La amenaza dormida de la nota de prensa sigue acechando a García Ortiz en pleno juicio

El juicio contra el fiscal general ha llegado a su ecuador sin que la balanza se incline de forma clara de su lado o del contrario. La tercera sesión de la vista oral, con la declaración de hasta tres periodistas que aseguraron que tuvieron el correo de la filtración antes de la hora acreditada en la que Álvaro García Ortiz lo recibió, alienta la confianza de sus defensores de que su inocencia ha quedado probada. Sin embargo, hay una amenaza que aguarda dormida y en segundo plano: la nota de prensa que ordenó elaborar en base al email, que supervisó de forma directa y cuya difusión urgió.

La nota de prensa es el origen y también puede ser el final. Mientras todos los esfuerzos de la Abogacía del Estado que le defiende y de la Fiscalía (que le defiende también) se centran en demostrar que no solo no hay prueba directa de que García Ortiz o su círculo más cercano facilitara el original del correo electrónico a algunos medios de comunicación, con la confianza de sembrar la duda e incluso de apuntar a otros 'filtradores' de la Fiscalía, nadie parece recordar el comunicado que incluía frases textuales e incluso entrecomilladas del intercambio de mensajes entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que se ocupaba entonces de investigarle por la comisión de dos delitos fiscales.

La nota se remitió a los medios el 14 de marzo, horas después de que, durante la noche del 13 de marzo, se produjera la sucesión de llamadas que se ha recorrido durante el juicio. El periódico El Mundo había publicado una información en la que se atribuía a la Fiscalía la iniciativa de buscar un pacto con el empresario Alberto González Amador y el fiscal general consideró que era imperativo y urgente aclarar que no había sido así, sino al contrario. Según declaró esta pasada semana la responsable de prensa de la Fiscalía General, comenzó a elaborarse la misma noche del 13 y se completó con algunas precisiones que le dictó de forma telefónica García Ortiz.

Mar Hedo explicó que el comunicado buscaba que quedara clara "toda la actuación de la Fiscalía". Para lograr la máxima precisión, el propio fiscal general contactó de forma directa con las dos jefas de la Fiscalía madrileña, la superior y la provincial, y reclamó que se le remitiera toda la sucesión de emails. "Hasta que no tuvo todos los correos no pudo entender cuál fue la actuación del fiscal", concretó la testigo. Precisó también que su jefe "le dictó" algunos fragmentos para incorporarlos.

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El comunicado se difundió hasta pasadas las diez de la mañana del 14. La noche anterior, tanto la cadena Ser como La Sexta ya habían hecho alusión a su sentido y especificado que González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de alcanzar un pacto de conformidad. No fue, sin embargo, hasta el propio 14 cuando un pantallazo el email original se colgó en un medio, en concreto en El Plural a las 09:06.

El literal y el cisma

La publicación de la nota generó un cisma en el seno de la Fiscalía. Tanto la jefa superior Almudena Lastra como su encargado de prensa se oponían a que se emitiera en los términos en los que salió y, de hecho, de forma excepcional, se remitió con la autoría atribuida a la Fiscalía Provincial de Madrid. El comunicado repasaba el orden de los hechos y acaba concretando: "En definitiva, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha, es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024".

En su segundo punto decía: "El día 2 de febrero de 2024 el letrado defensor de D. Alberto González Amador se puso en contacto, vía correo electrónico, con la Fiscalía Provincial de Madrid (12:45 horas) para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021".

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La denuncia inicial que dio pie a la larga al actual juicio se centró en exclusiva en la publicación del comunicado. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acusó de forma casi inmediata a la Fiscalía de divulgar "datos inéditos" sobre González Amador y lo consideró una vulneración flagrante del secreto profesional del abogado y de la confidencialidad de las actuaciones. Señaló que la publicación de esa comunicación por parte de la Fiscalía suponía una revelación de secretos y un posible delito de "infidelidad en la custodia de documentos" y de "violación de secretos". El ICAM calificó la conducta de "extrema gravedad", pues consideró que afectaba al conjunto de los abogados, al derecho de defensa y al principio de confidencialidad que debe regir la relación abogado-cliente.

Tras su investigación inicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabó remitiendo las actuaciones al Tribunal Supremo por ver indicios de delito respecto al fiscal general, aforado allí. En su exposición razonada indicaba que la nota "excedió" el ámbito de decisión de la Fiscalía Provincial y se difundió "con el apremio" de la Fiscalía General, divulgando datos e información que no podían revelarse a terceros por afectar al derecho de defensa y a un interés colectivo.

Durante la instrucción, el centro de la investigación se dedicó a la filtración, pero la nota nunca acabó de desaparecer de las pesquisas. Ahora resucita de nuevo para amenazarle en unión a la ensalada de filtraciones. La respuesta final estará en la lectura del tribunal. La responsabilidad última fue asumida de forma pública por el fiscal general del Estado y se trata de determinar si la divulgación del comunicado fue o no delictiva a la vista de que el contenido de todos los correos electrónicos a los que en él se hacía referencia había sido ya divulgado por algunos medios de comunicación.