"Mucha preocupación" en Moncloa por la imputación de la número dos de Presidencia

Hasta este miércoles, en la Moncloa seguían con cierta calma las pesquisas del juez Juan Carlos Peinado sobre las actividades privadas de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Su estado de ánimo era una mezcla de tranquilidad y enfado con las maneras del juez, que ha sido innumerables veces señalado por el propio Pedro Sánchez y por sus ministros. Sin embargo, esa calma ha sido sustituida por nerviosismo una vez que el instructor de la causa ha decidido elevar un escalón más el rango de las personas investigadas: las imputaciones alcanzan ya a una subsecretaria que está a sólo dos peldaños del presidente del Gobierno y que ocupa el mismo puesto que en su momento ocupara el hoy ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a quien el juez ha intentado sin éxito citar a declarar como imputado.

Así, el mismo día en el que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo se centraba en la participación de la Moncloa con la declaración de una asesora del hoy ministro Óscar López, el Gobierno ha recibido una inesperada mala noticia: la imputación de la actual secretaria general de Presidencia, Judit González Pedraz, por un delito de malversación en la investigación que se sigue sobre las actividades privadas de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.

Esta imputación, así como la citación para los próximos días de nueve testigos, ha generado “mucha preocupación” en la Moncloa, tal y como ha podido constatar este periódico: si bien, “hasta ahora” estaban “muy tranquilos” con la evolución del caso que investiga el juez instructor, Juan Carlos Peinado, el auto que ha dictado este miércoles “preocupa y mucho”.

El auto del juez supone subir un escalón más en la investigación, pues González Pedraz, que tiene rango de subsecretaria, es la número dos de Presidencia del Gobierno, por debajo de Diego Rubio, jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Además, el juez le solicita que aporte todos los correos electrónicos y soportes cruzados con la asesora de Gómez.

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Asimismo, Peinado mantiene la imputación por la vía del tribunal del jurado para Gómez por cinco delitos: malversación de fondos, tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, mantiene el tráfico de influencias, la apropiación indebida y la malversación de caudales públicos, si bien ella negó tal acusación al asegurar que nunca desatendió sus funciones como empleada pública. Es más, acusó al juez de "mutilar" las conclusiones de la Audiencia Provincial para extraer aquellas que le convienen para atribuirle el delito.

También sigue investigado Francisco Martín Aguirre, el actual delegado del Gobierno en Madrid, por su pasado como secretario de Presidencia en la Moncloa. A él le imputa el delito de malversación de caudales públicos, una acusación vinculada al empleo de la asesora en los negocios privados de Gómez. El magistrado hace responsable de ello también a quienes fueron sus superiores ahora y en el pasado.

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Por ese motivo, el juez pidió sin éxito al Tribunal Supremo que imputase al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque fue el primer secretario general de Presidencia del Gobierno de Sánchez. El Alto Tribunal rechazó su petición, pero ahora el juez ha imputado a la actual responsable de ese cargo una vez ha tenido notificación oficial de su nombre.

Mientras el juez Peinado dictaba su auto, en la Moncloa estaban pendientes de la declaración en el Tribunal Supremo de Pilar Sánchez Acera en el juicio que se sigue contra el fiscal general. El asunto principal en la tercera jornada de la vista, última de esta semana, era abordar el conocimiento por parte de Moncloa y el PSOE de Madrid del correo electrónico en el que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía haber cometido dos delitos fiscales.

Tras escuchar el testimonio del exsecretario general del PSM, Juan Lobato, llegó el turno de Sánchez Acera, ambos en calidad de testigos. Sánchez Acera se refugió en la desmemoria y aseguró no recordar quién le envió el correo que ella reenvió a Lobato. Entre la desmemoria de ella y el testimonio de él, exculpatorio hacia Moncloa, el juez instructor, Ángel Hurtado, decidió mantener a ambos en calidad de testigos. La mala noticia para la Moncloa no llegó del Supremo sino de los juzgados de Plaza de Castilla.