El juez del caso Begoña Gómez imputa a otra alto cargo de Moncloa y cita a nueve testigos

El juez que investiga por corrupción a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dictado un extenso auto de 44 folios en el que da un nuevo impulso a sus pesquisas con la imputación de la actual secretaria general de Presidencia, Judit González, por un delito de malversación. Además, entre otras nuevas pruebas solicitadas, cita para los próximos días a un total de nueve testigos, entre ellos el ex vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, quien aportó sus correos con la asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid rechaza así el archivo del caso y mantiene la imputación por la vía del tribunal del jurado para Begoña Gómez por cinco delitos: malversación de fondos, tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Para su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, mantiene el tráfico de influencias, la apropiación indebida y la malversación de caudales públicos.

También sigue investigado el actual delegado del Gobierno en Madrid por su pasado como secretario de Presidencia en Moncloa, Francisco Martín Aguirre. Le imputa el delito de malversación de caudales públicos. Esta acusación tiene que ver con el empleo de la asesora de Moncloa en los negocios privados de Begoña Gómez. El magistrado hace responsable de ello también a quienes fueron sus superiores ahora y en el pasado.

Ese es el motivo por el que pidió sin éxito al Tribunal Supremo que imputase al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque fue el primer secretario general de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. El alto tribunal rechazó su petición, pero ahora el juez ha imputado a la actual responsable de ese cargo una vez ha tenido notificación oficial de su nombre, Judit González. Tendrá que acudir como investigada al Juzgado el 12 de noviembre a las 9.30 horas.

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En la lista de imputados permanece también el empresario al que Begoña Gómez apoyó para que se hiciera con contratos millonarios del Gobierno que preside su marido, Juan Carlos Barrabés. El juez le seguirá investigando por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida. Este movimiento se produce después de que el magistrado haya unido todo el caso --la malversación estaba en una pieza separada-- como le instó la Audiencia Provincial de Madrid. Además, prorrogó el plazo para investigar otros seis meses más, hasta abril.

Los testigos

En cuanto a los testigos, hay tres que ya son conocidos para el juez. Además del que fuera vicerrector de la UCM, ha citado a Miguel Escassi, un alto cargo de Google, que es una de las empresas que desarrolló el software para la cátedra de Begoña Gómez y que la esposa de Sánchez presuntamente se apropió de forma indebida. Escassi es simpatizante declarado de Pedro Sánchez y su declaración había sido solicitada por la acusación que ejerce Hazte Oír. El otro es Diego de Alcázar Silvela, uno de los responsables del Instituto de Empresa donde trabajó Begoña Gómez antes de codirigir su máster en la UCM. Los tres irán el día 12 al juzgado a las 11 horas.

La lista la completan seis nombres nuevos, todos ellos trabajadores del Ministerio de Justicia que, desde 2018, han estado al frente de pagar el sueldo de la asesora de Cristina Álvarez. Son cerca de 50.000 euros anuales. Los nombres de estas seis personas los aportó recientemente el Gobierno a petición del juez: María José Sánchez Rosales, María Elvira Gutiérrez Vierna, María Jesús Morillo, Mercedes Vaquero, Zulma Escalante y Carmen Mitxelena Camiruaga. En su caso, irán a declarar el 28 de noviembre a las 9.30 horas.

El juez Peinado también acuerda algunas diligencias solicitadas por las defensas, como pedir a Moncloa que "informe sobre todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge". Uno de los argumentos de Begoña Gómez es que ella solo tiene una asesora, mientras que las esposas de otros presidentes tuvieron más.

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Solicita a la Seguridad Social el certificado de la vida laboral de Cristina Álvarez, también quiere sus datos salariales actualizados hasta fecha de hoy y los documentos acreditativos de su situación administrativa. Atiende otra petición de Hazte Oír al solicitar que otro cargo de Google llamado Miguel Ángel Rodríguez Bueno aporte los correos electrónicos que intercambió con Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Este cargo de la empresa tecnológica reconoció en su declaración como testigo que esos correos existen, pero todavía no los ha mandado al Juzgado a pesar de que se lo había pedido ya. Le apercibe de que puede cometer un delito de desobediencia.

Otra de las pruebas más relevantes dentro de esta nueva batería de diligencias solicitada son las agendas de la esposa de Sánchez y su asesora a fin de que la Guardia Civil determine si "las citas, reuniones, traslados y viajes realizadas por ambas a la vez, o solo por Cristina Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Begoña Gómez. Para analizar estos viajes "sufragados con fondos públicos" también pide datos a Moncloa.

Quiere ver las "órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas, liquidaciones o justificantes de pago, así como la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio, así como el pago de dietas, gastos de representación y suplidos y anticipos (comidas, transportes, etc.) o uso de medios públicos como un coche oficial o chófer. También pide el pasaporte de ambas y todos los correos que se mandaron la una a la otra.