Las cloacas del PSOE confeccionaron dosieres contra Marchena, que juzga al fiscal general

Las cloacas del PSOE confeccionaron dosieres y acumularon grabaciones con supuesta información comprometedora sobre el expresidente y actual magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena, uno de los siete miembros del tribunal que juzga estos días al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. La célula de Ferraz entregó a la dirección del partido varios archivos con material sobre Marchena, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la formación.

Los documentos sobre Marchena fueron recopilados durante meses por la fontanera de cabecera de Santos Cerdán, la exdirectiva de Correos Leire Díez Castro, y su socio Javier Pérez Dolset, el empresario procesado por fraude de subvenciones públicas. Su objetivo era conseguir datos sensibles sobre el magistrado para que la cúpula del PSOE y los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez pudieran sembrar dudas sobre la imparcialidad del juez y tratar de vincularlo con casos de corrupción.

La operación de las cloacas socialistas contra Marchena arrancó tras la imputación de Begoña Gómez, en abril de 2024, y se intensificó en las semanas siguientes. Al menos uno de los dosieres, al que ha tenido acceso este diario, fue creado y redactado por Pérez Dolset en junio de ese año. El equipo de Cerdán también reunió audios en los que se vertían afirmaciones difamatorias sobre el juez. El material estaba almacenado en el pendrive que Díez entregó en Ferraz cuando presentó su renuncia como militante, el pasado junio.

Marchena se convirtió en una de las bestias negras del separatismo por su papel como presidente del juicio del procés y ponente de la posterior sentencia. Además, el PSOE lo ubica en el sector conservador de la Sala de lo Penal. Moncloa ha hecho todo lo que estaba a su alcance para controlar este órgano, que no solo juzga en estos momentos al fiscal general, sino que también deberá pronunciarse sobre la primera pieza del caso Koldo que llega a juicio si José Luis Ábalos no renuncia antes a su condición de aforado.

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La campaña del PSOE contra Marchena se enmarcó en una operación más amplia de Ferraz, supervisada por el entonces secretario de Organización del partido para obtener información negativa sobre jueces, fiscales, periodistas, empresarios, policías, guardias civiles y cualquier otro profesional que Moncloa hubiera colocado en su punto de mira, como reveló El Confidencial en septiembre de 2024.

La estrategia pasaba por acumular datos sobre los supuestos enemigos del Gobierno para poner posteriormente en marcha campañas de propaganda contra ellos utilizando medios de comunicación del entorno de Moncloa y, posteriormente, aprovechar esas noticias para forzar la apertura de diligencias judiciales que sirvieran al PSOE para diluir las causas por corrupción que afectan al círculo familiar y político de Sánchez.

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El Gobierno declaró a Marchena un objetivo a batir. Junto a otros seis magistrados, juzga estos días en el Supremo al fiscal general del Estado por filtrar presuntamente un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales. Como pretendía la operación que pilotaba Cerdán, la publicación de ese correo confidencial sirvió precisamente a Moncloa para arremeter contra la líder del PP en la Comunidad de Madrid y contrarrestar las noticias que afectan a Begoña Gómez. García Ortiz afronta ahora una posible condena por revelación de secretos.

Los planes de las cloacas saltaron por los aires el pasado mayo, cuando este diario publicó la grabación de un encuentro secreto de Díez, Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo con el empresario investigado por fraude de hidrocarburos Alejandro Hamlyn, y en el que la fontanera del PSOE verbalizó su deseo de “matar a Balas”, el teniente coronel de la UCO encargado de las diligencias sobre Begoña Gómez; el hermano de Sánchez, David Azagra; la causa del fiscal general del Estado y la trama Koldo.

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En estos momentos, Díez y Pérez Dolset están siendo investigados por delitos de cohecho y tráfico de influencias y tendrán que declarar el próximo 17 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El PP ha pedido que también se impute al exconsejero socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, condenado por el caso de los ERE, por financiar durante varios meses las actividades de la fontanera de Ferraz en un momento clave de esta operación clandestina.

Investigaciones posteriores han acreditado que Díez, Pérez Dolset y periodistas de su confianza intentaron extorsionar al banco Sabadell aprovechando la opa hostil de BBVA; trataron de sobornar a dos fiscales, José Grinda e Ignacio Stampa; y buscaron material sensible sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, entre otras maniobras. Marchena también ocupaba un puesto de honor en la lista de prioridades del PSOE.