El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza inicial de los contratos de las mascarillas
La Fiscalía y las acusaciones populares tienen ahora diez días para solicitar la apertura del juicio oral y presentar sus respectivos escritos de acusación
El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado este lunes el auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En su auto, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Este es el caso en el que se investiga el cobro de sobornos por parte de Ábalos y Koldo García durante el tiempo que desempeñaban cargos en el Ministerio de Transportes. Esos sobornos eran un pago en respuesta a que administraciones socialistas adjudicaron contratos públicos millonarios a una empresa llamada Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario durante la pandemia. El empresario Víctor de Aldama era el nexo entre esa empresa y el Ministerio de Ábalos.
“Existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados don José Luis Ábalos Meco y don Koldo García Izaguirre, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos”, dice el auto judicial.
Eran una "organización"
El juez define como una “organización” la conjunción de intereses y papeles desempeñados por Ábalos, Koldo y Aldama. “Organización, además, con una innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que habría estado operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partían, sin embargo, de una misma estructura”.
El juez Leopoldo Puente aborda otros aspectos de las actividades de Ábalos y Koldo, como la colocación de la novia del ministro en un cargo con sueldo público: “Ciertamente, tanto el señor Ábalos como el señor García Izaguirre promovieron la contratación en sendas empresas públicas de doña Jessica Rodríguez, con pleno conocimiento y constancia de que la misma, una vez conseguido por el viciado método descrito el puesto de trabajo apetecido, no acudiría, y efectivamente no acudió, en una sola oportunidad a desempeñar actividad profesional de ninguna clase, pese a lo cual percibió de manera regular e ininterrumpida los salarios correspondientes”.
Por este motivo, el auto de 47 folios, indica que los hechos que han quedado descritos “pudieran resultar también constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos” para el caso de Ábalos y Koldo García.
El juez también incluye las gestiones realizadas por los investigados “para favorecer las entrevistas orientadas a lograr un aplazamiento de la deuda tributaria de una de las empresas de Aldama”. Esas gestiones fueron ante el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
Hacienda aplazó una deuda de Aldama
Sobre este particular, afirma el magistrado Puente que "don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado logró que don Koldo García, con el conocimiento y la aprobación de don José Luis Ábalos, desplegara nuevamente su influencia para que el primero de ellos lograra reunirse con don Carlos Moreno Medina, quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, doña María Jesús Montero".
El juez precisa que la reunión “efectivamente se llevó a término” y que ese encuentro tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama, "aplazamiento de la deuda tributaria que, en efecto, llegó finalmente a producirse". Recuerda el auto que Aldama también dijo que, a cambio de las gestiones realizadas por Moreno Medina, a sugerencia de Koldo García, "le entregó una cierta cantidad de dinero", pero añade el magistrado, que este extremo "no es objeto del presente procedimiento".
También tiene en cuenta las gestiones “realizadas con el propósito de obtener la licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel”. Son las que significaron que la trama de hidrocarburos comprase para el ministro una casa en Cádiz para que veranease con su familia en 2021. “E igualmente de las gestiones efectuadas para la contratación de doña Claudia Montes (otra mujer vinculada a Ábalos) y Jessica Rodríguez en las respectivas empresas públicas”, zanja.
Con esta decisión, el juez separa así esta parte del caso que ya está avanzada de lo que tiene que ver con el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas dependientes estrictamente del Ministerio de Transportes. Estos son los hechos por los que en junio el juez mandó a prisión provisional al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado este lunes el auto de procedimiento abreviado contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, el exasesor del anterior, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, en la pieza inicial en la que se ha investigado, entre otros asuntos, los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de covid, hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.