Feijóo se lleva a su comité de dirección a Melilla para apoyar a una ciudad acosada por Rabat

Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular (PP), va ganando puntos para, cuando llegue al Gobierno de España, tener un encontronazo con Marruecos. Su última iniciativa ha consistido en celebrar, el próximo lunes, el comité de dirección de su partido en Melilla en un claro gesto de apoyo a una ciudad asfixiada por el vecino marroquí. De paso volverá a insistir en que la inmigración debe ser “ordenada” y no desbocada.

Será la primera vez que el órgano de dirección del partido conservador se reúna fuera de la Península. La decisión fue tomada mucho antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU diese, el viernes 31 de octubre, un espaldarazo a Marruecos apostando por su plan de autonomía como solución al conflicto del Sáhara Occidental.

Melilla ha sido elegida, en lugar de Ceuta, por dos motivos, según fuentes conocedoras de la iniciativa. De las dos ciudades autónomas españolas es quizás la que más padece el hostigamiento marroquí. Su presidente, Juan José Imbroda, del PP, es el más crítico con Marruecos y el que más reclama la solidaridad del resto de España.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, también del PP, parece temer, en cambio, que el desembarco de la dirección de los populares en su ciudad provoque represalias de Rabat. La inmigración irregular ya está allí en máximos desde hace cuatro años con la llegada hasta octubre de 3.262 “sin papeles”, la mayoría a nado. Son un 41% más que durante los diez primeros meses de 2024, según el Ministerio del Interior. Para denunciar una inmigración supuestamente descontrolada, Ceuta hubiese sido un mejor escenario.

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En Melilla, que contó con una aduana comercial con Marruecos hasta julio de 2018, el nuevo despacho de aduanas que se abrió a principios de año no funciona -tampoco en Ceuta- hasta el punto de que los empresarios locales han renunciado a intentar utilizarlo. “Las trabas marroquíes son excesivas”, comentan.

Antes de que Feijóo se llevase al comité de dirección a Melilla la ristra de roces entre el PP y Rabat ya era larga. El último episodio arrancó a principios del mes pasado cuando el Gobierno de Murcia arremetió contra el nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Ahora, en noviembre, 45 municipios murcianos, y quizás algunos andaluces, se disponen a votar mociones contra ese acuerdo.

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A veces el PP actúa por su cuenta y, a veces, lo hace de la mano de Vox. El 16 de octubre se sumó en el Congreso de los Diputados a una moción del partido ultra en la que insta al Gobierno a rechazar “la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos por incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental” incumpliendo así las sentencias del Tribunal de Justicia europea (TJUE) de octubre de 2024. Hasta Sumar secundó el texto de la ultraderecha.

El TJUE anuló hace un año los acuerdos de pesca y asociación con Marruecos porque abarcan al Sáhara Occidental y a sus aguas que no le pertenecen y sin que su población autóctona, los saharauis, hayan dado su consentimiento. La Comisión Europea ha sorteado las sentencias negociando en verano a escondidas con Rabat una modificación del anterior acuerdo de asociación que, excepcionalmente, ha entrado en vigor provisionalmente sin pasar por el Parlamento Europeo. Con disimulo sigue incluyendo en él al Sáhara.

Las críticas del PP al acuerdo no están tanto motivadas por su sensibilidad hacia los saharauis como por su deseo de apoyar a los agricultores españoles que se consideran damnificados por lo pactado ente Bruselas y Rabat. “Es lesivo” porque supone “un alto riesgo para la rentabilidad del campo español”, subrayaba Carmen Crespo, presidenta de la Comisión de Pesca de la Eurocámara tras entrevistarse con los sindicatos COAG, ASAJA, UPA y CECOAM.

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Antes del capítulo agrícola hubo otros muchos que han irritado a las autoridades marroquíes aunque, a veces, han guardado silencio y solo su prensa oficialista dejaba traslucir el disgusto. Lo expuso, por ejemplo, cuando el senador por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, se llevó a finales de septiembre a su ciudad a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

La Fundación Hassan II, vinculada al palacio real, sí protestó en agosto después de que las comunidades de Murcia y de Madrid, ambas gobernadas por el PP, suprimieran en sus escuelas públicas el programa de lengua árabe y cultura marroquí. Tachó esa decisión de “acto hostil”. Estas clases extraescolares son financiadas por esa fundación y en ellas se ha llegado a exaltar la Marcha Verde con la que el rey Hassan II logró apoderarse del Sáhara en 1975.

Lo que más duele en Rabat es todo aquello que atañe al Sáhara Occidental, el prisma a través del cual la diplomacia marroquí ve al mundo. Por eso la invitación que el PP cursó al delegado del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi, para que asistiese a su congreso de julio en Madrid sentó especialmente mal. Y eso que Arabi ya había acudido a otros congresos de los conservadores.

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Nizar Baraka, ministro de Fomento, y otros políticos marroquíes escribieron a Feijóo para pedirle que subsanase su error. Las autoridades marroquíes cerraron además sin previo aviso, el 8 de julio, las nuevas aduanas de Ceuta y Melilla para castigar así a ambas ciudades gobernadas por el PP. Como las aduanas son inoperantes la sanción fue más bien simbólica.

La prensa marroquí fue más contundente que los políticos en sus misivas. “El PP ha ignorado abiertamente la decisión histórica del Gobierno de Sánchez de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara”, escribió el diario “Al Ahdat al Maghrebia” propiedad de Ahmed Charai, condenado en 2011 en España por difamar al expresidente José María Aznar. “El PP ha reactivado la desconfianza histórica entre Rabat y una parte de la derecha española”, añadió “Le 360”, un digital vinculado a Mounir Majidi, secretario particular del rey Mohamed VI.

¿Y si Feijóo entra en La Moncloa?

¿Qué hará Marruecos si Alberto Núñez Feijóo entra en La Moncloa en los dos próximos años? ¿Se olvidará de esos gestos que interpretó como agravios? Las autoridades marroquíes suelen poner a prueba la capacidad de reacción de los nuevos gobiernos españoles. Lo hicieron, por ejemplo, con el de Pedro Sánchez clausurando en julio de 2018 la aduana de Melilla que llevaba siglo y medio abierta. El Ejecutivo español no protestó.

Rabat tiene aún más motivos para testear a Feijóo si llega a ser presidente. Pero también comparte con España un proyecto prioritario que suscita entusiasmo en todo el país desde el hombre de la calle hasta el palacio real: acoger el Mundial en 2030 y llevarse, a ser posible, la final al gran estadio en construcción cerca de Casablanca. Ese objetivo ilusionante quizás le disuada de tensar la cuerda con España si los populares regresan al Gobierno.