Arranca el caso fontanera del PSOE con dos fiscales y un guardia civil ante el juez

Estaba el caso Begoña Gómez, el del hermano del presidente Sánchez y el llamado caso Koldo, con todas sus derivadas. El Tribunal Supremo juzga estos días al fiscal general del Estado, cuya defensa el Gobierno asumió como propia. A esa lista de escándalos que cercan al PSOE y la Moncloa se sumó desde hace unos meses el llamado caso fontanera. Un juzgado de Madrid empieza mañana a escrutar las maniobras de una presunta cloaca bajo el paraguas del PSOE dedicada a buscar trapos sucios de investigadores judiciales y policiales.

El primer capítulo de esta causa judicial tendrá lugar a partir del mediodía en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que dirige el magistrado Arturo Zamarriego. Es el mismo que estuvo al frente de casos mediáticos como la difusión de documentos sobre corrupción en el fútbol por medio de Football Leaks. También investigó al llamado Pequeño Nicolás, entre otros. Para este miércoles ha citado a declarar en calidad de testigos a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa. Según denunciaron ambos, fueron objeto de un intento de soborno por parte de Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE.

Este caso no existiría si en septiembre de 2024 El Confidencial no hubiese empezado a investigar las actividades de una mujer que, bajo el aval del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán –hoy en prisión preventiva por una de las derivadas del caso Koldo–, comenzó una estrategia destinada a diluir las causas de corrupción que afectaban al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dio sus primeros pasos coincidiendo con la imputación de la esposa del presidente y los cinco días de reflexión que se tomó el líder del Ejecutivo en primavera del año pasado.

Al compás de la cruzada que emprendió la Moncloa contra jueces y medios de comunicación, Leire Díez, inicio una campaña para recabar datos comprometedores de los principales personajes que investigaban al entorno del presidente. La idea era después airear esas informaciones para, de ese modo, desprestigiar sus pesquisas. En ese contexto se enmarca la reunión que desveló este periódico en la que Leire Díez pedía información sobre el responsable de los casos de corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el teniente coronel Antonio Balas.

Teijelo y Pérez Dolset

Se lo pidió a un imputado en una trama de hidrocarburos huido de la justicia en Dubái por videoconferencia. Leire Díez estaba en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, quien hoy defiende los intereses legales de Santos Cerdán. En esa cita también estaba con ella un estrecho colaborador, el empresario Javier Pérez Dolset, investigado también por corrupción en la Audiencia Nacional. Este hombre se justificó presentándose como una "víctima de la mala praxis del Estado" y su objetivo es desenmascarar a sus culpables.

Al verse descubierta, Leire Díez optó por decir que es periodista de investigación -no consta ninguna publicación- y en realidad solo estaba buscando información para hacer un libro sobre hidrocarburos. Eso a pesar de que en la reunión se le escuchaba ofrecer un pacto con la Fiscalía para salvar al empresario fugado si le daba lo que buscaba del teniente coronel.

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Una vez publicadas sus maniobras, comenzaron a salir presuntas víctimas de sus sobornos, entre ellos dos fiscales que declaran mañana. José Grinda es un histórico fiscal anticorrupción acostumbrado a perseguir desde mafias rusas hasta la corrupción del independentismo catalán. En su caso, recibió la oferta de un mejor destino laboral en el extranjero a cambio de parar una serie de casos ya en marcha y aportar datos comprometedores de su jefe, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón.

Este fiscal Luzón dirige las pesquisas contra el exministro José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán. El mismo objetivo tenían Leire Díez y Dolset cuando se sentaron con el fiscal Ignacio Stampa. En su caso le ofrecieron una reparación después de haber sido expulsado de anticorrupción, donde investigaba al polémico comisario Villarejo. Stampa siempre acusó por ello a la exfiscal general del Estado Dolores Delgado y a su sucesor y actual responsable, Álvaro García Ortiz.

Hace días, el Tribunal Supremo zanjó que el Estado debía indemnizar al fiscal Stampa por la excesiva duración que tuvo una investigación que se abrió en su contra para analizar su vínculo con la abogada de Podemos que ejercía la acusación en el caso Villarejo. Él considera que sus superiores tardaron en cerrar su expediente pese a la falta de indicios para así tener una excusa con la que apartarle de la Fiscalía anticorrupción, donde no tenía plaza fija.

Stampa grabó la reunión

Se da la circunstancia de que el modo que usaron Dolset y Leire Díez para acercarse a él fue decirle que Santos Cerdán quería pedirle disculpas en nombre del PSOE. Pero el día de la cita, en lugar de Cerdán acudió Leire Díez. Por protección, Stampa grabó la reunión y ese sonido podrá resultar determinante en un caso en el que se acumulan los presuntos perjudicados.

El tercero que declarará este miércoles es el guardia civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por su relación con el exasesor del ministro José Luis Ábalos y con el empresario Víctor de Aldama. Leire Díez se reunió con él en dos ocasiones y le pidió datos de la UCO. En estos tres casos, ninguno de los contactados accedió a las peticiones de Díez.

La fontanera y Dolset han recorrido en los últimos meses los platós de televisión dando cuenta de sus actividades. En estas entrevistas, han reconocido haberse reunido con Cerdán y el PSOE para dar cuenta de sus actividades y entregar información de casos judiciales. No consta que les mandasen cesar estas maniobras. No fue hasta que el escándalo saltó a los medios cuando el principal partido del Gobierno suspendió de militancia a Leire Díez.

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La lista de agraviados ha ido creciendo en el juzgado. Entre la acusación popular hay asociaciones que ya vienen ejerciendo ese papel en otros casos como Hazte Oír o Iustitia Europa. También hay asociaciones profesionales de la Guardia Civil como la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Se han sumado recientemente el juez del caso Villarejo, el ya jubilado Manuel García Castellón, o el propio Víctor de Aldama.

El juez Zamarriego ha empezado por estos tres testigos. Para el día 11 ha citado, ya como imputados, a Leire Díez y a Pérez Dolset. Alguna acusación también pide esa condición para Jacobo Teijelo o el empresario fugado que contactó con ellos por videoconferencia desde Dubái, Alejandro Hamlyn. En caso de que eso se produzca, será en episodios siguientes en todo caso. Esta nueva causa judicial no ha hecho más que empezar.