Así desprecian Sánchez y sus ministros al Congreso: 684 comparecencias pendientes

Los desplantes del Gobierno al Parlamento empiezan a ser lugar común, prueba de que el cumplimiento del Estado de derecho ya no se percibe como un bien en sí mismo, sino como un trámite que puede o no cumplirse. Al bloqueo legislativo y la incapacidad del Ejecutivo para aprobar leyes y convalidar decretos ley se suma el desprecio a la necesaria labor de control de la Cámara Baja: desde el comienzo de la legislatura, el Gobierno en su conjunto ha desatendido 684 peticiones de comparecencia del presidente o de sus ministros, ya sea en Pleno (33) o en comisión (651). Si a esto se suman las comparecencias no celebradas de altos funcionarios, la cifra supera las 1.200. Una prueba más de que el presidente del Gobierno decía la verdad cuando afirmó en septiembre de 2024 que gobernaría “con o sin el concurso del Legislativo”.

El ministro más incumplidor es el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con 118 peticiones pendientes, seguido por el ministro de Transportes, Óscar Puente (62); la ministra de Sanidad, Mónica García (61); la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero (57); y el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (33).

Si se observan las comparecencias en el Pleno, el presidente del Gobierno tiene seis peticiones pendientes, y es así desde el mismo inicio de la legislatura. Cuatro son a iniciativa del PP y una a petición propia, en este caso para un genérico “informar sobre reuniones internacionales que fue registrada hace dos semanas (el 21 de octubre). El desprecio al Parlamento comenzó en el mismo arranque del primer periodo de sesiones: el PP tiene registradas 27 peticiones, una el grupo Mixto y ERC y cinco el propio Gobierno.

Cronológicamente, el presidente no ha comparecido para informar “sobre sus pactos con Junts”, que son el acuerdo fundacional de esta legislatura (amnistía, catalán y lawfare), iniciativa registrada el 12 de enero de 2024, dos meses después de la investidura; tampoco para afrontar “el fraude electoral en Venezuela”, al día siguiente del pucherazo electoral del 28 de julio de 2024; ni por la visita y posterior huida de Carles Puigdemont a Barcelona, registrada ese 9 de agosto; “por la corrupción que afecta a su Gobierno y Leire Díez”, el escándalo de la fontanera del PSOE destapado por este periódico; y, por último, esta misma semana para dar explicaciones sobre "cómo pretende garantizar la gobernabilidad de España, una vez constatada la ruptura de la mayoría de investidura y la intención de promover un bloqueo legislativo por parte de sus socios".

En el Pleno, el ministro más ausente es el de Exteriores, con seis citas pendientes. Albares no ha comparecido para explicar los acuerdos de Marruecos para la reapertura de la frontera con Melilla; por “el golpe de Estado” en Venezuela; o, a petición propia, “por la política exterior de España en la situación actual”, solicitada el pasado 25 de febrero. Esta misma semana se han registrado dos nuevas peticiones, en este caso de ERC, BNG y EH Bildu, sobre el estatus político del Sahara occidental y sobre "los nuevos centros de detención de migrantes que la FIAP ha establecido en Mauritania".

Sólo en el Pleno, el ministro Bolaños tiene pendientes cuatro comparecencias. Hasta el momento no ha querido dar explicaciones sobre la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo juicio comenzó la pasada semana en el Tribunal Supremo. No quiso hacerlo cuando se le declaró investigado ni tampoco cuando fue enviado al banquillo el pasado mes de julio. Asimismo, el ministro tiene pendiente comparecer para dar explicaciones sobre el informe del Grupo contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que señala que el Ejecutivo de Sánchez continúa incumpliendo, total o parcialmente, las 19 recomendaciones para luchar contra la corrupción formuladas desde 2019.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Constitucionalistas del mundo, uníos: el Estado peligra (también el español)

Juan Fernández-Miranda

Grande-Marlaska no sólo falla en comisión, sino que tampoco ha acudido al Pleno del Congreso desde el mismo inicio de la legislatura: el 2 de enero de 2024 fue reclamado para explicar la crisis migratoria, y no ha ido, como tampoco para explicar las negociaciones con Bildu o, ya en julio de 2025, por las “injerencias en la Guardia Civil y casos de corrupción” (21 de julio de 2025). Óscar Puente no ha querido acudir a dar explicaciones por el apagón y sus derivadas en el transporte en tren, así como por “el caos ferroviario” en verano.

En relación con el apagón, la vicepresidenta Montero no ha acudido para hablar de los nombramientos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) en Redeia, como tampoco ha querido dar explicaciones sobre la quita de deuda. La titular de Defensa tiene previsto comparecer por los incendios del verano de 2025 o por la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la tragedia de la dana de octubre de 2024. Y la vicepresidenta Aagesen por los incendios y por el apagón.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acaba de solicitar dos comparecencias a petición propia para explicar el caso de las pulseras telemáticas (4 de octubre) y para debatir sobre el aborto (10 de octubre) tras la polémica surgida en Madrid, pero un mes después la Mesa aún no ha fijado fecha.

TE PUEDE INTERESAR

El caso de las pulseras hunde a la ministra de Igualdad: solo Marlaska está peor valorado

Carlos Rocha

Esta realidad se suma a otros abusos vinculados al funcionamiento del Parlamento en esta legislatura, que nació con la peculiaridad de que la mayoría de investidura en el Congreso, ahora rota, es distinta a la mayoría del Senado, controlado por el principal partido de la oposición. Por eso se ha producido hasta cinco conflictos entre ambas Cámaras, lo que ha acabado por llegar al Tribunal Constitucional como consecuencia del malestar en la Cámara Alta.

Esto se ha traducido en una contestación jurídica que, como ha contado este periódico, ya suma media docena de iniciativas ante el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías ya ha dado la razón al Senado en distintas ocasiones. El colofón a esta escalada de tensión ha sido el intento de Francina Armengol de arrebatar a Pedro Rollán el solemne acto de izado de bandera el Día de la Constitución, así como un conflicto que afecta al reglamento que regula las condiciones laborales de los funcionarios. Hasta ese punto ha llegado el choque institucional de un Parlamento venido a menos como órgano de control de la labor del Poder Ejecutivo.