El duelo de versiones en el juicio de García Ortiz retrata la guerra interna de la Fiscalía

Como dos ejércitos agazapados en trincheras enemigas. El enfrentamiento abierto, enconado y aún a flor de piel resume mucho más que ninguna otra cosa la primera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado. A un lado, los que apoyan a Álvaro García Ortiz. Al otro, los críticos. Se notó en los estrados y en la declaración de los testigos. Los nuestros y los otros. Una guerra de versiones que, ahora, trata de convencer al tribunal en lugar de a la opinión pública.

En la primera trinchera, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, haciendo frente común. En la otra, las acusaciones, con especial protagonismo del abogado del empresario Alberto González Amador, que llevó las riendas de los interrogatorios. Los primeros atacaron la instrucción del caso por revelación de secretos y reclamaron que se consideren nulos los autos de instrucción sobre los que recae el peso del procedimiento. Los segundos trataron de dibujar, testigo tras testigo, la historia de una supuesta filtración que comenzó, según su versión, desde el momento en el que la Fiscalía General tuvo conocimiento de que el novio de Isabel Díaz Ayuso estaba vinculado con un delito contra la Hacienda Pública.

El enfrentamiento fue más allá de la división lógica entre defensa y acusación. Se contagió también a los testigos, dejando claro que en el Ministerio Público también hay bandos y que están dispuestos a airear sus vergüenzas y a intercambiar reproches públicos. Pasaron por la sala frente a los siete magistrados presididos por Andrés Martínez Arrieta, cuatro fiscales. El relato de dos de ellos se opuso de manera frontal al de la tercera: la fiscal superior de la comunidad madrileña, Almudena Lastra. La desaprobación del propio García Ortiz fue muda pero evidente. Continuos gestos de negación y expresiones de indignación mientras ella hablaba.

La historia de la presunta revelación es compleja y no trata de una sola filtración, sino más bien de tres. La primera. A principios de marzo, un periodista llamó a la Fiscalía General para preguntar si la pareja de Ayuso se encontraba bajo la lupa del Ministerio Público por delitos fiscales. Hasta ese momento, las diligencias que lideraba el fiscal Julián Salto habían transcurrido de forma callada y discreta. La pregunta de la prensa hizo saltar las alarmas y la documentación de aquel expediente tributario, que cristalizó en una denuncia, fue recabada por la Fiscalía General para conocimiento de García Ortiz. Unos días más tarde, el 12 de marzo, fue publicada por Eldiario.es.

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Pablo Gabilondo

La segunda filtración. Con el foco ya puesto en la existencia de acusaciones de la Fiscalía contra el novio de la presidenta madrileña por defraudar a Hacienda, desde el entorno de Ayuso -muy en concreto, desde el gabinete de presidencia que dirige Miguel Ángel Rodríguez- se difundió la versión de que se estaba cocinando un pacto. Esas informaciones de parte apuntaban a que quien quería negociar era el Ministerio Público, lo que aligeraba de forma evidente la gravedad del delito investigado y le quitaba peso. Si el fiscal quería pactar, no sería para tanto, era el mensaje.

Tres filtraciones

La publicación de esta versión el día 13 de marzo por la noche en el periódico El Mundo desata la locura. Minutos después de que la noticia salga, comienza un cruce de llamadas, desde la Fiscalía General a las responsables de Madrid. La superior de la Comunidad, Almudena Lastra, y la provincial Pilar Rodríguez, reciben la instrucción de recabar la sucesión de lo ocurrido en las conversaciones por correo electrónico mantenidas entre el fiscal del caso y el abogado defensor de González Amador. La orden procede de García Ortiz, que la reclama con la intención de elaborar una nota de prensa. El correo clave que se remite ya cerca de las once de la noche al fiscal general acaba también publicado, en primer lugar, por la cadena Ser.

La tercera filtración. La propia nota. El comunicado que acaba condensando el contenido de los emails cruzados también está rodeado de dudas de legalidad, ya que ofreció una precisión de datos que, según algunas de las acusaciones, violan el secreto y reserva de la comunicación y perjudican de forma directa el derecho de defensa del acusado. Salió a la luz el día 14 de marzo.

Se trata ahora de determinar, sin prueba directa en un sentido o el contrario, si las tres filtraciones partieron de García Ortiz o no lo hicieron. Al menos según la versión que ofreció Almudena Lastra, todo apunta a que sí. La fiscal superior se desmarcó de la línea oficial que marcaba la Fiscalía General desde un principio. Sospechó que todas las filtraciones vinieron empujadas por los deseos del jefe y así lo evidenció, según su testimonio, en reproches directos al propio fiscal general. "¿Has filtrado los correos?", le reprochó. Él respondió que eso "no importaba ahora". "Se me quedó grabado en el alma, a mí sí me importaba".

A su tesis se opusieron, con rotundidad y con todas las armas desplegadas, los testigos que durante buena parte de la instrucción fueron acusados. La fiscal provincial Pilar Rodríguez habló de normalidad. Quiso despejar la sensación de que, en ese interés del fiscal general por recopilar toda la información del novio de Ayuso, hubiera algo clandestino. Relató cómo se limitó a cumplir instrucciones y presionó al fiscal del caso, Julián Salto, para que le remitiera los emails con urgencia, nocturnidad y en medio de un estadio de fútbol. "El fiscal general no puede esperar", le dijo. También atacó Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica e imputado en la primera fase del procedimiento. Él fue más claro que ninguno contra Lastra. Aseguró de forma muy directa que la fiscal superior siempre ha sentido "animadversión" contra García Ortiz y su predecesora Dolores Delgado.

Pero el ataque más directo, sin embargo, procedió la entente montada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, representadas por dos pesos pesados. Por la primera, Consuelo Castro, durante años abogada general. Por la segunda, la 'dos' de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde. Aunaron fuerzas y lanzaron la bomba nuclear. Sembraron la semilla de la teoría más dañina contra la principal testigo de la acusación particular. No solo Lastra no puede asegurar que García Ortiz filtró. Es más. Pudo filtrar ella misma.

Cuando Lastra abandonó el Tribunal Supremo y avanzaba por la plaza de la Villa de París, dos perros a los que paseaban sus dueños se enzarzaron en una pelea. Gruñidos y ladridos. Esa fue la tónica general a lo largo de las más de ocho horas de sesión. Desde el inicio y hasta el final.