional para no decir quién le mando el correo electrónico de González Amador. Dice que tuvo la información a las 8 de la mañana de ese mismo día. El Plural fue el primero en publicar la captura del correo.

Testigo propuesto de la defensa. La Abogacía del Estado le enseña unos mensajes de WhatsApp donde reenvía a Romero los mensajes intercambiados con Miguel Ángel Rodríguez (MAR).

A las 21:59 horas recibe un mensaje de Romero: lo que cuentan en Fiscalía es que el acuerdo de conformidad vino de la defensa de González Amador. En el mensaje de WhatsApp, se habla de "la Fiscalía", no se especifica que fuera la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

Ferrero explica que buscaban saber si González Amador había reconocido el delito, algo que iba en contra de las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso y si, además, buscaba pagar la deuda. Ambas cuestiones eran fundamentales para determinar que "tenía un pacto de conformidad".

La periodista cuenta lo que ocurrió el 12 de marzo. Intentaron contrastar que González Amador había defraudado a Hacienda, como publicó eldiario.es.

Romero hizo un encargo a Fernando Peinado para que contactara con el abogado de González Amador para contrastar que había admitido el delito en la propuesta de conformidad.

Recuerda lo que le escribió a su compañero Peinado siguiendo las instrucciones de Romero. "Por lo visto ha querido pagar lo debido a Hacienda en reconocimiento del delito", explica que le indicó. Peinado hizo la gestión, pero no obtuvo respuesta.

Pregunta la Fiscalía al testigo por las manifestaciones notariales que acompañaron a las del exsubdirector José Manuel Romero. "Fue un terremoto informativo. Pasamos de cero a cien", explica.

Recuerda que Romero le dice a otra compañera, Berta Ferrero, que una fuente de Fiscalía de la Comunidad de Madrid le hablaba de un intento de pacto por parte de la defensa de González Amador.

Peinado preguntó a Neira, abogado de González Amador, si había procedido al pago de la multa, como indicó en la instrucción.

La fiscal habla de un mensaje con su compañero a las 21:59 horas del 13 de marzo. En esa conversación decía exactamente el pacto de conformidad que el señor Neira había ofrecido a la Fiscalía. A preguntas de la abogada del Estado, explica que fue su fuente quien le da el nombre del abogado de González Amador, Carlos Neira, cuyo nombre se desconocía hasta entonces.

"Llamamos por teléfono a Carlos Neira, le enviamos un correo electrónico y un WhatsApp. Este periódico siempre contrasta", asevera Romero. La abogada del Estado enseña un mensaje de WhatsApp de Juan José Mateo dando la versión de MAR (Miguel Ángel Rodríguez) de los hechos. Repite que la fiscalía de la Comunidad de Madrid le dice que tiene que ser la máxima autoridad quien podía confirmar lo que le había transmitido su fuente: la Fiscalía General del Estado. Concluyen las preguntas a este testigo. El juez dice que se retoman a las 4 de la tarde los interrogatorios.

El periodista justifica que se refiera a González Amador como "defraudador confeso". Dice que no se refiere a él así por el correo electrónico, sino por comunicaciones previas con su abogado, donde dice que intentó regularizar su situación fiscal.

La acusación popular y el colegio de abogados no hacen preguntas para evitar reiteraciones. A preguntas de la Fiscalía, explica por qué aportó los WhatsApp que intercambió con Juan José Mateo. En particular, buscaba demostrar que conocían "el secreto mucho antes que el fiscal general del Estado".

A las 7 de la mañana le dijo a Juan José Mateo, periodista de El País, que iba a retocar el texto porque tenía información sobre el comunicado de la Fiscalía que saldría 4 horas después. "Me pongo en contacto con la Fiscalía General del Estado porque ellos no tenían ni idea... Me dijeron que mañana harían pública una información con todos los detalles". Dice que fue él quien les avisó para decirles que no es verdad lo que publica El Mundo. También reconoce que había detalles que no había y le cuenta la fiscalía de la Comunidad de Madrid.

A la pregunta de "¿Qué fuente me aportó a mí esa información?", Romero ha respondido que "me acojo a mi derecho al secreto profesional".

Romero señala que a las 21:29 El Mundo publica el "bulo" de que la Fiscalía ofrecía un pacto a la defensa del novio de Ayuso. Dice que con lo que conoció el día 12 sabía que era mentira. 22:38 se publica la información de El País. "El País antes de que el fiscal general pudiera recibir la información ya estaba diciendo que González Amador reconocía los delitos", asegura.

"El supuesto secreto que nos trae, El País lo sabía mucho antes". El juez vuelve a llamar la atención al testigo por no dejar que el abogado de González Amador concluya la pregunta.

A las 8 de la tarde, Romero llamó a la fiscalía de la Comunidad de Madrid para preguntar si se podía contar la existencia de un acuerdo de conformidad en estos términos. El de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid dijo que no podían confirmarme eso, que tenía que ser la fiscalía general del Estado.

Choques entre el exdirectivo de El País y el abogado de González Amador. El juez se ve obligado a intervenir para que el periodista responda solo cuando se le pregunta y a lo que se le pregunta.

Sobre su fuente de la fiscalía de la Comunidad de Madrid insiste en que es "una fuente de toda solvencia que nunca me ha engañado en los 30 años". Dice que "probablemente" tuvo constancia del mail del 2 de febrero a través de la Cadena SER.

Explica que a las 8 de la tarde del 12 de marzo El País publicó una exclusiva sobre que el negocio de Amador por el que había conseguido millones de euros en comisiones era por la venta de mascarillas. Avanzábamos una cosa especialmente grave, lo del reconocimiento del delito de Amador fue considerado grave por las "mentiras" que filtró la Comunidad de Madrid.

Cita las palabras de Ayuso diciendo que era "una cacería" y que era Hacienda quien debía dinero. Explica que preguntaron a MAR sobre este tema y él mantuvo la versión.

La defensa del novio de Ayuso pregunta al testigo por el acta de manifestaciones ante notario que realizó, en la que aseguraba que el día 12 de marzo conoció la existencia de un intento de pacto auspiciado por el letrado de González Amador. Por primera vez asegura que siempre trató con fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. "Quiero que esto quede claro desde el principio", subraya.

Romero cuenta que le llega el mensaje de una fuente que le cuenta que el abogado de González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad por el cual reconoce los delitos, paga una multa y evita entrar en prisión. Este mensaje se lo manda una "fuente de la fiscalía de la Comunidad de Madrid". Él se lo rebota a la periodista Berta Ferrero. Fernando Peinado, que lleva la relación con los tribunales, llama a Carlos Neira para preguntar por el pago de una multa. No contestó.

Acaba Campos y comienza a declarar el exsubdirector de El País José Manuel Romero. Asegura que tiene relación profesional con García Ortiz, que ejerce desde hace 30 años y desde hace 25 dirijo la sección de política y tribunales de El País y ahora El diario. García Ortiz fue el fiscal del caso Prestige y desde entonces hay relación. Del 6 al 14 de marzo afirma que no se mandaron WhatsApp. "Otros días sí".

En las preguntas de la Fiscalía vuelve a aparecer la referencia que realizó el periodista en instrucción a que subió a un "tercer piso" para acceder al despacho de su fuente, que le mostró el email en un ordenador. Campos asegura que solo vio ese correo electrónico y que dispuso de tiempo suficiente para copiar los literales. "Pocas veces he visto que se refleje de forma tan directa un reconocimiento: ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", recuerda.

Sigue las preguntas de la Fiscalía: "¿Esa fuente es el fiscal general del Estado?". Respuesta. "No". Campos alega que el correo pasó por varias manos, que no hubo custodia como tal del mismo. "Una funcionaria la imprime y la deja en el despacho del fiscal Salto". También explica que se mandó a la abogacía. Se acoge al secreto profesional para no decir si el "tercer piso" eran dependencias oficiales,

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El abogado de la acusación popular resalta que Campos se ha referido a la fuente como "él". Campos dijo "él me dice que venga", cuando le llamó para enseñarle el correo. También afirma que hay una contradicción entre lo que ha declarado hoy y la instrucción, cuando Campos dijo que con Álvaro García Ortiz no tuvo conversaciones después de que fuera nombrado fiscal general del Estado. El juez no considera que haya dicha contradicción.

A las 23:51 se publica su artículo. En él se señala el textual "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" y también que la Fiscalía prepara un comunicado al respecto. El primer entrecomillado se repite varias veces a lo largo del texto colgado en la web.

"¿Alguien había publicado ese entrecomillado antes?", pregunta el abogado. "Creo que no", contesta el periodista. El letrado también le pregunta por qué titubeó cuando Aimar Bretos le preguntaba por la fecha del correo electrónico. El periodista explica que anotó los datos en un papel de forma rápida para entrar y que no estaba seguro.

Concreta después que, esa madrugada, tuvo acceso finalmente al correo físico. Preguntado por su fuente, vuelve a acogerse al secreto profesional.

Campos consideraba que tras la publicación de El Mundo, ya no había "secreto" sobre el correo del abogado de González Amador, ya que se había descubierto que había negociaciones sobre un acuerdo de conformidad entre las partes. En ese contexto, habla con su fuente para convencerle de su publicación.

A las 22:57 tiene el visto bueno de la fuente y justo después escribió a Neira. No respondió, pero la información ya estaba redactada. A las 23:25 entra en el programa Hora 25. Locuta el contenido del correo, que no estaba publicado, insiste el abogado de González Amador. "Está asumiendo la defensa del novio que efectivamente cometió delitos fiscales en los años 20-21". ¿Quién le transmite la información de la Fiscalía? "Fuentes fiscales, no se lo puedo decir... Es una información con múltiples fuentes. La que me enseña el correo y lo poco que pude rascar de otras llamadas.

No publicaron la información de El Mundo porque pidió a su cadena que parasen. "De esto no publicamos nada porque esto es falso", dijo a su radio. A las once menos algo de la noche, su fuente acaba por cogerle el teléfono y, en inicio, le insiste en que no puede publicar el contenido el email. "Le insisto en que ya está publicado, en que ya no hay ningún secreto, al entender que ya había sido revelado por El Mundo", detalla en respuesta a las preguntas de la defensa de González Amador.

Dice que a la 23:20 escribió a Carlos Neira, abogado de González Amador, para pedirle hablar un momento. Ese día no pudo cerrar la información y fue a Ponzano a ver el partido del Atleti. Antes de que terminase la primera parte, a las 21:38, ya había llamado a Álvaro García Ortiz, dice el abogado, según la información facilitada por Movistar. Campos dice que García Ortiz no contestó a esa llamada y no se la devolvió.

A esa hora, el diario El Mundo ya había publicado su información en la que se atribuía a la Fiscalía la iniciativa del pacto. La primera llamada que hace tras saberlo, dice Campos, es a su fuente, que no le coge el teléfono. "El fiscal general del Estado no es mi fuente", precisa poco después para detallar que también trató de llamarle a él. Seguía pesando la prohibición de publicar el correo que había visto.

"Llego a la radio y empiezo a llamar a personas para ver si puedo llegar a la misma información a través de otras vías", sigue detallando. Explica que contactó con decenas de personas sin lograrlo. Trató de hablar con el abogado de la pareja de Ayuso, pero no le respondió. Lo hizo ya tarde, temiendo una "voladura controlada" y no le remitió un mensaje escrito para no dar pistas.

Me llamó y me dijo que acudiera a su despacho. "Ven y te lo muestro", le especificó. Campos cogió un taxi y se desplazó hasta el lugar donde pudo leer en la pantalla de un ordenador el correo electrónico en el que la defensa de González Amador reconocía la comisión de dos delitos para alcanzar un pacto. Pidió que le reenviaran el email o se lo imprimieran pero la fuente se negó.

Apuntó por escrito todo el contenido del mail. A continuación, afirma que cuando regresaba en el taxi de camino a la redacción le llama otra vez esa fuente diciéndole que se puede meter en un lío y finalmente no le deja publicarlo.

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Comienza a declarar el periodista de la cadena SER Miguel Ángel Campos. Describe lo sucedido el día 13 de marzo. El periodista explica que, desde primera hora de la mañana, en su medio trataban de confirmar la presentación por parte de la Fiscalía de una denuncia contra el empresario Alberto González Amador y su desarrollo posterior. "Estuve llamando toda la mañana hasta que a las dos y pico de la tarde hablo con una persona que me dice que el novio ha iniciado un procedimiento de conformidad. Me dice, vente y te lo enseño".

Le pregunta el abogado de González Amador quién se lo dijo. Pero Campos se acoge al secreto profesional. "Es gente con un conocimiento directo con la información y garantiza el derecho de la sociedad a tener acceso a una información veraz. Hay muchas informaciones que si no fueran gracias al anonimato de estas fuentes no saldrían a la luz", apunta.

Turno de la abogada del Estado. En respuesta a su pregunta, Hidalgo dice que la nota de prensa fue autorizada por el responsable del tratamiento (Ministerio Fiscal) y que al ser autorizada no es una violación de seguridad. Que está sometida a otros principios una vez publicada, pero que una nota de Fiscalía nunca será una "brecha de seguridad".

Nadie le comunicó que había habido una brecha de seguridad. Pregunta de la abogada del Estado: "¿Le informan todos los fiscales de España cuando borran su correo o cambian de móvil?". Respuesta de Hidalgo: "Obviamente, no". Tras su declaración, hay un receso de 10 minutos. A continuación será el turno de Miguel Ángel Campos Peñarroja, periodista de Cadena SER.

El fiscal, en su turno de preguntas, se refiere también al borrado y logra arrancarle al testigo la afirmación de que la eliminación de datos personales "se corresponde con una seguridad" en el tratamiento de datos. Hidalgo se refiere al "síndrome de Diógenes" habitual en la conservación de datos en la administración y la desaconseja. Hace extensiva la recomendación de la eliminación a todo tipo de dispositivos como teléfonos, ordenadores o tablets.

También respalda como delegado de protección de datos el borrado de conversaciones en chats como de WhatsApp.

La primera parte interrogatorio, un permanente desencuentro entre la defensa del novio de Ayuso y el interrogado, acaba de forma abrupta. "¿Los servidores de email dejan registro de cuando se accede, si se borra, etc ...?, pregunta el abogado de González Amador. "Creo que debería haber propuesto como testigo a alguien de la administración prestacional", ataja el testigo.

No le notificaron el borrado de la cuenta de Gmail de Álvaro García Ortiz donde enviaron estos correos. Tampoco le notificaron del cambio de móvil del fiscal general del Estado, ni el borrado de la cuenta de Google donde estaba la copia de seguridad del email. "No me informaron, pero no tenían por qué informarme", dice Hidalgo a preguntas del abogado de González Amador.

Debate entre el abogado y el testigo sobre la obligación o no de conservar los dispositivos electrónicos. "Tiene la facultad de destruirlos", asegura Hidalgo.

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En la guía que Hidalgo redactó en 2022 sobre protección de datos en el ámbito fiscal se pide evitar el uso de cuentas privadas del correo electrónico para datos profesionales. Hay que recordar que el fiscal general del Estado recibió el correo de González Amador en su cuenta personal.

Hidalgo señala que la cuenta privada "para el uso profesional" no es "recomendable", pero que "no se prohíbe" hacerlo. "El derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto", añade. A continuación indica que se puede utilizar una cuenta privada para el uso profesional y lo compara con el uso de WhatsApp que hacemos todos.

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Hidalgo: "El delegado de protección de datos tiene como fin fomentar una cultura de protección de datos". El abogado concluye que no se investigó en ningún momento la filtración del correo de González Amador. Hidalgo insiste en que no entra en sus funciones.

"No todos los incidentes de seguridad son violaciones de seguridad", dice. Agustín Hidalgo. El objetivo del abogado de Amador es inferir la responsabilidad del interrogado por no investigar la filtración de datos del correo electrónico en la nota de prensa. Dice que "supervisar el incumplimiento de una violación de seguridad requiere que el interesado se dirija a la Fiscalía". "En mi opinión, esa nota no incurre en violación de seguridad", afirma.

Concluye el interrogatorio a Sanz. Turno de Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado.

El abogado de Amador intenta aclarar las funciones de Agustín Hidalgo como delegado de protección de datos de la Fiscalía. Se inicia un rifirrafe legal sobre si entre sus funciones está supervisar la normativa de protección de datos en el ámbito jurisdiccional de la Fiscalía.

Preguntan por el cambio de teléfono móvil de Sanz después de que la Guardia Civil registrase el despacho del fiscal. Niega haber cambiado de teléfono: "No cambio de teléfono nunca". Explica que dos días después de aquella diligencia de entrada y registro del despacho del fiscal cambió el número asociado al whatsapp. Explica que tiene el mismo número desde hace 25 años, y que tiene otro que solo usa cuando sale al extranjero para asegurarse los datos. Insiste en que usa el mismo número de siempre.

La testigo aclara a continuación, a preguntas de la Fiscalía, que el expediente abierto y en suspenso está en la actualidad archivado, en lo que afecta a la Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, ambos imputados en su día y después exonerados. Los hechos que se declaraban acreditados en los sobreseimientos del Supremo la "vinculaban", precisa. En ellos se aseguraba que habían cumplido una orden legítima.

Acaba Ribón. Pasa a continuación María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección. La acusación que ejerce la APIF le pregunta si, como responsable de esta área, sabe si se ha desarrollado alguna inspección interna en relación con la filtración. Asegura que se abrió expediente en virtud de distintas denuncias presentadas. Tras comprobar que la actuación había sido judicializada, se dejó en suspenso el trámite.

"No hubo tiempo de hacer nada. Cuando empezábamos a instruir ya se estaba abriendo la investigación penal", detalla.

La defensa de García Ortiz intenta demostrar si ha habido una reducción en el número de conformidades a raíz de la publicación de la nota de prensa. También se refiere a las conclusiones del pleno del Consejo General de la Abogacía donde se afirma como legítimo que el Ministerio Fiscal informe. La defensa del fiscal trata de demostrar que el propio Consejo respaldó el uso de la información de la fiscalía.

Insiste en que la actuación del ICAM se centra en la nota de prensa. "Entendemos que a raíz de ella el abogado pierde su libertad. Sin abogados libres no hay justicia. Cuando nosotros juramos, juramos acatar la Constitución, el ordenamiento jurídico y el ejercicio en libertad, independencia y secreto profesional", explica.

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La defensa de García Ortiz pregunta si el abogado de González Amador solicitó amparo ante el Colegio tras la nota. Ribón contesta que lo desconoce. "No me consta", asegura. "El Colegio no actúa en defensa de un abogado concreto sino en defensa de un principio universal, en defensa del ejercicio de la Abogacía". "Es la nota la que genera la alarma y el desconcierto absoluto de la Abogacía", insiste.

Señala que es la nota de prensa de la Fiscalía la que "genera esa inquietud y sobre eso actuamos". Apunta que "el colegio no entra a valorar las publicaciones de los distintos medios de comunicación", y reitera que actuó "solo sobre la nota de prensa de la Fiscalía", que es "muy diferente a la divulgación de la noticia en un medio de comunicación". "Es institución, no medio de comunicación".

Sigue declarando Ribón. Se trata de algo "de inusitada gravedad para el derecho de defensa" y, por ello, motivó la convocatoria de una Junta extraordinaria. "La preocupación era honda. Nunca habíamos vivido una situación como esta. En ese momento desconocíamos quién era el autor de la nota y por ello se presentó en origen ante el TSJ de Madrid", añade.

Explica que "en el curso de la reunión del día 15 se trató de justificar la reproducción literal del contenido del correo electrónico". Aquello fue el origen de la mayor discrepancia entre abogacía y fiscalía. "Uno de los puntos clave fue la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles. No era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos", afirma.

En esa reunión, Álvaro García Ortiz, le propone la elaboración de un comunicado conjunto. "En el momento en que manifiesto que no estoy conforme con esa situación, la conversación se precipita y se da por terminada en dos minutos o pocos segundos".

Los cinco fiscales presentes apoyaron la tesis de la corrección de la nota. García Ortiz permaneció "callado". La reunión no duró más de 15 minutos. Tras ella, el ICAM convoca una Junta en la que se decide iniciar acciones penales por la "ruptura del secreto".

Ribóin explica que desde la nota publicada, comenzaron a recibir numerosas llamadas de protesta de compañeros. "Una vez me la facilitan envío un mensaje a doña Pilar Rodríguez solicitando hablar con ella para comprobarlo. Era difícil de creer", dice.

Rodríguez le dice que "se sentía como un sándwich, por arriba y por abajo" y le concreta que aunque la nota lleva su sello, no había salido de la Fiscalía Provincial. Ya por la tarde, le contacta el fiscal proponiendo una entrevista, le transmite ya en un mensaje la altísima preocupación de la Abogacía. Acude a la cita y en ella se encuentra con cinco fiscales, entre ellos García Ortiz, Pilar Rodríguez y Diego Villafañe. También participa la presidenta del Colegio nacional de la Abogacía.

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Comienza la sesión con un tira y afloja. Le preguntan cuáles son los cauces de la abogacía de conexión con la Fiscalía. La defensa de García Ortiz protesta al considerar que la pregunta es propia de un perito y no de un testigo. El presidente del tribunal desestima la protesta.

La primera testifical es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.

Cuatro días después de la nota de prensa que la Fiscalía emitió el 14 de marzo de 2024 para aclarar lo ocurrido tras informaciones que atribuían la iniciativa de la conformidad al Ministerio Fiscal, Ribón anunció en una rueda de prensa que denunciaría la supuesta filtración de datos.

Esta semana, el plato fuerte será la declaración de García Ortiz, que será mañana miércoles. Recordemos que la semana pasada, la primera del juicio, las principales declaraciones fueron las de González Amador y las de Miguel Ángel Rodríguez, que ajustaron cuentas y dejaron los mejores momentos del proceso.

El Tribunal Supremo aborda a partir de este martes la parte final del juicio contra el fiscal general. Las tres últimas sesiones serán las del todo o nada para Álvaro García Ortiz que tendrá su última opción para tratar de demostrar su inocencia. El calendario previsto incluye testigos que declararán a su favor, pero también tragos amargos para el jefe de la Fiscalía. El broche final será su propio interrogatorio y los informes finales.

Tanto en uno como en otro caso se sacarán a relucir el supuesto abuso en la instrucción que ya ha denunciado en múltiples ocasiones y que persigue la nulidad de las pruebas fundamentales para tratar de armar una absolución, una victoria por puntos como las del boxeo. La vista oral acogerá en su reanudación la declaración de distintos periodistas de El País que acuden después de que el que fuera subdirector del medio, José Manuel Romero, registrara ante notario una declaración que se acompañó de una serie de mensajes intercambiados con redactores de este diario.

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Este martes comienza la segunda y última semana del juicio al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en la supuesta filtración del citado correo, de 2 de febrero de 2024, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía una conformidad penal en la que admitía un fraude a Hacienda.

La primera testifical es la de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), institución que ejerce una de las acusaciones populares de este juicio y que solicita para el fiscal general cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.