Torres, ante los obstáculos para cerrar el pelotazo de las mascarillas: "O lo soluciona o la levanto para el aire"

El expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se implicó de forma activa en un pelotazo de compra de materia de mascarillas durante la pandemia que beneficiaba a la trama del caso Koldo. Así consta en los mensajes interceptados por la Guardia Civil al dirigente socialista en el año 2020. Torres se llegó a expresar de forma airada ante las gestiones de una subordinada, que impedían cerrar la operación. “O lo soluciona o la levanto para el aire”, le dijo el ahora ministro a Koldo García.

Estos hechos vienen recogidos en un extenso informe remitido a la Audiencia Nacional por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El Confidencial. El documento en poder del juez Ismael Moreno recorre a lo largo de 350 las gestiones en Canarias de la empresa principal de la trama Soluciones de Gestión.

Es la sociedad para la que trabajaba el empresario Víctor de Aldama y que durante la pandemia se benefició de millones de euros en contratos adjudicaron por administraciones socialistas como Canarias. A cambio, Aldama correspondía las gestiones en su favor con el pago de comisiones y sobornos a Koldo García y al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

En informe se describe cómo desde Soluciones de Gestión contactaron directamente como el Gobierno de Canarias para formalizar su oferta de compra de material. La UCO sospecha que dieron el visto bueno en la administración autonómica con la única garantía de una fotografía aportada por la empresa investigada. En los múltiples mensajes que destacan los investigadores se aprecia que la trama, por medio de Koldo García, acudió a Torres para que desatascase los pagos.

"Me voy a cagar en todos los santos"

Es en ese contexto en el que Torres se quejó de una subordinada que la UCO identifica como la directora general de recursos económicos, Ana María Pérez. “Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica”, le escribió el presidente canario al asesor de Ábalos. A su vez, Koldo García le iba remitiendo estos mensajes a Aldama para calmar su nerviosismo ante la ausencia de pagos por parte del Gobierno canario.

De la lectura del informe de la UCO se aprecia que una funcionaria del Servicio de Salud de Canarias se opuso meses al pelotazo de las mascarillas. Esta mujer manifestó sus reparos ante esta operación, incluso cuando la citada Ana María Pérez le recordó que venía del entorno del dirigente socialista. “Me da igual de donde venga, yo soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos”, replicó la funcionaria.

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Alberto Pérez Giménez Alejandro Requeijo

El 22 de abril de 2020, en pleno confinamiento por el Covid, Pérez, envió un correo a una de las personas de la máxima confianza de Ángel Víctor Torres, llamado Antonio Olivera, para comunicarle que el material había sido testado y se podía formalizar el pedido.

Olivera fue responsable del Servicio Canario de Salud y después ejerció como jefe de Gabinete del ministro cuando en 2023 pasó a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Dimitió cuando estalló esta investigación. En el momento de los mensajes analizados por la UCO, Olivera era viceconsejero de la Presidencia de Canarias.

Mascarillas a precio fuera de mercado

Ana María Pérez dio la orden de materializar el acuerdo a la jefa del Servicio de Contratación y Asuntos Generales del Servicio Canario de Salud, ya fallecida. Esta mujer contestó que se le había dado el visto bueno a las mascarillas "sin ficha" y advirtió que se habían comprado mascarillas “más baratas”.

Pero Ana María Pérez le instó a que siguiera adelante con el pedido. “Seguro que te distes cuenta de dónde procede”, le comunicó. La UCO cree que se refería al Ministerio de Transportes y en concreto a Olivera, de la confianza de Ángel Víctor Torres.

Ahí es cuando la funcionaria puso en valor su indiferencia y recordó su condición de funcionaria. Además, insistió en que el precio que se iba a pagar estaba fuera de mercado, que además no había prisa porque tenían cubiertos dos meses con pedidos anteriores.

La jefa del Servicio de Contratación también manifestó sus dudas respecto a que una operación así se pudiera hacer mediante un mero correo sin pasar por el Gobierno. La compra suponía un coste de 12 millones, según el informe.