Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena

Un juzgado ha resuelto que el Partido Popular compró ilegalmente con dinero público a seis tránsfugas del PSOE para conseguir la alcaldía de Cartagena. La maniobra se diseñó en 2019, justo después de las elecciones municipales, en las que el PP quedó segundo con 7 concejales y, el PSOE, tercero con 6. El acuerdo fue recurrido por el partido ganador de los comicios, el localista Movimiento Ciudadano, que logró 8 asientos en el pleno municipal.

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena ha resuelto ahora en una sentencia a la que ha tenido acceso El Confidencial que el PP incumplió la Ley de las Bases de Régimen Local al premiar a 6 ediles expulsados del PSOE por desobedecer a la dirección de su partido con sueldos, pluses y puestos financiados con cargo a los presupuestos municipales. Además de declarar ilegal el pacto, el dictamen obligaría a devolver todos los salarios percibidos irregularmente por los concejales corrompidos.

El pacto del PP con los tránsfugas se dividió en dos etapas. Durante los dos primeros años de legislatura, los excandidatos del PSOE gobernaron el municipio, con Ana Belén Castejón a la cabeza, en coalición con los ediles populares. La segunda fase arrancó en junio de 2021, cuando la cabeza de lista del PP, Noelia Arroyo, y el resto de su equipo pasaron a ocupar los principales puestos de la corporación.

En ese momento, Arroyo aprobó un decreto para garantizar que los tránsfugas del PSOE que la habían aupado a la alcaldía de Cartagena fueran compensados con nombramientos en concejalías, organismos, fundaciones, empresas municipales y consorcios dependientes del Ayuntamiento, así como con las nóminas públicas correspondientes.

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El recurso de Movimiento Ciudadano se centró en ese decreto. La sentencia recuerda que la Ley de Bases establece que “el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”. En este caso concreto, añade el dictamen, está “claro el supuesto de transfuguismo” de los antiguos concejales del PSOE.

Así, el titular del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena, Fernando Romero, considera que “sus poderes tanto políticos como económicos en el momento de dictarse los decretos de 2021 debían quedar circunscritos a los que la jurisprudencia indica que pueden tener este tipo de concejales (los no adscritos), esto es, únicamente aquellos derechos políticos o económicos ligados a la condición de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores”.

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El dictamen concluye que los nombramientos y salarios que el PP concedió a los tránsfugas usando dinero público, como pago por haberle aupado a la alcaldía, fueron ilegales. Por ello, estima el recurso de Movimiento Ciudadano, declara la nulidad del decreto de junio de 2021 y las designaciones que promovió, implicando la devolución de las retribuciones que percibieron injustamente, e impone las costas al Ayuntamiento de Cartagena.

El acuerdo con los tránsfugas permitió a Arroyo presentarse a las elecciones de 2023 controlando la corporación y el presupuesto municipal. Al contrario que en 2019, el PP quedó en primera posición con 10 ediles. Por su parte, el grupo de los tránsfugas liderado por Castejón se presentó con un partido nuevo y sacó un concejal. Por su parte, Movimiento Ciudadano repitió los 8 ediles que había conseguido en 2019. Sin embargo, al PP le bastó pactar con Vox (4 representantes) para conservar la alcaldía.

El Ayuntamiento de Cartagena defiende, sin embargo, que el pacto firmado entre el PP y los exconcejales socialistas la pasada legislatura se ajusta a la legalidad y no constituye un caso de transfuguismo. El Consistorio recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y remarca que varios informes legales, ente ellos, uno emitido por la Secretaría del pleno y otro por la Dirección General de Administración Local avalan el proceder de la institución.